Todo indica que la población de lobo se dirige de forma inexorable a su desaparición en Sierra Morena sin que la Junta de Andalucía se disponga a declarar la especie en peligro de extinción para activar planes proactivos de recuperación. Expertos ambientalistas están convencidos de que el legendario depredador se encuentra en situación de "virtual extinción" en el sur de la península, siete años después de que el último censo nacional indicara que Andalucía no registraba ya ningún grupo reproductor del cánido. De certificarse este hecho, el lobo estaría a punto de esfumarse de las agrestes sierras meridionales por primera vez en miles de años.

La Junta de Andalucía aún mantiene en su web que perviven en los parques naturales de Hornachuelos, Cardeña-Montoro y Andújar medio centenar de individuos distribuidos en seis u ocho manadas. Pero diversos especialistas restan todo crédito a las cifras oficiales, "infladas deliberadamente" por la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible para evitar reconocer públicamente su fiasco en política conservacionista con una especie emblemática de interés comunitario.

Las organizaciones ecologistas llevan años exigiendo al Gobierno andaluz que eleve la catalogación del lobo como especie amenazada. La Consejería, pese a la trayectoria declinante de la población, se niega. Actualmente, el lobo sigue recibiendo en Andalucía la clasificación de interés especial. Exactamente la misma que en el resto de comunidades autónomas, que registran una población lobera manifiestamente más saludable.

Para Joaquín Reina, activista de Ecologistas en Acción y habitual de las reuniones técnicas con la Junta, la razón de las reticencias en modificar el estatus del lobo está clara. Por un lado, tendría un coste político y de opinión pública. "Sería admitir la extinción del lobo en el periodo democrático por parte de una Consejería de Medio Ambiente que ha sido referencia en muchos aspectos para otras comunidades", subraya.

Otro motivo es de carácter legal. "Declarar el lobo como especie en peligro de extinción obliga a la administración a elaborar un plan de recuperación serio, que debería consensuar con organizaciones ambientalistas y ganaderos. Tendría que elaborar una batería de acciones en el territorio y eso implicaría un conflicto de intereses con los grandes propietarios".

Ahí radica una de las claves de la cuestión. La resistencia del sector cinegético, ganaderos y población local al desarrollo de una especie depredadora que no siempre ha tenido buen cartel en zonas rurales. Una veintena de ayuntamientos del norte de Córdoba se han sumado en los últimos meses a un manifiesto promovido por Asaja para solicitar la suspensión del Programa Life para la Recuperación del Lobo Ibérico, que tiene mero carácter informativo y de concienciación. Ese es el clima que se respira en parte de la población rural y uno de los factores que persuade a la administración autonómica de adoptar pasos más decididos en favor de la protección del lobo.

Los ambientalistas lo saben, pero exigen a los responsables públicos el cumplimiento de la ley. El especialista Jorge Echegaray, miembro de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), desaprueba la actitud obstruccionista de algunos ganaderos. "La población local está percibiendo enormes cantidades de ayudas agroambientales, que están sujetas a un compromiso de sostenibilidad. Hay ganaderos que están cobrando subsidios y a la vez piden el exterminio del lobo. Eso es una perversidad. El lobo es motor de biodiversidad y tiene derecho a conservarse. Si se declaran en contra, que renuncien a los subsidios ambientales", reclama.

Demora en la toma de decisiones eficaces

La Junta de Andalucía, en opinión de Joaquín Reina, lleva muchos años mirando para otro lado en un intento de evitar entrar en confrontación con los grandes propietarios y otros grupos de interés sobre el terreno. "Tiene la información suficiente sobre la crítica situación del lobo y ha optado por manipular y sobredimensionar los datos de población en Andalucía", indica. La estrategia de la Consejería habría consistido durante todo este tiempo en demorar la toma de decisiones eficaces y convencer a los ecologistas de que la especie estaba en fase de recuperación o incorporando ejemplares procedentes de la España central. "Ese ha sido el discurso constante de la Junta desde que a partir de 1998 viajamos con regularidad para reuniones en Sevilla".

Echegaray también es crítico con la administración autonómica. "La Junta tiene la obligación de incluir al lobo en el catálogo de especies en peligro de extinción y debe aprobar un plan de recuperación. Pero no lo ha hecho". Y añade: "Durante treinta años lo único que hace es asistir al declive de la población". Los ambientalistas no solo exigen que Andalucía impulse la catalogación del lobo como especie en peligro de extinción. También en Extremadura y Castilla la Mancha, cuya situación es de extrema vulnerabilidad.

La actitud de la Junta de Andalucía respecto del lobo contrasta con su política conservacionista en relación al lince ibérico. En el caso del depredador felino, la Consejería ha puesto en marcha desde hace años planes muy ambiciosos para frenar el retroceso de su población en suelo andaluz. Los resultados han sido espectaculares. Hace poco más de 15 años, apenas quedaban 94 ejemplares, distribuidos en dos áreas principales: Doñana y la Sierra de Andújar. Hoy la población se ha multiplicado por siete. Lo que demuestra que la supervivencia de una especie amenazada depende, en gran medida, de la voluntad política de la administración competente.