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La España 'descuidada': dos CCAA no ofertan ni la mitad de plazas en residencias que aconseja la OMS

Canarias y Murcia tienen una cobertura del 2,1% y del 2,2%, respectivamente, sobre el total de personas de 65 o más años, frente al 5% recomendado

Una anciana en silla de ruedas mira la televisión en su residencia en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcon. REUTERS/Juan Medina
Una anciana en silla de ruedas mira la televisión en su residencia en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcon. REUTERS/Juan Medina

VICENTE CLAVERO

Las personas mayores, con quienes se está cebando el coronavirus, tienen en España unos niveles de cobertura social muy inferiores a los estándares internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, recomienda al menos cinco plazas residenciales por cada cien ciudadanos con 65 años o más y, sin embargo, aquí la media es del 4,1%. Dos comunidades (Canarias y Murcia) ni siquiera llegan a la mitad.

Según un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el año pasado había en España un total de 372.985 plazas en residencias geriátricas, para una población de 65 o más años que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifraba en 9.057.193 personas. Eso significa que sólo cuatro de cada cien mayores tenían sitio en ellas, en el supuesto de que las necesitaran, bien por su deteriorado estado de salud o bien porque sus familias no estuvieran en condiciones de prestarles una atención domiciliaria adecuada.

Sólo cuatro comunidades cumplían con la tasa de cobertura del 5% recomendada por la OMS: Castilla y León, con un 7,6%; Castilla-La Mancha, con un 6,9%; Aragón, con un 6,5%, y Extremadura, con un 6,2%. En cambio, no llegaban ni a la mitad Canarias, con un 2,1%; Murcia, con un 2,2%, y la ciudad autónoma de Ceuta, también con un 2,2%. Muy cerca de lo prescrito por la OMS estaban Navarra y La Rioja, ambas con un 4,8%, así como Cantabria y Asturias, con un 4,7% cada una.

En números absolutos, las comunidades con más plazas residenciales en 2019 eran Catalunya, que sumaba 62.015, y Madrid (48.768). Sin embargo, ninguna de las dos alcanzaba el 5% recomendado, debido a la cantidad de personas con 65 o más años que formaban parte de su población: 1.442.754 y 1.181.039, respectivamente. La proporción de plazas de Cataluña se situaba en el 4,3% y la de Madrid, en el 4,1%.

Se da la circunstancia, además, de que este sector se encuentra dominado por empresas privadas, que han entrado en él con el objetivo de sacar tajada de un boyante negocio. Las residencias de mayores movieron el año pasado casi 5.000 millones de euros, según datos proporcionados por la consultora DBK. La previsión es que esa cifra crezca, como consecuencia de la falta de plazas y de la elevada esperanza de vida de los españoles, que es la tercera más alta del mundo (83,1 años), sólo superada por Suiza (83,3) y Japón (84,2).

Las empresas privadas copan el 72,8% (es decir, casi tres cuartas partes) del total de las plazas ofertas en residencias de mayores. En las más importantes hay una fuerte presencia de capital extranjero, principalmente francés. Es el caso del líder del sector, DomusVi, que controla 140 residencias por toda España, con un total de 20.000 camas. Su accionariado se lo reparten el fundador del grupo, Ives Journel, una de las mayores fortunas de Francia, y el fondo británico IGC.

Por el contrario, las plazas de titularidad pública ofertadas sólo suponen el 27,2% (101.289 sobre un total de 372.985), proporción que cae al 23,5% en Madrid, al 22,9% en Galicia, al 22,4% en Andalucía, al 20,3% en Catalunya, al 19,9% en la Comunidad Valenciana, y nada menos que al 14,1% en Cantabria. De las 50.412 plazas residenciales para mayores creadas durante los últimos diez años, más de dos tercios fueron puestas en marcha por el sector privado.

Entre las plazas que éste gestiona, las hay que son financiadas total o parcialmente por la Administración (sobre todo la autonómica, que es la que tiene las competencias en la materia) y otras de titularidad pública que les son encomendadas en régimen de concierto. Según cálculos del propio sector, dicha actividad representa, por término medio, en torno al 40% de los ingresos de las empresas privadas del sector, es decir, más de 2.000 millones de euros en 2019.

Sólo en Andalucía, la última dotación aprobada para conciertos ascendía a 850 millones de euros , que van a parar directamente a manos privadas, incluyendo los propietarios de residencias de mayores (13.829 plazas), centros de día (5.288) y centros de noche (cuatro). En la Comunidad Valenciana el alcance de esta fórmula de "colaboración público-privada" es mucho menor: 2.087 plazas, con un coste de 77,2 millones en el periodo 2019/20.

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