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Bloqueo del Open Arms Proactiva pide al Gobierno que lleve a los tribunales a Italia y Malta por el cierre de puertos para los migrantes rescatados

La ONG española, cuyo barco se encuentra bloqueado y sin permiso para zarpar al Mediterráneo central,  cree que el Ejecutivo debería llevar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo a ambos países por impedir desembarcar a migrantes rescatados, violando convenios y normativa internacional.

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Oscar Camps, fundador y director de Proactiva Open Arms | EFE

El fundador y director de la ONG española Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha afirmado este sábado que el Gobierno de Pedro Sánchez debería trabajar para llevar a Italia y Malta ante la Justicia internacional por su gestión de la inmigración, en lugar de bloquear su barco en el puerto de Barcelona.

"Se están incumpliendo innumerables convenios internacionales y lo que debería hacer el Gobierno español, en vez de cerrar estas embarcaciones en los puertos, es llevar al Tribunal (Internacional del Derecho del Mar) de Hamburgo a Malta e Italia" por impedir desembarcar a migrantes rescatados en sus costas, señaló Camps en declaraciones a EFE.

El barco Open Arms lleva desde enero paralizado en el puerto de Barcelona porque las autoridades españolas no le conceden el permiso para volver al Mediterráneo y seguir con su labor de socorro a los migrantes que intentan llegar a Europa.

Como esta embarcación, hay otras que están inmovilizadas en otros puertos, como la Sea Watch 3, de la homónima ONG alemana, que acaba de ser paralizado en Catania (Sicilia, sur) por las autoridades italianas, en un gesto que ha dejado el Mediterráneo, por el momento, sin buques de organizaciones humanitarias.

Tampoco opera ya el Aquarius, de las ONG SOS Méditerranée y Médicos sin Fronteras, que puso fin a su misión en diciembre, ni el Lifeline, de esta ONG alemana, que enfrenta una investigación en Malta desde junio.

Campaña de desprestigio a ONG

Camps denunció la "persecución" que sufren las organizaciones humanitarias desde hace dos años y dijo que la presión por parte de los países europeos para frenar su actividad comenzó con una campaña de difamación, encabezada por Frontex, que las acusaba de provocar un efecto llamada.

En Italia, el fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro, "continuó con esa campaña de desprestigio" buscando un daño mayor y atacó las fuentes de financiación de las ONG con el fin de sepultar las donaciones privadas.

Camps recordó que esta estrategia no surtió efecto, por lo que se pasó a la formación de los guardacostas libios para que contuvieran las salidas hacia Europa, unos militares que increpan, amenazan y, en ocasiones, disparan contra las ONG, según sus palabras.

Ahora, los Estados están aislando a los barcos en sus puertos con bloqueos administrativos "incomprensibles" que, en su opinión, son decisiones políticas que buscan dejar el Mediterráneo sin testigos.

"Todo hace pensar que es una decisión política que intenta echar del Mediterráneo" a las ONG "que llevan a bordo políticos, periodistas, que ponen luz y taquígrafos en el Mediterráneo central y que dan fe de lo que están ocurriendo", apuntó.

En este sentido, citó las "devoluciones en caliente de la Guardia Costera libia fuera de sus aguas territoriales, la inacción deliberada de las operaciones miliares que hay en el Mediterráneo central" y los mercantes que no intervienen en situaciones de urgente salvamento.

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