Hasta ahora nada se sabe sobre el informe que el Tribunal Supremo debe enviar al ministerio de Justicia como parte del expediente de indulto para Juana Rivas. Fuentes del Alto Tribunal han afirmado a Público este miércoles que aún no se ha recibido el informe que tiene que elaborar la Fiscalía de dicho tribunal en relación al indulto, paso previo para que el tribunal elabore el suyo. Tampoco han confirmado si éste será favorable o contrario a la medida de gracia. 

La ley de indulto marca que el tribunal sentenciador (en este caso el Supremo, por ser el último que la condenó) debe iniciar el trámite, recabar los informes de las distintas partes y emitir un informe propio con una recomendación. Según la norma, si el informe del tribunal es negativo a la medida de gracia, el Gobierno no puede conceder al condenado un indulto por el total de la pena, sino sólo uno parcial. Sin embargo, la norma no especifica qué se entiende por "parcial", ni estipula una cantidad de condena que se deba haber cumplir para que se le pueda conceder un indulto por el resto de la pena.

Tal como explica a Público el abogado Daniel Amelang, perteneciente a la Red Jurídica Cooperativa, "la ley dice que si el tribunal sentenciador se opone al indulto, éste solo podrá ser parcial. Pero ¿qué es un indulto parcial?. Menos de la totalidad. Si la condena fue de dos años y seis meses y ha cumplido un mes de prisión, le podrían conceder un indulto por los dos años y cinco meses que quedan. Esto sería un indulto parcial, no total, pero sería por lo que le resta de condena". Esta medida de gracia también podría incluir el perdón de los seis años de privación de la patria potestad a la que fue condenada por un delito de sustracción de sus hijos.

"Parcial es menos de la totalidad y con que le quiten un poco de esa totalidad porque ya la ha cumplido, bastaría para que la indulten por todo lo que le queda de pena", añade Amelang.

Juana Rivas lleva desde el pasado día 11 de mayo cumpliendo condena, cuando ingresó voluntariamente en el Centro de Inserción Social "Matilde de Cantos" de Granada. Cinco días después instituciones penitenciarias le concedió el tercer grado para que cumpliera la condena en su domicilio con un control telemático y la obligación de presentarse a firmar en el CIS una vez a la semana y la prohibición de salir de su localidad.

Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, confía en que el informe del Supremo sea favorable al indulto, pero reconoce que incluso siendo desfavorable, la decisión del Gobierno podría ser anularle todo lo que le queda de condena. ¿Por qué es importante este hecho? Porque si Rivas no obtiene un indulto amplio (es decir, que elimine la pena de prisión y la privación para ejercer la patria potestad) no tendrá opciones a que el tribunal de Cagliari (Cerdeña) que está decidiendo sobre la custodia de sus hijos falle a su favor.

Según fuentes de la defensa de Rivas, si no está en la audiencia italiana el próximo día 16, si no tiene el indulto, significa que está inhabilitada para la patria potestad. Esto no impediría que se le puedan conceder visitas, pero si la custodia de los menores e incluso la posibilidad de presentar recursos en el proceso judicial que se sigue en Italia. 

De hecho, sin el indulto, Rivas ni siquiera podrá estar presente en el último juicio en Italia, aplazado una semana a petición de las abogadas de Rivas en aquel país y que se celebrará el próximo 16 de julio. La ley establece que no se pueden conceder permisos antes de que se haya cumplido una cuarta parte de la condena, por lo que tanto el juez que la sentenció en primera instancia, como el juzgado de vigilancia penitenciaria han denegado la posibilidad de que Rivas pueda viajar a Italia.

Por eso sus abogados confían en que el Gobierno acuerde su indulto en el próximo Consejo de Ministros del día 13 de julio, ante la dificultad de conseguir un nuevo aplazamiento de la vista en Italia.

Múltiples informes

El tribunal Supremo tiene ya sobre la mesa parte del expediente del indulto. Entre ellos está informe de la parte contraria, Francesco Arcuri, que se opone a la medida de gracia. Pero también el de lo servicios sociales de Maracena  (Granada) y el elaborado por la Guardia Civil, que hace un informe de la situación de Rivas y su entorno. 

En los últimos días, una serie de informes han saltado a los medios de comunicación. Tanto el juez Manuel Piñar, que la condeno en primera instancia y quien dictó el auto de entrada en prisión, como un fiscal de Granada, se oponían al indulto con duros términos. Sin embargo, la fiscalía de Granada zanjó el pasado viernes la validez de dichos documentos asegurando que "la competencia para la tramitación del expediente de indulto de Juana Rivas es del Tribunal Supremo" y de la fiscalía de dicho tribunal. En la nota, la fiscalía "traslada al juzgado de lo penal nº1 de Granada que es incompetente para tramitar sobre el expediente de indulto".

Los malos tratos por investigar

La corte de de Apelaciones de Cagliari decidió en noviembre pasado anular el juicio y la pericia que se había realizado en relación a la custodia de los menores e iniciar una nueva pericia que decidiera qué progenitor era más idóneo para tener la custodia de los niños. El inicio de esta pericia estuvo motivada por la comparecencia del hijo mayor de Rivas en el tribunal y la aportación de pruebas e informes médicos de organismos oficiales que atestiguaban que los hijos de Rivas podían estar sufriendo malos tratos "graves". 

La fiscalía de Cagliari tiene sobre la mesa aún cinco denuncias presentadas por Rivas por supuestos malos tratos por parte Arcuri contra sus hijos, pero tal como afirman fuentes de la defensa de Rivas, las investigaciones están prácticamente paradas. En febrero pasado la fiscalía decidió archivar seis denuncias por malos tratos que Rivas presentó hasta 2018, incluida la que puso contra Arcuri por malos tratos hacia ella en Granada en 2016, que nunca fue investigada ni vista en ningún juzgado.

El hecho de los malos tratos que denunció Rivas desde 2016 y las denuncias de los posibles malos tratos por parte de su expareja hacia sus hijos no hayan sido nunca parte del proceso judicial ha marcado el devenir de las decisiones. Tal como afirma su abogado, Carlos Aránguez, "esta omisión ha viciado todo el proceso que se sigue en España e Italia". El letrado recuerda que desde 2016 tanto Juana Rivas como sus dos hijos estaban considerados como víctimas de violencia de género por organismos oficiales, "aunque este aspecto no se tuvo en cuenta".

Entre la documentación que tiene sobre la mesa el tribunal de Cagliari y la fiscalía italiana hay tres informes de salud mental de Artafe (Granada) realizados en entre 2019 y 2020 en el que se alerta de que los hijos de Rivas podrían estar sufriendo "malos tratos graves". Los informes alertan de un serio deterioro del estado de salud mental del hijo mayor. Tal como establece la ley, dichos informes fueron enviados a los servicios sociales de Granada y a la Fiscalía de menores de dicha provincia, sin que se hayan tomado medidas. También hay informes de hospitales públicos italianos que advierten de que los menores podrían estar sufriendo malos tratos. 

Lo curioso, afirman fuente de la defensa de Rivas, "es que la investigación penal sobre los posibles malos tratos no avance, mientras la parte civil continúa. Es una práctica habitual en los procesos judiciales que primero se investiguen los posibles delitos y luego la parte civil y la decisión de custodias. Es como comenzar la casa por el tejado".