La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves por 17 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones el informe elaborado tras la visita que una delegación parlamentaria realizó al Parque de Doñana en septiembre de 2018. El informe aprobado solicita, entre otros asuntos, el cierre inmediato de los pozos ilegales de la zona y que se "detengan lo pasos" del proyecto para almacenamiento de gas en el subsuelo.

Así, el informe parlamentario solicita "a las autoridades nacionales, regionales y locales y a la Autoridad del Agua del Guadalquivir que continúen trabajando juntos y fomenten el cierre de todos los pozos ilegales y que detengan de inmediato la extracción ilegal de agua existente". Pide además "la apertura de procedimientos de sanción pertinentes y efectivos contra los propietarios de estas infraestructuras".

También se solicita "una purificación más efectiva del agua que fluye hacia Doñana y que se reduzca la contaminación generalizada de la agricultura y el origen industrial". Señala que "no toda la agricultura en el área de Huelva es una amenaza para el Parque Natural de Doñana, sino la extracción ilegal e incontrolada de agua y un control continuo del agua que fluye hacia Doñana".

Con todo, el informe recomienda a todas las autoridades responsables que "trabajen juntas" para "suspender inmediatamente todos los permisos otorgados hasta que se resuelvan todas las irregularidades detectadas en la Evaluación de Impacto Ambiental.

Los diputados señalan su "profunda preocupación" ya que se aprobó una autorización parcial para desarrollar un proyecto privado para almacenar gas en el subsuelo de Doñana "sin solicitar una evaluación de impacto ambiental completa y holística que incluyera una evaluación sísmica y una evaluación de impacto combinada".

Recuerda además que "el proyecto no puede dividirse en cuatro subproyectos diferentes para evitar evaluar su impacto combinado". También se pide a la Comisión Europea "que evalúe todo el expediente e informe por escrito sobre la idoneidad de las evaluaciones de impacto ambiental".

Según un estudio realizado hace unas semanas por el grupo ecologista Greenpeace, el robo de agua y los pozos ilegales en España suponen un coste de 77 millones de euros en daños al patrimonio natural. Doñana es una de las zonas de España más afectadas por la sustracción de masas de agua. Tanto es así, que a principios de año Bruselas denunció al Estado por no proteger el valor ecológico de los humedales de este parque natural. 

"Poner fin" al proyecto del gas

Además, en otro párrafo solicitan "la retirada provisional de estos trabajos y que se detengan inmediatamente los pasos en el proyecto de gas para garantizar el respeto de los principios de prevención y precaución de la UE". Sugiere "que se tomen las medidas legales necesarias para poner fin a todo el Proyecto Marismas".

Entre los días 19 y 21 de septiembre de 2018, una delegación de diputados de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Doñana. Esta comisión estuvo presidida por el eurodiputado eslovaco Pal Csáky (PPE) y compuesta por el griego Miltiados Kyrkos (S&D), y el austriaco Thomas Waitz (Verdes/ALE), así como por los eurodiputados españoles Rosa Estarás (PPE), Soledad Cabezón (S&D) y Florent Marcellesi (Verdes/ALE).

Durante la visita se mantuvieron encuentros con denunciantes, autoridades de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz y del Ministerio para la Transición Ecológica y con organizaciones ecologistas como la Plataforma Salvemos Doñana, WWF y Ecologistas en Acción, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, responsables de Gas Natural Fenosa-Naturgy y otros afectados.

Fruto de esa visita se redactó un informe borrador que fue presentado formalmente el 20 de febrero en una sesión plenaria de la Eurocámara y se ha votado este jueves, a solo un mes de que se disuelva el parlamento para las elecciones europeas. Este borrador sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana reclamaba el cierre de pozos ilegales y una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los cuatro proyectos gasísticos.