Público
Público

Alquiler La Fiscalía pide tres años de prisión para el portavoz del Sindicato de Inquilinos por una protesta

El sindicato alerta de que la querella es "un nuevo intento de criminalizar el derecho de protesta y la lucha por la vivienda".

El portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera
El portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera. Imanol Olite / ACN

La Fiscalía de Barcelona ha pedido tres años de cárcel para uno de los portavoces del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, y otros tres para dos inquilinos, Alpha y Fran, por un delito de coacciones y otro de allanamiento de morada de persona jurídica, vinculados a una manifestación organizada por el sindicato en el Instituto de Belleza Francis el 17 de octubre de 2018 para protestar contra el "acoso inmobiliario" que sufría la pareja.

Palomera ha alertado de que el proceso es un "montaje sin ningún tipo de prueba que pretende hacer pasar la protesta pacífica del movimiento por la vivienda por un acto de violencia" y ha exigido a la Generalitat ya las otras administraciones que impulsen "ya" una ley de alquileres que ponga fin a las "expulsiones injustificadas".

En una rueda de prensa celebrada este lunes, la pareja de inquilinos afectada afirmó que durante los años que han vivido en el inmueble nunca han dejado de pagar el alquiler, y han denunciado las condiciones de insalubridad en que se encontraba el vivienda. "Hemos bebido agua con plomo durante más de seis años, hemos tenido tuberías de amianto rotas, plagas de termitas, y ahora nos enfrentamos a esta querella", expuso el Alpha. "Reunimos fuerzas para decir basta; tengo derecho a una vivienda digna", ha añadido el Fran. Cuando la pareja decidió reclamar al propietario del piso que resolviera los problemas de la vivienda, éste decidió no renovarles el contrato de alquiler.

Palomera exige a la Generalitat que impulse "ya" una ley de alquileres que ponga fin a las "expulsiones injustificadas"

La pareja y el sindicato han explicado que intentaron negociar con los dueños del inmueble, y en vista de la "falta de respuesta", el sindicato decidió convocar una "protesta pacífica" ante el Instituto de Belleza Francis, propiedad de los mismos tenedores. Paralelamente, los afectados, junto con seis familias del mismo bloque, interpusieron dos denuncias por acoso inmobiliario, y la pareja, a título individual, una demanda por daños y perjuicios, el juicio de la cual se celebrará en otoño. En respuesta a las denuncias, el Ayuntamiento de Barcelona inició en 2019 dos expedientes sancionadores de 90.000 euros contra los propietarios. Desde el sindicato sostienen que estas acciones han sido "pioneras" y que crearán un precedente.

En referencia a la querella por amenazas presentada por los propietarios del inmueble y la Fiscalía contra el portavoz del SLL y los dos inquilinos, Palomera ha insistido en que la protesta fue "pacífica" y que el proceso es "un nuevo intento de criminalizar el derecho fundamental a la protesta y de detener la lucha por una vivienda digna ". "Sólo hay que ver las pruebas de la acusación particular para ver que todo es un montaje, no acreditan nada de lo que dicen. Nosotros hemos aportado pruebas objetivas".

El portavoz también ha remarcado la actitud de "beligerancia" de la Fiscalía, que pide tres años de cárcel para cada uno de los encausados; una pena superior a la solicitada por la acusación particular.

La abogada de la defensa, Anaïs Franquesa, explicó que este es un "caso claro de criminalización de la protesta" y consideró "preocupante" que la jueza instructora del caso no haya admitido gran parte de las pruebas presentadas por la defensa, entre las que se incluyen testimonios de periodistas y políticos presentes en la protesta. La abogada afirmó que el día del juicio las volverán a presentar, y espera que esta vez sean aceptadas. Palomera ha alertado de que, de lo contrario, estarían ante "un juicio sin todas las garantías". "Queremos que se respete nuestro derecho a defensa, y hasta ahora se han descartado muchas pruebas importantes", añadió.

En referencia a la interposición, por parte del Gobierno español, de un recurso contra la ley catalana de alquileres, Palomera ha sostenido que el Estado "no debe poner palos en las ruedas a una ley que estaba funcionando" y añadió que el ejecutivo debería extenderla "para permitir que millones de familias en todo el Estado se puedan beneficiar".

El juicio contra los dos inquilinos y el portavoz de la entidad se celebrará el lunes 28 de junio, y el Sindicato de Inquilinos, junto con otras entidades y asociaciones que los han apoyado, organizarán una concentración ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona para "defender el derecho a la vivienda y el derecho fundamental a la protesta" y como muestra de apoyo a los afectados.

Más noticias