Cuatro días después de la celebración de elecciones, la Xunta publicó el protocolo contra la covid-19 que recoge las medidas de seguridad para la vuelta a las aulas. Las plataformas estudiantiles creen que el Gobierno de Feijóo retrasó su difusión por intereses electorales, ya que el aluvión de críticas no tardó en llegar. La iniciativa de la Consellería de Educación radica en que son los centros los encargados del aprovisionamiento de equipos de protección, sin dotación presupuestaria ni contratación de personal, algo que los sindicatos no están dispuestos a asumir o de lo contrario pedirán la cancelación de las clases.

"Corresponde al centro educativo, con carga a sus gastos de funcionamiento, suplir el aprovisionamiento de equipos de protección que no sean centralizados por la Consellería, en especial gel hidroalcohólico y sus dispensadores, paños desechables, materiales de limpieza y desinfección, guantes, papeleras de pedal, impresión de cartelería y, cuando resulten insuficientes, máscaras de protección". Así lo recoge el documento publicado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para los centros de enseñanza no universitaria de Galicia para el curso 2020-2021. Cuando el Ejecutivo trasladó en la mesa sectorial de educación estas medidas a los sindicatos CIG, CCOO, UGT y ANPE, las cuatro organizaciones abandonaron la reunión al poco de empezar.

Las plataformas criticaron, en primer lugar, que el gobierno de Feijóo haya tenido el protocolo "guardado en un cajón" mientras que no se celebraban las elecciones autonómicas, y después afearon que Educación descargue la total responsabilidad en los centros, tanto en los equipos directivos como en el profesorado y alumnado, con una ayuda escasa de material, sin reducir el número de personas por aula para precisamente evitar la contratación de profesorado de refuerzo.

"El protocolo lleva a la incertidumbre y al desamparo del personal de los centros educativos y al alumnado. Esto demuestra la perspectiva economicista y ultraliberal del Gobierno del PP de que la educación es un gasto, nunca una inversión", criticó el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello. Para las organizaciones sindicalistas, las medidas tienen la intención de un ahorro por parte del Gobierno y no el objetivo de proteger a las personas.

La Confederación de Anpas Galegas comunicó que el diseño del protocolo corresponde con el propósito de no cambiar "nada de lo existente" estirando "las costuras del sistema educativo para no tener que invertir ni un céntimo", para no proporcionar ni "más instalaciones, más transporte o más atención al alumnado". Los representantes también subrayaron que el profesorado, en consecuencia, tendrá que doblar esfuerzos para atender a las medidas de higiene y mermará por lo tanto la calidad en las clases, principalmente en aquel alumnado que precise más apoyo o con necesidades especiales. De hecho, el documento de la Xunta no hace referencia a los alumnos de riesgo ni a la atención a la diversidad.

"Que nos explique la Consellería cómo va a conseguir que un niño con TDAH vaya a estar quieto durante cinco horas mirando hacia delante en un aula, porque lo importante es que sólo se distancie un metro de sus acompañantes", recoge la Confederación de Anpas. Además, el plan de la Xunta señala que el alumnado tendrá que encargarse también de medidas de higiene del centro, como la desinfección de los ordenadores cuando los usen. En este sentido, la plataforma insiste en que el alumnado debe aprender sobre medidas de higienización, pero su "inexperiencia los hará ser ineficaces, y no se juega con su salud". Por ello reiteran que las medidas sanitarias tienen que llevarse a cabo por profesionales.

Por su parte, la Consellería de Educación consideró la actitud de los sindicatos como una "irresponsabilidad" después de que las organizaciones abandonasen la reunión de la mesa sectorial "al negarse a cualquier negociación que no pasase por la retirada íntegra del documento". Por el momento, la propuesta continuará en tramitación y será avalada por el Comité intercentros de seguridad y salud laboral, y, si la aceptan, será enviada a los colegios para que se vayan adaptando y preparando para el comienzo de las clases. La CIG, CCOO, ANPE y UGT ya anunciaron manifestaciones el 22 y 28 de julio ante la Consellería para protestar por el protocolo y pueden repetirse en septiembre si el Gobierno no modifica el documento.