Ayuso permite que los cuidadores de las personas con discapacidad en centros y residencias carezcan de titulación

Hablar de medidas "urgentes" para frenar la covid-19 cuando la pandemia ya no es una novedad y está inserta en el día a día suena extraño. Seis olas y dos años después, la Comunidad de Madrid ha flexibilizado los requisitos de contratación de personal sociosanitario y podrán trabajar en cuidados personas sin formación específica para ello.

Es decir, que en Madrid se puede contratar en residencias de mayores, centros de día o centros de atención a personas con discapacidad personas que no hayan recibido la educación precisa. Un riesgo que era, en cierto modo, comprensible durante la primera ola cuando el coronavirus era una novedad que causaba destrozos. Ahora, la propuesta genera dudas e incluso desde Comisiones Obreras (CCOO) se valoran acciones legales. 

La medida, más que por saturación generada por la pandemia, se debe a las precarias condiciones laborales que llevan a muchos trabajadores a no aceptar los puestos de trabajo y a irse a otras comunidades. En Madrid faltan manos y con el coronavirus Ayuso ha encontrado el resquicio para cubrir esos puestos sin mejorar las condiciones de trabajo.

"Todo indica que el Gobierno de Ayuso idea, con esta norma, una vía para impedir la negociación de un marco de relaciones laborales que dignifique las condiciones de los y las profesionales sociosanitarios que reclaman desde antes de la pandemia mejoras económicas y laborales, y que han sido indispensables durante la crisis sanitaria. Es un coladero de empleo precario, mal pagado y sin formación para que empresas del ámbito de la dependencia sigan haciendo caja", sostiene el sindicato.

Juani Peñafiel, responsable de Dependencia de Comisiones Obreras en Madrid, cree que la medida guarda trasfondo: "Si es un problema por el repunte de la sexta ola debería quitarse, pero la posibilidad sigue abierta. Pensar cómo se les llenaba la boca diciendo que los mayores son los más vulnerables y que personas sin cualificación trabajen con personas dependientes... Me parece que eso no es cuidar a los más vulnerables. Se está desprofesionalizando un sector que costó profesionalizar", arguye.

Con la Orden 1718/2021, la Consejería de Sanidad de Madrid flexibilizó la contratación de personal en aquellos centros sociosanitarios que tengan dificultad para encontrar trabajadores disponibles, "todo ello al objeto de ampliar el número de personas susceptibles de ser contratadas para garantizar el correcto funcionamiento de dichos centros". La normativa añadió elementos que los sindicatos ven fuera de lugar e incluso ilegales.

Aprobada el 28 de diciembre, la Orden apunta que la norma es "excepcional" y como consecuencia de la crisis sanitaria, pero desde esa ambigüedad no se puso fecha de caducidad a esta opción de contratar a personas sin formación. Público ha preguntado a la Consejería pero no ha obtenido respuesta.  

"No existe una situación de extraordinaria gravedad o urgencia que justifique el contenido de esta Orden, que invade competencias propias del mercado laboral y profesional", asegura CCOO en un comunicado. La realidad es que las carencias del sistema de salud público en Madrid se han parcheado con empleos temporales, los llamados "contratos covid", pero en el sector de los cuidados la precariedad es mucho más notable. 

Desde hace tiempo la Asociación de familiares de residentes y trabajadores en Residencias de Mayores (PLADIGMARE) denuncia que las ratios de personal se mantienen estancadas y no aumentan como debería para cubrir la enorme demanda en este sentido. En España se necesitan al menos 62.000 plazas para los más dependientes, según el informe anual de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

"Los trabajadores no aceptan los trabajos porque dicen que ganan más sirviendo mesas, además del esfuerzo físico y mental", sostiene Juani Peñafiel. La portavoz critica la medida porque, al igual que en la primera ola fue imperativo una medida de este estilo, ahora no lo encuentra en absoluto necesario. "En ese momento puntual [la primera ola] entiendes que cualquier mano es buena, pero ahora mismo no. Ahora lo que tienes que hacer es obligar a las empresas a que cumplan los convenios".

Madrid, un pozo de sospechas precarias

El sector sanitario en Madrid vive en constante amenaza de precarizaciones y privatizaciones. El tiempo termina por demostrar que los espacios debilitados o reformados por el Partido Popular terminan privatizados parcial o totalmente. Por eso, cuando el Gobierno de Ayuso aprovechó los días de Nochebuena y Navidad para presentar un anteproyecto de ley con medidas para diferentes sectores en el que se anunciaba la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, asociaciones por la sanidad pública hicieron saltar todas las alarmas.

La ambigüedad del lenguaje y las fechas de su presentación, que limitaba el espacio de las alegaciones de la oposición, hizo sospechar a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública: "Recoge toda una serie de cuestiones que solo favorecen la privatización del sistema sanitario regional y la ausencia de transparencia y control sobre esta actividad económica".

Eso mismo sucedió la semana pasada con el anuncio de la nueva ley farmacéutica, acusada de "fraudulenta", insuficiente y que fomenta la precariedad. "Se trata de un anteproyecto que llega por vía de urgencias pero para el cual no se han dado ninguna prisa. Es decir, son lentos para legislar pero rápidos para evitar que la sociedad pueda participar en el periodo de consulta pública. Es una ley redactada solo con una parte cercana al gobierno, sin escuchar al resto de actores", asegura Javier Padilla, diputado de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad.