Un juez de Sevilla ha archivado la investigación contra la directora y tres profesionales de un colegio por presuntos maltratos y humillaciones sobre una alumna con autismo al entender que la forma en que ejercieron su "autoridad" no constituye un delito, aunque sí "la cara menos estética de la educación".

En un auto fechado el 11 de junio al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dos Hermanas acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra la directora del CEIP Cervantes, la logopeda, la monitora del aula específica y la tutora de la menor.

Los padres de la niña, de siete años cuando comenzó la investigación aunque con una edad mental de dos, aportaron unas grabaciones de audio realizadas el 22 de abril de 2019 dentro del centro escolar.

El juez analiza primero lo que las docentes se dijeron entre ellas, como "la niña tiene el cerebro cascado" o "en el manicomio de Miraflores había este perfil en adultos, todo su cerebro está muy tocado".

El magistrado destaca que se trata de "profesionales cualificadas sin expediente sancionador" cuyas opiniones sobre el tratamiento que debía recibir la niña "son respetables y legítimas, sin que por ello tengan que ser compartidas por los querellantes o por la sociedad".

"Desde un punto de vista ético y educativo no resultan adecuadas ni afortunadas, como ellas mismas reconocen (...), pero en este caso no se investiga su grado de educación ni su ética", matiza.

Además, "no se están dirigiendo a la menor ni esta, desgraciadamente, es capaz de entender" lo que decían, a lo que el magistrado suma que las docentes tienen "libertad de pensamiento y manifestación".

Si se criminalizan tales pensamientos, prosigue el auto, podría hacerse lo mismo con quienes no estén de acuerdo con la decisión del juez y "verbalizaran su descontento mediante expresiones similares".

Además, admite que las profesoras estaban "en lo cierto", en vista de la "excelente evolución" de la niña desde que en septiembre de 2019 acudió a un centro educativo especial.

La grabación también recogió expresiones dirigidas directamente a la menor, como "yo también sé dar golpes" o "lávate las manos, cochina, que te estoy viendo jugar con los mocos".

"Somos testigos directos de unos acontecimientos que todo progenitor y docente afronta en su día a día", alega el juez.

"Como progenitor de dos menores", confiesa, "no resulta agradable regañar a tus hijos e imponerles castigos por su mal comportamiento, pero resulta absolutamente necesario ejercer tal autoridad para enseñarles a diferenciar las conductas aceptables de las que no lo son".

Esas expresiones son "la cara menos estética de la educación, pero igualmente necesaria", resalta.

"Que las formas (...) resultan muy expresivas es un hecho; que debió realizarse en otro tipo de tono y que las querelladas no olvidarán este episodio, también; pero no por eso tales acciones suponen un ilícito penal", establece.

Las psicólogas que trataron a la menor informaron de que la sintomatología era compatible con las vejaciones, pero "se basan en deducciones lógicas, no en hechos absolutos (...) directamente imputables" a las investigadas, ya que pudieron "influir múltiples condicionantes".

Entre ellos, el juez cita el nacimiento de un hermano, una modificación de los fármacos que tomaba o el cambio de trabajo de su padre, al que pasó a ver menos tiempo que antes". "Las causas penales han de basarse en hechos probados y no en deducciones, por muy lógicas y razonables que resulten", reitera el juez, quien recuerda que la niña, que sufre una "horrible enfermedad", protagonizó "episodios de conducta violenta (...) tanto antes como durante y después de los hechos" que ha investigado.

"Las consideraciones e implicaciones éticas y/o morales de este caso resultan humanas, comprensibles y legítimas, pero desde la perspectiva penal devienen irrelevantes", concluye.