Varios países de Europa ha empezado a exigir el pasaporte covid para espacios públicos. El uso de este certificado fue polémico desde el principio y expertos de distintas áreas alertaron desde el principio de que podía ser una medida discriminatoria. Por ello, y tras mucho debate, Bruselas limitó su uso a un 'permiso' para viajar sin restricciones entre la UE, con el objetivo de potenciar el turismo —algo que ya genera inequidades entre la población de los países ricos y los pobres que no tienen acceso a las dosis—. Sin embargo, ahora países como Francia o Italia recurren a él para potenciar la vacunación y lo exigen para actividades sociales.

España no sufre ningún problema de reticencia vacunal: es el país europeo con más población inmunizada. Aquí el problema es que aún no hay dosis para todas las personas. Pese a esto, las comunidades de Galicia y Canarias han seguido la estela de los países de nuestro entorno y han empezado a exigir el certificado de vacunación para entrar en el interior de la hostelería.

Tras estas decisiones, varias comunidades llevaron este debate al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aunque el Ministerio de Sanidad ha descartado legislar esto —al menos por ahora—.

"El amparo legal es el que tiene: es para garantizar una movilidad segura en todo el territorio de la UE", dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa este miércoles sobre la petición de algunos consejeros de legislar este uso. La realidad es que esta medida, aunque ya esté implantada en dos autonomías, plantea muchas dudas y no cuenta con el visto bueno de todos los presidentes regionales.

En primer lugar, es una medida discriminatoria y que en España no está adaptada al contexto de la cobertura vacunal. En este sentido, el socialista Ximo Puig ha planteado que en el País Valencià no se pedirá el certificado covid para actividades sociales al menos hasta que toda la población haya tenido la oportunidad de vacunarse.

La Sociedad Española de Epidemiología también señaló que era una medida discriminatoria en su posicionamiento oficial sobre el certificado digital covid. Si bien reconocía que la medida puede "aportar beneficios económicos" y "animar a vacunarse a los más reticentes", desde el grupo de trabajo de Ética y Protección de Datos señalan que existen "problemas de índole científica y ética". "En lo que respecta a las cuestiones éticas, el certificado manejará categorías especiales de datos, como son los datos de salud, cuyo tratamiento está prohibido según la legislación vigente, salvo en circunstancias debidamente justificadas. Esto significa que solo debería usarse de un modo muy restringido y, desde luego, en ningún caso debe usarse para discriminar a las personas por ningún motivo. Por ejemplo, existe el riesgo de que este tipo de certificados pueda ser utilizado como mecanismo discriminatorio en el ámbito laboral", alegan en un comunicado.

De hecho, el mayor riesgo con el certificado covid es que se vaya a más y se pase de pedirlo para el interior de los bares a exigirlo para determinados trabajos. Algo que no está lejos de ocurrir en varios países porque algunos de ellos ya exigen a los trabajadores esenciales que estén inmunizados., como reflejan los datos recogidos por Statista. En países como Francia y Gracia ya ha habido protestas tanto por el certificado covid como por la vacunación obligatoria.

Pero, además, ya hay un gran riesgo de ser discriminatorio para las personas que viven en países pobres y que aún no se han podido vacunar porque los ricos han acaparado las dosis, o para determinados colectivos como migrantes en situación irregular o personas sin hogar que tienen "más dificultades para vacunarse por problemas de acceso, de información o incertidumbres laborales", tal y como señala la SEE. Así como que no está claro "un tratamiento equitativo a las personas que tengan contraindicaciones para la vacunación".

Respecto al panorama internacional, la SEE llega a afirmar que "no parece muy justo" que los países ricos sigan bloqueando la supresión de las patentes de las vacunas, al tiempo que "dan facilidades de viaje a los ya vacunados". Esto supone que solo las poblaciones más adineradas se puedan permitir el turismo vacunal, mientras el reso "tendrá que esperar meses o años hasta conseguir la vacunación completa". Más aún si se pone tercera dosis, como pide la farmacéutica Pfizer.

Sobre este problema ha llegado a alertar también la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) de la UNESCO y el Comité Internacional de Bioética (CIB). "Los certificados no deben conducir a limitaciones injustas para viajar para aquellos que no tuvieron acceso a las vacunas o que recibieron una vacuna que no es aceptada en los países a los que desean viajar. Deben tomarse medidas para evitar que los certificados basados en la vacunación reduzcan la libertad de movimiento de las personas dentro y fuera de los países de ingresos bajos y medios debido a la desigual disponibilidad de las vacunas, lo que podría tener graves consecuencias para el desarrollo de estos países, ya que, de lo contrario, sólo se tiene en cuenta la movilidad de los privilegiados, y no a nivel internacional", afirmó Gabriela Ramos, Subdirectora General de la UNESCO para las Ciencias Sociales y Humanas.

El director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, se pronunció en la misma línea al considerar que el certificado va a crear "más desigualdades".

Por otro lado, el pase a actividades sociales con certificado covid genera cierta sensación de seguridad, pero esto podría ser un gran error porque, como señalan desde la SEE y se está comprobando en las últimas semanas, las vacunas no protegen de la infección. De hecho, explican que se suele utilizar el ejemplo de la vacunación contra la fiebre amarilla "como un precedente" pero que esto es "inadecuado" porque, "a diferencia de lo que sucede con la fiebre amarilla, no está demostrado que la vacunación proteja por completo frente a la transmisión de la infección".

Pese a todos estos problemas, crecen las comunidades que se están planteando exigir el certificado covid para determinadas actividades. Hasta el momento lo estudian Andalucía y Aragón, mientras que Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Cantabria quieren que sea el Gobierno el que regule esto.