"Todos los padres tenemos la ilusión de que nuestro hijo con discapacidad acuda a un colegio ordinario", cuenta Esther Morilla, aunque hay casos en los que no es posible. Su hija Lucía nació con una alteración genética rara. Ahora, tiene diez años y es alumna en un colegio de educación especial. En su centro, Lucía es atendida de forma integral por cinco profesionales en el aula. Gracias a ellos, ha aprendido a mantenerse erguida y a soportar el bullicio de la gente desde que está escolarizada.

"Tenemos unos hijos con unas necesidades muy específicas y que en un colegio ordinario no van a poder avanzar", explica Morilla cuando es preguntada sobre lo que pasaría si se produjese el trasvase de alumnos de centros de educación especial hacia centros ordinarios. Es lo que propone el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida como ley Celáa, que fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios.

En concreto, el proyecto normativo señala que las administraciones educativas continúen prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Estas enmiendas se incluyen en la ley a proposición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con el fin de dar cumplimiento a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece que no puede haber discriminación educativa por razones de discapacidad.

El pasado fin de semana se celebró una manifestación en Valladolid para protestar en contra del "cierre" de estos centros educativos, lo que muchos ven como la consecuencia directa de este proyecto de ley. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, ha afirmado en una entrevista a Europa Press que la protesta iba dirigida al CERMI y que el proyecto "de ninguna manera" supone el cierre de los centros especiales.

El delegado del Comité para los Derechos Humanos del CERMI, Jesús Martín, reclama que el Gobierno dé explicaciones y les acusa de anunciar la medida como un globo sonda. Más allá del proyecto de ley, las intenciones del Comité pasan por crear un único circuito escolar, cambiando el sistema que existe ahora, que divide los alumnos en centros ordinarios y de educación especial, y que califican como "paralelos".

Martín critica que la ley orgánica de educación actual invoca la inclusión, pero no la practica: "Cuando hay excepciones, el sistema no cambia y expulsa impunemente a los niños con discapacidad a otro circuito". Añade que esta decisión supone privar a los niños con discapacidad de que estén en el mismo itinerario que el resto. "Se convierten en personas excluyentes", denuncia. Como conclusión, argumenta que existe una "legitimación social y legal que permite separa a niños por razón de discapacidad ante la que nadie protesta ni sale a la calle".

Martín explica que intentan hacer un ejercicio de transformación y de innovación para pensar la educación del futuro. Para ello, propone que, en un plazo de unos diez años, cambie la educación y que los niños con necesidades especiales puedan estar en los centros ordinarios con todas las garantías. En este tiempo, por ejemplo, deben dejar de construirse centros de educación especial e invertir ese dinero de otra forma: "Innovando o poniendo más apoyo en la educación ordinaria", plantea el delegado del Comité para los Derechos Humanos del CERMI.

Como respuesta a esta postura del Gobierno y del CERMI ha surgido la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial también. Su presidente, José María Escudero, se muestra preocupado por la interpretación de la nueva ley que se pueda dar en cada comunidad autónoma. No comprende la intención del Ejecutivo de reducir el número de alumnos de educación especial: "Ellos creen que es mejor reducir el porcentaje de alumnos, nosotros creemos que hay que mejorar el servicio y los medios". Escudero acusa al CERMI de olvidar el objetivo por el que fueron creados y atender a otros intereses que poco tienen que ver con las necesidades de las familias.

"A mí me hablan de que van a convertir el colegio de mi hija en un centro de apoyo o de recursos y se me ponen los pelos de punta", explica Morilla. Aunque para ella, lo más duro es que, "desde el desconocimiento", se acuse a los padres de tener a sus hijos segregados o discriminados. "Lo que nosotros hemos logrado gracias a estos centros y sus profesionales es muchísimo", relata.

Morilla trata de entender la postura del CERMI y defiende la integración y la incorporación de niños con discapacidad en colegios ordinarios: "Estoy a favor, me parece maravilloso, pero hay niños que necesitan una atención especializada y es imposible manejar la situación de otra manera". Explica que no es solo por una cuestión de adaptación del entorno, si no por una necesidad de especialización en el personal que hay en los colegios: "Mi hija requiere cinco profesionales dentro del aula, se necesitan muchos recursos para que todos los colegios tuvieran esas capacidades".

La madre de Lucía también recuerda la importancia de la vocación en los profesionales que trabajan en los centros de educación especial: "Yo entiendo que para tratar y atender a mi hija todos los días o tienes esa vocación o te tiras por la ventana". Sin una preparación especial y una capacidad determinada, es imposible integrar a los niños y poder conseguir llevar una clase con "normalidad", relata.

María (nombre ficticio) es maestra de Audición y Lenguaje en un colegio de educación especial de la Junta de Andalucía. Explica que no ve posible ejecutar la propuesta del CERMI tal y como está la situación de la Educación: "Los recursos son escasos, no hay monitores ni profesorado suficiente". Cree que los maestros de la educación ordinaria están capacitados para asumir la educación de alumnos con necesidades especiales, pero no cuentan con los recursos suficientes. "Trabajar con una ratio de 25 alumnos en la que se incluyan a niños con necesidades especiales es más difícil. Se necesitaría, como mínimo, a otro maestro y a un par de monitores", evidencia.

Morilla explica sus sentimientos ante la postura del Comité con una sola palabra: "Frustración". "El CERMI es una organismo que tendría que defender a toda la discapacidad y a los más vulnerables, pero nos está ignorando", denuncia.

En España hay 37.136 alumnos matriculados en centros de educación especial. El 59,6% cursan en los 191 colegios públicos, mientras que el 40% restante son atendidos en los 280 centros concertados. Para formarlos, hay 8.232 profesores, según los últimos datos del Ministerio de Educación. "Somos una minoría dentro de la población de la discapacidad. Aún así, pasan de nosotros y nos llaman segregadores, es surrealista", exclama Morilla.

El planteamiento de inclusión planteado por el CERMI y por la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, choca. "Hay que luchar por una única educación para todos los niños pensada en términos de cooperación en la que quepan todos",  reclama Martín, mientras que Escudero defiende que, en ocasiones, "la mayor inclusión se consigue adaptándose a las necesidades de cada persona con la educación especial".