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Residencias de mayores: un negocio de casi 5.000 millones, engordado con dinero público

Más del 40% de la facturación de los operadores privados procede de las administraciones. Grandes inversores internacionales, la mayoría de capital francés, se han afianzado en el sector

Sillas de ruedas y andadores apilados en una residencia de mayores. EFE/ Juanjo Martín
Sillas de ruedas y andadores apilados en una residencia de mayores. EFE/ Juanjo Martín

VICENTE CLAVERO

Las residencias de mayores, donde la crisis del coronavirus está causando auténticos estragos, son un negocio boyante que despierta creciente interés entre los inversores internacionales.

Todo apunta, además, a una evolución favorable en el futuro, al ser España uno de los países con más alta esperanza de vida en el mundo (algo más de 83 años), sólo por detrás de Suiza y Japón.

Según los últimos datos proporcionados por DBK, la facturación del sector creció en 2018 por cuarto ejercicio consecutivo, hasta alcanzar los 4.500 millones de euros, un 3,4% más que en 2017. Las previsiones de esa consultora, antes de que estallase la pandemia, eran que en 2020 se llegaría a los 4.850 millones, aunque está por ver hasta qué punto las actuales circunstancias lo hacen posible.

Buena parte del negocio de las residencias de mayores se nutre en España de las arcas del Estado. En concreto, un 41% de los 4.500 millones de euros de facturación de 2018 procedían de la gestión de plazas concertadas (1.370 millones) y de la gestión privada de plazas públicas (475). El resto (2.655) se obtuvieron de la gestión de plazas privadas puras, que los usuarios pagan íntegramente de su bolsillo.

La cuantiosa entrada de dinero público ha facilitado la expansión de las empresas, que en 2019 ofertaron 271.696 plazas en toda España, 42.000 más que hace diez años, según un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Eso supone casi tres cuartas partes del total, ya que las residencias dependientes de la Administración apenas pueden dar cabida a 100.000 mayores.

Lo más probable, según los expertos, es que la oferta privada siga creciendo, sobre todo si el Estado (y en particular las autonomías, que tienen la competencia en esta materia) no interviene directamente para reducir el déficit de plazas que ya hoy existe. El número óptimo es de cinco por cada cien habitantes de más de 65 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y España está en 4,3.

Los grandes inversores internacionales son conscientes de ese potencial y llevan tiempo tomando posiciones en un sector todavía bastante fragmentado, pese a la tendencia a la concentración detectada en los últimos años. Un informe de la consultora CBRE sostiene que los siete grupos con más plazas sólo copan un 17% del mercado, si bien es cierto que en 2014 tenían un peso todavía menor: el 9%.

Se da la circunstancia de que en esos operadores hay una creciente presencia de capital francés, que los expertos atribuyen no sólo al prometedor futuro que se augura a las residencias de mayores en España, sino también a que aquí la normativa es menos restrictiva. Ambas circunstancias, junto con la propensión de algunas administraciones a privatizar servicios públicos, hacen de nuestro país un terreno ideal para que esos inversores busquen nuevas oportunidades de negocio.

Una sanitaria atiende a un anciano alojado en una residencia en el barrio madrileño de Villaverde, mientras se procede a la desinfección de las instalaciones para evitar la propagación del coronavirus. EFE/Mariscal

El líder del sector es DomusVi, que tiene 140 residencias con 20.000 camas, además de 25 centros y hospitales de día, 18 centros de atención a la discapacidad, 11 centros de salud mental, dos complejos de apartamentos y dos centros sociocomunitarios. Está controlado por su fundador, Ives Journel, una de las mayores fortunas de Francia, y por el fondo británico ICG. Da trabajo a 21.000 personas.

DomusVi tiene una alta dependencia de las administraciones, que se materializa en convenios con 15 comunidades autónomas, 47 ayuntamientos, tres diputaciones forales, cinco diputaciones provinciales, un consell insular, un cabildo, ocho consells comarcales y dos mancomunidades. Ofrece plazas concertadas en 74 de sus residencias y gestiona de forma integral otras 16, pese a ser de titularidad pública.

El segundo puesto del ránking lo ocupa Orpea, filial del grupo francés del mismo nombre, que desembarcó en España en 2016 y que desde entonces ha crecido muy rápidamente a base a adquisiciones, como Atrevida (2012), Sanyres (2016) o Ecoplar (2018). Gracias a ello, cuenta actualmente con 53 residencias y centros de día, cuya capacidad total ronda las 10.000 plazas.

También está controlada por capital francés Amavir, fruto de la fusión de Amma y Adavir en 2017 y que forma parte del grupo Maisons Famille. Este es propiedad a su vez de la poderosa Association Familiale Mulliez, dueña también de multinacionales como Leroy-Merlyn, Alcampo o Decathlon. Amavir, con 42 residencias (6.223 plazas) y 41 centros de días (1.405) es el tercer operador de España.

Hay que bajar de ese nivel para encontrar a un grupo sin vínculos con Francia. Es el caso de Vitalia, que tiene detrás al fondo británico de capital riesgo CVC, presente en el grupo de alimentación Deoleo y en el grupo textil Cortefiel, entre otras sociedades españolas. Vitalia, que anteriormente perteneció a Portobello, cuya participación es ahora minoritaria, ofrece 6.600 plazas residenciales y 1.100 plazas diurnas en 40 centros de mayores.

Ballesol, Sanitas y La Saleta, esta última muy centrada en la Comunidad Valenciana, son otros destacados operadores de un sector en el que cada vez más inversores inmobiliarios están metiendo también la cabeza, con el fin de obtener para sus activos rentabilidades superiores a las ofrecidas por el mercado tradicional

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