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Belarra consigue para su reforma de las residencias el apoyo unánime de los expertos que le negaron las autonomías

La cartera de Derechos Sociales escenifica el consenso con expertos en la materia antes de la reunión con las comunidades autónomas del próximo lunes en la que se espera recibir luz verde para iniciar una transformación total de las residencias de mayores.

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, durante su reunión con agentes y expertos en residencias de mayores.
El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, durante su reunión con agentes y expertos en residencias de mayores. PÚBLICO

El Ministerio de Derechos Sociales tiene un objetivo: acabar con las residencias de mayores deshumanizadas, de horarios castrenses y escasez de personal. La mezcla entre hotel y hospital que son ahora podría tener fecha de caducidad.

El lunes se produce un Consejo Interterritorial clave con las comunidades autónomas del que, si hay luz verde a la reforma, se pondría la primera piedra para acabar con el formato actual, denostado por expertos y en vías de extinción en muchos países de Europa.

"La posición de algunas organizaciones empresariales resulta incomprensible, su inmovilismo no se sostiene". Así de contundente se ha mostrado Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, ante la oposición que la empresa privada muestra a las reformas que el Ministerio de Derechos Sociales plantea implantar en las residencias de mayores de España tras obtener el consenso de las comunidades autónomas.

Ante la oposición de los lobbies del sector, el Ministerio ha querido escenificar que hay consenso más allá de las empresas privadas y para ello ha tenido una reunión este jueves con catedráticos y presidentes de fundaciones y asociaciones del sector para visibilizar que cuentan con su apoyo para las reformas que vienen. 

Las empresas del sector, a la vista de profundas renovaciones que exigirían el aumento de ratios de profesionales y la reestructuración de la forma de vida en las residencias de mayores, se han plantado y justifican su oposición a la medida con alegaciones que dejan entrever que con este acuerdo, la sostenibilidad económica no sería posible. Sin embargo, los expertos citados por el Ministerio de Derechos Sociales a la reunión de este jueves cerraron filas en torno a la reforma y declararon su apoyo "unánime" a la transformación que se quiere aprobar. 

En este sentido, José Augusto García, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha mostrado su apoyo tras la reunión: "Nosotros reunimos la opinión científica y estamos a favor del nuevo modelo porque ya ha demostrado evidencia en otros países de Europa en la mejoría de la calidad de vida. Cada vez tenemos más evidencia de que las unidades grandes tienen efectos secundarios para los que viven en ellas". 

El Ministerio de Derechos Sociales tiene previsto lograr este lunes el consenso con las comunidades autónomas para una reforma total de las residencias de mayores, tanto en el fondo como en la forma. Mediante un Consejo Interterritorial que se realizará a las 12.00 de la mañana, el ministerio de Unidas Podemos presentará su Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, pospuesto hace unas semanas por falta de consenso autonómico. Fuentes del Ministerio presentan más optimismo para esta inminente reunión. 

"En otros países este tránsito ya se ha producido y el Gobierno tiene que ir más alla de los intereses particulares de algunas empresas", ha sostenido Nacho Álvarez en declaraciones a los medios, donde además ha explicado que este acuerdo y las propias medidas del Ministerio esclarecen que la forma de financiación de este proyecto es sostenible y viable.

Tal y como reza el documento elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, además de cambios sustanciales como fomentar el concepto de hogar y reducir los entornos de las residencias a 15 personas para ganar en intimidad, el proyecto del Gobierno apuesta por minimizar las rotaciones de los trabajadores, poner como prioridad la dignidad de las personas ingresadas y limitar el número de plazas (entre 75 y 120) en función de su ubicación. El Ministerio de Derechos Sociales también propone aumentar las ratios de cuidador por persona de forma progresiva hasta el 0,43.

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