La Fiscalía del Supremo pide desestimar el recurso del Pequeño Nicolás contra la sentencia por hacerse pasar por alto cargo

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha desestimado este viernes las alegaciones de Francisco Nicolás Gómez Iglesias en su recurso de casación a la sentencia por el que había sido condenado a tres años de cárcel. El conocido Pequeño Nicolás se había hecho pasar por un alto cargo y enlace de la Vicepresidencia con la Casa Real para reunirse con el presidente de Alsa en su viaje a Ribadeo en agosto de 2014.

El Ministerio fiscal ha considerado que en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid no hay constancia de lesión en la tutela judicial porque ofrece una amplia respuesta, profundamente motivada, a las pretensiones del recurrente. Por ello, el órgano público ha pedido desestimar el alegato del condenado porque "se arrogó ilegítimamente una función pública existente, la de colaborador de la Real Casa en su función de relacionarse institucionalmente con otras entidades", a la que se añade la de "asesor de la Vicepresidencia" vinculada con la Casa Real.

La Fiscalía considera que no hay lesión en la tutela judicial del Pequeño Nicolás

La Fiscalía también recuerda que el Pequeño Nicolás expresó su condición como colaborador oficial, "por lo que sin duda realizó el elemento del tipo consistente en llevar a cabo actos propios de la función pública ilegítimamente asumida".

La Sección 17 de la Audiencia provincial impuso en julio de 2017 al Pequeño Nicolás una pena de nueve meses de prisión como autor de un delito de usurpación de funciones públicas con las atenuantes de anomalía psíquica y dilaciones indebidas. A la condena se sumaron otros dos años y tres meses de cárcel por cohecho activo, apreciando las mismas atenuantes.

La Fiscalía pide que se desestime el alegato del policía

La Fiscalía ha aclarado que el acusado "carecía indudablemente de la condición de colaborador" de la monarquía o del Gobierno, y que su actuación representó "en contra de lo que se alega por el recurrente en el motivo la realización de actos propios de la función pública que ilegítimamente asumió".

"Podemos afirmar, por tanto, que todos y cada uno de los elementos del tipo cuya supuesta ausencia denuncia el motivo, se encuentran claramente presentes en la conducta del acusado. En efecto, la conducta del acusado, en contra de cuanto se afirma por el recurrente en el presente motivo, fue persistente, llevando a cabo varias actuaciones falsarias, secuencialmente concatenadas", añade.

El Ministerio público también ha considerado que el alto tribunal debe desestimar también el recurso presentado por el funcionario de la Policía Municipal de Madrid, que fue contratado por el acusado para la realización del servicio de escolta del convoy en el viaje a Ribadeo.

El municipal madrileño fue condenado por un delito de cohecho pasivo a tres años de prisión y a una multa de un año con una cuota diaria de cuatro euros. También se añadieron dos penas de inhabilitación especial: una para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante tres años y otra para el empleo de policía durante siete años.

El alegato del Pequeño Nicolás

Francisco Nicolás explicó durante el juicio que su objetivo no era fingir que era una autoridad oficial sino la de aparentar su imagen como "una persona importante" para impresionar al presidente de Alsa, Jorge Cosmen. "Quería tirarme al pisto", dijo. Por su parte, el empresario afirmó que el Pequeño Nicolás empleó el término de "enlace" entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real.

La Audiencia Provincial también tuvo en cuenta la declaración del jefe de la Policía Municipal de Ribadeo. El funcionario señaló que había recibido una llamada telefónica solicitando "escolta" para la comitiva que acompañaría a la autoridad que visitaría la localidad gallega. El joven, de entonces 19 años de edad, fue recibido por patrullas policiales que le guiaron hasta el Club Naútico donde se reuniría con Cosmen.

El Pequeño Nicolás fue absuelto del delito de falsedad en documento público cometido por particular del que se le acusaba por, presuntamente, haber fabricado unas acreditaciones falsas del Ministerio de Interior para colocar en los coches de alta gama que alquiló para simular esa comitiva oficial.