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Anulan una oposición de médicos en Castilla y León por rebajar el número de respuestas correctas para aprobar

El tribunal calificador rebajó el baremo tras anular 17 preguntas. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad asegura que con esta modificación se incumplieron las bases de la convocatoria. 

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Examen de oposiciones. EFE/ARCHIVO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el resultado de las oposiciones para especialista en Medicina de Familia y Comunitaria por rebajar el número de respuestas correctas necesarias para aprobar e incumplir con ello las bases de la convocatoria.

A través de un comunicado, el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad explica que el recurso lo interpuso un opositor después de que se rebajaran de 45 a 41 el número de respuestas correctas necesarias para aprobar, tras anular 17 de las 90 preguntas incluidas en el examen.

La Administración deberá elaborar un nuevo listado de aprobados teniendo en cuenta que la prueba se supera con 45 respuestas correctas, señala el Alto Tribunal.

La Sala "exige que se depuren las responsabilidades pertinentes"

Las bases de la convocatoria establecían la necesidad de contestar de manera correcta al 50% de las preguntas de un examen integrado por 90, es decir 45; y el tribunal calificador rebajó ese baremo a 41 tras anular 17 preguntas. "El tribunal calificador incumplió esta base al aprobar a los que solo tenían 41 preguntas correctas", recoge la sentencia, según la cual, "en modo alguno puede concluirse que el tribunal calificador o quien haya sido el que haya formulado las preguntas haya actuado con la diligencia y competencia mínimamente exigibles".

La Sala entiende que este hecho "exige que se depuren las responsabilidades pertinentes dadas las gravísimas consecuencias que se producen y la falta de consideración que conlleva la formulación de nada menos que 17 preguntas incorrectas frente a quienes con enorme esfuerzo participan de las difíciles pruebas de que se trata". Según las mismas fuentes, la Junta ha sido condenada a pagar 2.000 euros en costas, y cabe recurso de casación contra la decisión judicial.

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