Dos madres residentes en Granada han presentado este viernes una denuncia contra el inspector jefe de la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla (identificado con número de carnet 77.657), así como contra el resto de agentes firmantes de un informe que las acusa, junto a otra veintena de personas, de formar parte de una organización criminal. En el escrito, presentado en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, acusan a los agentes de denuncia falsa, falsedad documental y de revelación de secretos y afirman que el escrito policial no está basado en ninguna investigación, sino en los testimonios de varios padres que no han sido siquiera contrastados, que se sustenta en "hechos falsos, en coincidencias absurdas y en una mala fe impropia de un cuerpo de Policía". 

El informe en cuestión fue elaborado por esa unidad policial después de la detención de varias mujeres supuestamente relacionadas con la organización Infancia Libre, que tuvo un gran impacto mediático. Poco después de que estas detenciones saltaran a los medios de comunicación la Policía judicial reconoció que estaba tomando declaración a diversos padres que afirmaban que sus exparejas formaban parte de dicha organización y que seguían el mismo modus operandi.

El 19 de julio de 2019 la unidad de la Policía Judicial entregó el informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que determinara si abría una causa penal contra una veintena de personas a las que se acusaba de formar parte de una trama criminal. Los responsables de la unidad policial afirmaban en el escrito que existían indicios de que la organización Infancia Libre fue creada con el único objetivo de dar cobertura a un grupo de mujeres que querían obtener la custodia en exclusiva de sus hijos y para ello interponían denuncias falsas contra los padres sobre posibles malos tratos o abusos sexuales. 

El informe policial acusaba a médicos de la sanidad pública de elaborar informes falsos sin aportar pruebas

En la supuesta trama estarían involucradas 17 madres de Madrid y Granada (dos de las cuales presentan ahora una denuncia), así como un psiquiatra de la sanidad pública Madrileña (A.E.), una pediatra (N.P.) y una psicóloga (A.M.) del Servicio Andaluz de Salud y una abogada. Estos profesionales supuestamente emitirían informes falsos para avalar las denuncias de las madres, según el informe policial, que no aportaba pruebas. La tesis de la Policía se asentaba en el hecho de que diversas madres habían utilizado los servicios del mismo psiquiatra, de la misma pediatra o de la misma abogada.

El 31 de enero de 2020 la Fiscalía archivó el informe policial. Tras una investigación, concluyó que no existían "datos objetivos" que pudieran llevar a asegurar que la organización Infancia Libre funcionara como una organización ilícita y que, a excepción de tres personas que pusieron en marcha la organización (María Sevilla, Rocío de la O y el secretario J.A.C), "no existe vinculación directa" del resto de implicadas con la asociación Infancia Libre. La Fiscalía resalta que muchas de las madres habían interpuesto denuncias contra sus parejas por malos tratos o abusos sexuales antes de la creación de la organización y otras después de que ésta hubiera cesado su actividad. Además, la Fiscalía recuerda que no consta que ninguna de las implicadas haya interpuesto denuncias falsas y que el hecho de que la gran mayoría de las causas hayan sido archivadas no implica que los abusos no hayan sucedido, sino que no se han podido probar.

"Se falta descaradamente a la verdad"

En la denuncia contra la unidad de la Policía Judicial interpuesta ahora por M.V.C y E.J.G, dos madres residentes en Granada, el abogado que las representa, Vicente Tovar, afirma que en el informe policial "se falta descaradamente a la verdad y se aportan datos completamente falsos". 

Afirma que M.V.C nunca denunció al padre de su hijo por los posibles abusos sufridos a manos de su expareja, "tal como falsamente indica la Policía", sino que el procedimiento lo inició un parte emitido por el servicio de urgencias del Hospital Materno Infantil de Granada y realizado por profesionales distintos. 

"No indica la Policía, sin embargo, que, como consecuencia de tales partes médicos y tras la celebración de la correspondiente vista, el Juzgado de Familia (respaldado por la petición en este sentido realizada por el Ministerio Fiscal), modificó en el mes de diciembre de 2018 el régimen de visitas sobre el menor, estableciendo visitas tuteladas en Punto de Encuentro Familiar para el padre", afirma la denuncia.

La madre, tal como afirma la denuncia, no incumplió ninguna visita al punto de encuentro, pero "sí existen informes de incumplimientos por parte del padre de las normas del funcionamiento de dicho servicio".

El informe policial tampoco indica que M.V.C había interpuesto una denuncia contra su expareja por violencia de género hacia ella y que en el momento de en que se elaboró dicho documento que la vincula con una supuesta trama delictiva, se había admitido a trámite y existía una investigación en marcha. Un informe del Instituto de Medicina Legal de Granada indicaba que la situación era compatible con un maltrato habitual. 

La expareja de M.V.C está pendiente de juicio por el que la fiscalía pide tres años y dos meses de prisión.

De hecho, dicho procedimiento se encuentra en la actualidad pendiente de juicio. La fiscalía solicita para el hombre una pena de tres años y diez meses de prisión, alejamiento por plazo de seis años y cuatro años de privación de tenencia de armas. Se da la circunstancia de que el padre en cuestión es uno de los mandos superiores de la Policía local de Granada.

La denuncia afirma que, aparte de no contar con ninguna prueba directa o indirecta para vincular a M.V.C. con Infancia Libre, tampoco contaba con "indicios, hipótesis o cualquier otro elemento que pudiera hacer sospechar lo mas mínimo, sino únicamente una pura coincidencia", al aparecer un informe médico firmado por la pediatra N.P, quien intervino en una ocasión y "de forma casual por estar" la pediatra de su hijo menor de vacaciones, y tras la previa intervención de los servicios de urgencias del Hospital Materno Infantil.

"Por esta sencilla regla, cualquier madre del término municipal de Granada cuyo hijo o hija haya sido atendido en algún momento por la Dra. N.P. y que además tuviera un procedimiento penal en cualquier juzgado también podría estar incluida en la desagradable lista de personas confeccionada por la policía", afirma el abogado de las demandantes.

Sin ninguna investigación

El caso de E.J.G., que figura también en el informe de la Policía, no encaja tampoco en ningún patrón, a excepción de que la pediatra N.P vio a su hija en alguna ocasión a pesar de no ser su pediatra habitual.

Esta madre denunció a su exmarido en 2016 por haber maltratado psicológicamente a su hija al dejarla encerrada en un coche en medio de un descampado como forma de castigo. Cuando ocurrieron los hechos ambos progenitores vivían en Zubia, un pueblo de Granada. Allí un juzgado le retiró al padre el régimen de visitas por sospechas de malos tratos y decretó que los encuentros de padre e hija debían hacerse en un Punto de Encuentro Familiar (PEF). Un pediatra de dicha localidad derivó a la menor a Salud Mental ante la sospecha de malos tratos psicológicos hacia la menor por parte del padre. 

En julio de ese mismo año la madre se traslada a vivir a Granada y realiza el traslado de pediatra. Le corresponde la doctora N.P., que ve a la niña por primera vez en septiembre de ese año por un problema de salud. Es decir, que cuando N.P. se convierte en la pediatra de la menor "el juzgado ya había retirado las visitas al padre y, por ello, la manifestación de la policía es tan falsa como fácil de comprobar", abunda el escrito.

La denuncia explica que no fue la pediatra la que suspendió las visitas del padre con la hija, sino el propio PEF, por lo que concluye que el informe policial "no recaba la más mínima información de mi representada, de su hija o del periplo judicial vivido, únicamente se limita a comprobar que la Sra. E.J.G. interpuso una denuncia frente a su exmarido por malos tratos hacia su hija y que en algún momento de la vida de la menor su pediatra fue la N.P. sin saber ni siquiera en que intervino ésta o si le correspondía por ser la más cercana al domicilio".

Muchos padres aparecieron en televisión denunciando haber sido víctimas de denuncias falsas por sus exparejas

La denuncia afirma que debido a la gran repercusión mediática de los casos relacionados con Infancia Libre espoleada por filtraciones policiales, muchos padres aprovecharon el tirón televisivo para aparecer en programas denunciando públicamente haber sido víctimas de denuncias falsas por sus exparejas. Esto ocurrió con el exmarido de E.J.G, "quien mintiendo descaradamente manifestó llevar tres años sin ver a su hija, cuando lo verdaderamente cierto es que hasta el momento en que se pide la suspensión de las visitas por el propio PEF, tenía visitas regulares y constantes en dicho centro, dado que mi clienta nunca faltó a las citas en compañía de su hija. Pero, es más, en el momento en que este señor acude a los medios de comunicación (mayo de 2019), ambos progenitores como la menor se encontraban acudiendo a un proceso de mediación familiar desde el mes de julio del año 2018, con sesiones semanales y actividades programadas con el padre, las cuales se venían cumpliendo escrupulosamente por parte de mi representada", afirma la denuncia.

También la expareja de M.V.C. acudió a los medios de comunicación. Tal como relata el escrito de acusación, también presenta escritos en todos los procedimientos judiciales aportando las noticias publicadas sobre el tema de Infancia Libre en medios, la mayoría provenientes de una sola fuente y sin contrastar, con la intención de influir en ellos. 

"Se ocupa de difamarla tanto en prensa escrita como en todos sus círculos acusándola de haber interpuesto denuncias falsas", sin mencionar que se encuentra a la espera de juicio por violencia de género, asegura.

La denuncia explica que las afirmaciones de las exparejas de las dos mujeres en medios de comunicación a cara descubierta y acusándolas de interponer denuncias falsas, expusieron a los hijos que fueron identificados por su entorno, con la consiguiente vulneración de sus derechos fundamentales.

"Evidentemente el rechazo y la animadversión de gran parte de la sociedad hacia estas madres y, en concreto, hacia mis representadas fue incuestionable cuando ni tan siquiera han tenido un mínimo vínculo con la asociación o la más mínima oportunidad de defenderse y dar su versión de los hechos ante la Policía, que por otro lado es lógico debido al nulo interés mostrado por el cuerpo de Policía por conocer todos los puntos de vista y constatar la veracidad de las manifestaciones realizadas por los padres", resalta la denuncia presentada en nombre de las dos mujeres.

Revelación de secretos

Pero el calvario de las madres incluidas en el informe policial sobre una supuesta trama criminal en torno a la organización Infancia Libre no acaba ahí. La denuncia desvela que la Policía no sólo filtró el contenido del informe a periodistas y medios de comunicación, sino incluso a otros juzgados, como lo ejemplifica el hecho de que un procedimiento seguido en el juzgado de Violencia de Género número dos de Granada incluyera datos y conclusiones del informe policial relativas a E.J.G., "cuando ella ni siquiera era parte del procedimiento".

"Esta aportación de los datos relativos tanto a E.J.G como a su hija menor de edad en un procedimiento judicial en el que nada tenían que ver, se enmarcaría claramente en la conducta integrante de un delito de revelación de secretos por parte de la Policía, a quien al parecer, poco le importaba la efectiva protección de los menores a quienes debía de proteger por encima de cualquier otro derecho o finalidad concurrente", dice la denuncia.

"La Policía, en vez de dedicar sus esfuerzos y sus recursos en conocer la verdad, se dedicó a deformar la realidad hasta crear de la nada una organización criminal"

Según esta, "no cabe duda del ánimo de la Policía, quien en vez de dedicar sus esfuerzos y sus recursos en conocer la verdad, se dedicaron a deformar la realidad hasta crear de la nada una organización criminal a la que 'desarticular' para obtener un reconocimiento o cualquier otro objetivo que desde luego esta parte desconoce". Y concluye que "lo único que tenía que haber hecho para esclarecer la realidad de los hechos era llamar a declarar a estas madres o simplemente solicitar el historial judicial de las mismas para poder comprobar que todo lo que los padres habían denunciado era falso".

Tovar afirma que es posible que otras madres incluidas en el informe policial contra Infancia Libre den el paso de sumarse a la denuncia, pero que el miedo y los temores a exponerse o exponer a sus hijos a males mayores han frenado hasta el momento a otras madres.