La Comisión Europea ha notificado al Gobierno un incumplimiento en España "a gran escala" de la directiva comunitaria de 1991 sobre tratamiento de aguas residuales en 133 aglomeraciones urbanas que vierten en zonas normales o sensibles, y le advierte de que si no se resuelven estas irregularidades en el plazo de dos meses podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. Este requerimiento se produce tras la sanción que esa misma instancia judicial impuso al Estado español en 2018 por graves deficiencias en la depuración en 17 núcleos de más de 15.000 habitantes, multa que ya ha obligado al pago de cerca de 33 millones de euros.

Dos décadas después de la aprobación de la directiva 91/271 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, España sigue recibiendo notificaciones de las autoridades comunitarias por el incumplimiento de esa normativa que tiene como objetivo la protección del medio ambiente. La última ha llegado este mismo mes, mediante un requerimiento de la Comisión Europea que señala que, tras una evaluación técnica de las respuestas del Gobierno español a un emplazamiento enviado en diciembre de 2016, se siguen incumpliendo en nuestro país las obligaciones de la directiva para el tratamiento secundario de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes y un tratamiento más avanzado para las de más de 10.000 en zonas sensibles.

Según el requerimiento, las investigaciones de la Comisión Europea revelaron un incumplimiento generalizado de las obligaciones de la directiva, principalmente en grandes núcleos de población, por lo que en 2016 se envió un emplazamiento al Gobierno español, cuyas respuestas, a juicio de Bruselas, demuestran ahora que persisten las infracciones "a gran escala", teniendo en cuenta que hay 133 aglomeraciones que siguen vertiendo aguas residuales sin el tratamiento apropiado.

La Comisión precisa que el tratamiento secundario exigido a los núcleos de población de más de 2.000 habitantes complementa la eliminación de materia sólida procedente de aguas residuales urbanas con la descomposición de las sustancias orgánicas mediante bacterias. Además, en los casos de las poblaciones de más de 10.000 habitantes se requiere a veces un tratamiento adicional –terciario- para proteger los medios acuáticos sensibles.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que recuerda que el saneamiento y la depuración de aguas residuales urbanas son competencia de las administraciones locales y autonómicas, salvo que haya una declaración de interés general, parte en su análisis de la situación en la que se encontraba España cuando se aprobó en 1991 la directiva de la UE, con sólo un 40% de las aguas residuales tratadas, y que ahora se sitúa en el 90%. Pero ese 10% que resta por cubrir es el que, en buena medida, está propiciando que sigan los requerimientos y multas de las autoridades comunitarias.

Un nuevo plan que estará ultimado en verano

Para remediar esa situación, Transición Ecológica está elaborando el Plan DSEAR (las iniciales de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización), que de alguna forma vendrá a sustituir al Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015, que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con una inversión prevista de más de 19.000 millones de euros y que se vio lastrado por la falta de ejecución presupuestaria en las administraciones implicadas. El nuevo plan, que según el Ministerio estará ultimado en verano para ser sometido a información pública, definirá el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad, mejorará la definición y concreción de los planes hidrológicos de tercer ciclo y prestará especial atención al aprovechamiento del potencial de tratamiento de las aguas residuales para avanzar en economía circular, eficiencia energética y generación de energía.

Este documento vendría a sumarse a los planes hidrológicos que ya contemplan 3.500 medidas de saneamiento y depuración a ejecutar en los próximos 18 años con una inversión de Gobierno, comunidades autónomas y entidades locales de 10.000 millones de euros. Planificación, previsión de inversión, por tanto, hay. Y mucha. Lo único que parece que falta es llevar todo eso a la práctica para que la UE deje de amonestar a España con apercibimientos y multas millonarias por no haber hecho los deberes en este campo dos décadas después de la aprobación de la directiva comunitaria que está obligada a cumplir.

La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) considera de urgencia llegar a un pacto de Estado sobre este tema, en el que se defina y clarifique el papel de las diferentes administraciones implicadas en el ciclo del agua para acabar, entre otras cosas, con la "desinversión" pública que ha sufrido la planificación de la depuración en España, que, además, ha acusado durante años los descensos presupuestarios en materia medioambiental que no se registraban en otras infraestructuras, como las carreteras, por ejemplo.

La mala planificación ha motivado, según Luis Babiano, gerente de AEOPAS, casos como el de Andalucía, donde el canon de mejora que la Junta cobra desde 2010 a los consumidores a través del recibo del agua, con el objetivo de financiar las infraestructuras de depuración, no ha permitido acabar aún con las grandes deficiencias de la red de saneamiento de esta comunidad, que en algunos casos están motivando, además, procedimientos judiciales contra alcaldes denunciados por delito medioambiental a causa de la falta de tratamiento de las aguas residuales en su municipio. Esta organización de operadores públicos lleva años exigiendo, sin éxito, que se aclare a qué se destina el dinero de ese canon autonómico y denunciando una falta de transparencia en su gestión.

Por su parte, la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), organización de rango técnico que aglutina a operadores privados y públicos, sostiene que el problema de la depuración que arrastra España desde hace tantos años radica en que "el agua no está en la agenda política" y, por tanto, entre las preocupaciones de la ciudadanía. Para su presidente, Fernando Morcillo, la receta es tan simple como compleja: si queremos cumplir con la normativa comunitaria, tenemos que hacer aquí lo que ya hacen otros países de la UE para mantener su red de saneamiento y depuración.

Esa receta, según Morcillo, pasa por incluir en la tarifa del agua los costes que acarrea la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento para así garantizar el correcto funcionamiento del ciclo integral en todo su recorrido. AEAS pone como ejemplo las experiencias que se han llevado a cabo en Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana o Murcia, donde se ha creado un órgano público superior que se encarga de la gestión de todo el sistema de saneamiento y se cobra un canon o tarifa universal para todos los municipios integrados que sufraga el coste del mantenimiento de esa red, con independencia de su tamaño, lo que beneficia a los ayuntamientos más pequeños y con menos posibilidades de hacer frente a los gastos que acarrea una depuradora.

Las organizaciones ecologistas también han denunciado reiteradas veces la situación de las aguas residuales en España. Ecologistas en Acción ha denunciado a alcaldes por deficiencias en el tratamiento y Greenpeace ya avisó, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2018, que España tiene "un grave problema de contaminación" por esta causa, que, por su volumen e intensidad, es el que más afecta a las aguas continentales. "La lucha contra la contaminación de nuestras aguas debe ser prioritaria. Es mucho más efectivo cambiar las actuales medidas que no garantizan la calidad de las aguas para la vida silvestre o para el consumo humano que construir nuevas infraestructuras hidráulicas como embalses o trasvases", dijo entonces su portavoz Julio Barea. Mientras tanto, Bruselas sigue mandando requerimientos a España.