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Agua El robo de agua y los pozos ilegales suponen 77 millones  de euros en daños al patrimonio natural

El 44% de las masas de agua subterráneas está contaminada y en riesgo de sobreexplotación, según la última investigación de Greenpeace.

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Balsa de riego ilegal construida en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. EFE/José Manuel Vidal

El robo de agua se ha convertido en uno de los delitos medioambientales con mayor impunidad en España. La sustracción de masas de agua para el riego está penada con multas cuantiosas e incluso con penas de cárcel, sin embargo, esta práctica no se persigue lo suficiente. Así lo detalla la última investigación de Greenpeace que advierte que en los últimos años sólo se han interpuesto 3.474 denuncias por pozos ilegales. Una cifra reducida, si se tiene en cuenta que, según los últimos datos oficiales, en el territorio español se contabilizan más de un millón de pozos sin autorización.

Así, el robo de agua en España, denuncia el trabajo de la organización ecologista, tendría un coste de 77 millones de euros en daños al patrimonio natural y al dominio hidráulico. La sustracción de masas de agua continentales, normalmente vinculada al riego agrícola, se ha convertido en una amenaza medioambiental seria, ya que la península ibérica es una de las zonas más áridas de Europa y el agua es un bien abocado a la escasez. Desde Greenpeace, señalan que la principal explicación de este problema es el "desgobierno".

Por ello, por el abandono del control de la calidad de las aguas, Bruselas sancionó el pasado mes de enero a España. Concretamente por no proteger el humedal de Doñana, un lugar considerado patrimonio de la humanidad, que está amenazado por la sustracción de agua de los agropiratas que cultivan frutos rojos en los campos de Huelva.

En cualquier caso, Julio Barea, responsable de la investigación del grupo ecologista, explica que los datos del robo de agua en España podrían ascender "si tuviéramos acceso a las cifras reales". Y es que, los últimos datos públicos facilitados por el Gobierno datan de 2006, por lo que el más de un millón de pozos ilegales podría haber aumentado desde entonces.

Este baile de cifras se constata con las cifras del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España (Coimice), que estima que los pozos ilegales superan con creces el millón y detalla que 70% de los pozos que se construyen de manera ilegal.

El 44% de las masas de agua subterráneas se encuentra en mal estado debido a su contaminación y a su sobreexplotación

Luchando contra esta falta de transparencia, Greenpeace ha establecido un ranking de las confederaciones con mayor número de denuncias tramitadas. De esta forma, la del Guadalquivir se sitúa a la cabeza con 963 diligencias en periodo de investigación, seguida de la Confederación del Tajo (con 703), la del Ebro (608), el Guadiana (583) y el Duero (385). La lista la cierran las confederaciones hidrográficas del Miño y del Segura con 114 y 113 denuncias registradas respectivamente.

Además del robo de agua, Greenpeace denuncia que en España el 44% de las masas de agua subterráneas se encuentra en mal estado debido a su contaminación y a su sobreexplotación económica.

"Las previsiones de cambio climático para la península auguran un descenso significativo de las precipitaciones y de disponibilidad de agua en superficie. Será entonces cuando haya que aprovechar las aguas subterráneas. Pero dado el descontrol y desgobierno en la gestión de estas aguas, podemos encontrarnos con que ya no tengamos agua en los acuíferos y que la que quede esté contaminada", explica Barea.

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