En apenas una hora, Iru saluda a la decena de personas que entran en la bodega La Riera, justo debajo de su casa. Es una cara conocida en el barrio de Vallcarca (Barcelona), y uno de los vecinos afectados por el desahucio múltiple que el Ayuntamiento prevé ejecutar este miércoles. Con los nervios a flor de piel, se reúne con Público para denunciar su caso particular, pero también para hablar de la lucha colectiva que lleva tiempo gestándose en la zona. De la mano de la Asociación Vecinal Som Barri, intentan evitar el derribo de varios bloques como el suyo y frenar la gentrificación que amenaza al barrio —muy próximo al Park Güell— bajo el pretexto de una transformación urbanística. 

Iru Moner es fontanero autónomo y, desde finales de 2019, vive con sus hijos en uno de los pisos del edificio de la avenida Vallcarca, 83. Ese bloque, junto con el número 87 bis de la misma avenida y un taller situado en la calle Farigola, número 3, fueron expropiados por el Ayuntamiento de Barcelona en 2015 y posteriormente ocupados. Los tres inmuebles están afectados por el proyecto urbanístico que prevé la construcción de una larga rambla verde, una propuesta anunciada —y paralizada— hace más de 15 años. 

"Las historias de los tres edificios son algo distintas. Los antiguos inquilinos de mi bloque, que fueron realojados tras la expropiación, estaban muy enfadados con el Ayuntamiento y nos entregaron las llaves para que pudiéramos vivir allí. Queremos dejar claro que sí, estamos ocupando, pero con el apoyo del vecindario", afirma Iru. La vicepresidenta de Som Barri, Aran Llivina, muy arraigada a la zona y también presente en el encuentro, continúa el relato y cuenta lo ocurrido en los otros inmuebles. 

"Hace cinco o seis años detectamos que había muchos niños viviendo en asentamientos, y que el bloque de Vallcarca 87, ya expropiado, tenía un montón de pisos vacíos. En ese contexto, el sindicato de vivienda decidió ocuparlo y entregarlo a las familias que consideraban más vulnerables en ese momento", explica Llivina. En cuanto al taller de la calle Farigola, fue ocupado hace tres años por personas que también vivían en barracas y que pasaban mucho frío en invierno. Según la activista, el propietario les dio las llaves para que pudieran entrar. En total hay unas cuarenta personas afectadas, trece de ellas menores de edad. 

De forma paralela a los desahucios previstos, hay que recordar que el Ayuntamiento ya desalojó en mayo el principal asentamiento de barracas de Vallcarca. Entidades sociales y colectivos vecinales denunciaron que no se había buscado una solución "social" a un problema ligado a la pobreza, y criticaron el gran despliegue policial. Som Barri se opuso a la operación porque dejaba a los habitantes de las barracas "en la calle" y sin ninguna alternativa habitacional. 

 La lucha por un modelo de ciudad   

Hace un par de meses, Iru y el resto de vecinos afectados recibieron una notificación en la que el Ayuntamiento les comunicaba su intención de recuperar de oficio los tres edificios expropiados para reactivar el plan urbanístico. Les daban cinco días para abandonar sus viviendas y presentar alegaciones, que —según Iru— fueron desestimadas. Aun así, decidieron quedarse, sabiendo que podían ser desalojados en cualquier momento. La espera ha sido angustiosa, hasta que este junio recibieron un nuevo aviso: el desahucio se hará efectivo este miércoles, día 2, "con todo lo que permita la ley". 

"El Gobierno de Collboni se ha sacado de la manga lo de la rambla verde. En el distrito de Gràcia no han hecho prácticamente nada durante el mandato, y ahora, para rascar votos, quieren sacar adelante un proyecto urbanístico aprobado en 2002. Si tiran abajo estos edificios, de paso se quitan de encima a ocupas y a familias de etnia gitano-rumana. El PSC intenta rascar votos de la derecha", denuncia Llivina. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de expropiación de otras fincas. 

Iru, por su parte, se pregunta qué favores deben estar pagando los socialistas para continuar con el plan urbanístico sin contemplaciones. "Hemos interrumpido plenos y ocupado la sede del PSC para protestar. El alcalde Collboni está perdiendo popularidad en el barrio y no hay quien lo frene. ¿Qué promesas ha hecho?", se cuestiona. 

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La Asociación Vecinal Som Barri presentó hace años un proyecto alternativo a la rambla verde para poder modificar el plan general metropolitano que afecta a toda la zona, hasta la plaza Lesseps. "Nuestra propuesta incluye los mismos metros de zonas verdes que la del Ayuntamiento, pero respeta las edificaciones existentes, restándole espacio al coche. Este proyecto también revalorizaría y transformaría el barrio, incluso más. Pero el Ayuntamiento no nos ha querido escuchar", lamenta la vicepresidenta de la entidad. 

"Tenemos un colchón social importante. Somos una asociación atípica y transversal: hay propietarios, inquilinos, ocupas, familias, personas mayores y jóvenes. Eso nos da legitimidad para decir que no estamos luchando por un caso concreto, sino por un modelo de barrio y de ciudad", añade Llivina. 

 Convocatoria para frenar el desahucio   

Bajo el lema "Plantemos cara al PSC", Som Barri ha convocado a las siete de la mañana del miércoles una concentración en la puerta de la avenida Vallcarca, 83. El objetivo es frenar el desahucio con la fuerza colectiva. Por eso, grupos y artistas emblemáticos como Elèctrica Dharma, Still Ill (Lágrimas de Sangre) o Adala actuarán a las ocho. También participarán escritores y poetas catalanes como Martí Sales, David Caño o Enric Casasses. 

"A pesar de las críticas en redes, el día 2 se demostrará el apoyo que tenemos en el barrio. Nos acompañarán la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Docentes 080, Bomberos contra los Desahucios y el Sindicat de Llogateres, entre otros", asegura Iru. El vecino de Vallcarca denuncia a Público la existencia de un "grupo de extrema derecha" que ataca a él y a la asociación Som Barri —de hecho, existe un perfil en X llamado Som Barri No Es El Barri de Vallcarca.  

"Me han amenazado. Me dejaron un papel diciendo que quemarían la casa con nosotros dentro, y me pincharon las ruedas del coche", alerta. A pesar de todo, se mantiene firme en su decisión de resistir y confía en el apoyo vecinal. 

"Hay antiguos vecinos que están muy enfadados por el urbanicidio, pero con una visión de derechas. No protestan por solidaridad, sino porque se sienten perjudicados por la dejadez institucional de tantos años. A ellos los realojaron cuando quizá también estaban en contra del plan urbanístico, pero no fueron capaces de plantar cara ni ofrecer una alternativa", reflexiona Llivina. 

Los encargados de ejecutar los desahucios serán los antidisturbios de la Guardia Urbana, ya que "no hay orden judicial". "Nuestros abogados nos han dicho que los Mossos no pueden intervenir, como mucho cortar la calle. Queremos una gran demostración de fuerza. Habrá observadores pendientes de que no se produzcan abusos de poder ni racismo institucional", explica Iru, que también denuncia la falta de alternativas habitacionales por parte de los Servicios Sociales. Llivina asegura que "nadie ha venido a interesarse" y que no ha habido ningún tipo de seguimiento previo. 

"Si saben desde hace semanas que nos van a echar, no nos puede atender un servicio como el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Si nos desahucian porque vivimos en una situación de infravivienda, entonces deberíamos ir al servicio para personas sin hogar e infravivienda", concluye Iru. Habrá que esperar al miércoles para saber cómo termina la orden de desahucio y qué sucede con los vecinos de Vallcarca en caso de que, finalmente, sean desalojados.