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Las comunidades autónomas aplacan la huelga de funcionarios y Rodalies con altos servicios mínimos

Las primeras horas de la jornada han transcurrido con bastante normalidad.

Un joven médico residente participa en una manifestación en Barcelona.
Una joven médico residente participa en una manifestación en Barcelona. Europa Press

Las comunidades autónomas han conseguido mitigar la jornada de huelga de funcionarios públicos de este jueves 28 de octubre. La mayoría de las regiones han impuesto servicios mínimos muy altos que, además, no han sido consensuados con los sindicatos que han convocado la movilización. Con la huelga de Rodalies ha ocurrido lo mismo ya que la Generalitat catalana ordenó que hubiera un 85% de servicios mínimos. Así, las primeras horas de la jornada han transcurrido con normalidad, según recoge Efe.

La huelga general de funcionarios públicos ha sido convocada por Co.bas, Solidaridad Obrera y la Confederación Intersindical contra el "Icetazo", como llaman a la Ley de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público debido. Según los sindicatos, la normativa va a provocar una "sangría de despidos y pérdida de puestos de trabajo". Los tres grandes sindicatos —CCOO, UGT y CSIF— no han participado en la convocatoria.

En Aragón los sindicatos recurrirán los servicios mínimos impuestos

Las negociaciones de los servicios mínimos para la jornada han sido complicadas en varias autonomías. Por ejemplo, los sindicatos CGT y STEA recurrirán a la vía judicial los servicios mínimos "abusivos" establecidos por el Gobierno de Aragón en los sectores de Educación y Sanidad para este jueves.

A lo largo de la mañana y de la tarde habrá movilizaciones de los funcionarios públicos en la mayoría de las ciudades de España por lo que se prevé que la jornada de reivindicación tome más fuerza según vayan pasando las horas.

El llamado "Icetazo" por el que se ha convocado la huelga general se trata del plan del Gobierno para intentar reducir la temporalidad y que afecta de lleno a casi 800.000 interinos. Algunos de ellos, con más de 30 años de servicio, ahora corren el riesgo de perder su empleo ya que tendrán que hacer frente a una oposición. El plan plantea prohibir la temporalidad en la Administración y que sea "imposible", según el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto por más de tres años.

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