La sanidad pública, que vive en constante amenaza, ha llegado al Consejo de Ministros. La gratuidad y la universalidad, pilares del servicio nacional de salud, han perdido capacidad tras varias reformas iniciadas desde Moncloa por los gobiernos de Mariano Rajoy y Jose María Aznar como desde la gestión conservadora de varias comunidades autónomas. 

Tras muchas vueltas, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un anteproyecto conocido como ley de equidad sanitaria que pretende hacer algunas reformas en el sistema nacional de salud, pero que ha cosechado comentarios críticos desde asociaciones en defensa de la sanidad pública y desde algunas facciones de Podemos, aliado del PSOE en el Gobierno de Moncloa.  

El Anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso Público, refuerza el sistema público de salud pero deja abierta la puerta a más privatizaciones y no blinda al 100% el concepto de universalidad, el cuál se perdió con el Gobierno de Rajoy y el PSOE ha restaurado, aunque no de forma completa. 

Como puntos positivos, el copago de las recetas farmacéuticas queda desactivado y se reduce el lenguaje privatizador que el Ejecutivo de Jose María Aznar implementó con la Ley 15/1997, pero no protege plenamente a la sanidad pública de posibles acuerdos para que la empresa privada gane terreno.

Las "puertas entreabiertas" para las privatizaciones

"De forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud, las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y para la prestación de servicios sanitarios, podrán establecer conciertos", reza el anteproyecto, que apunta que habrá que justificar para conciertos privados "la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones". 

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) apunta a que con esta reforma "no se blinda la provisión pública, porque sigue abriéndose el paso a modelos privados que se dice serán "excepcionales" sin que se fijen criterios concretos para esa excepcionalidad ni sistemas efectivos de control de la misma, y es bien conocido cómo algunas de las comunidades utilizan estas puertas entreabiertas para una barra libre para privatizar el sistema sanitario. Se trata pues de una declaración de buenas intenciones, de marketing político, de difícil y poco probable cumplimiento", declaran.

Desde Podemos las críticas a esta ley han venido desde Andalucía. Juan Antonio Delgado, candidato de Por Andalucía al parlamento para las elecciones del 19-J, ha declarado este martes que "si en el trámite parlamentario no hay una modificación que limite la privatización de la sanidad, esta ley no va a salir".

Mejoras incompletas para la universalidad de la sanidad

Em 2012, el Partido Popular arrancó al sistema nacional de salud español su carácter universal, aunque el PSOE ha elaborado pequeñas mejoras paulatinas. Los migrantes sin recursos quedaron exentos de la sanidad pública y solo en este sentido, REDER ha documentado hasta 5.000 casos de migrantes a los que se les ha pasado factura por ser atendidos en hospitales y centros de salud. 

Muchos españoles migrantes también fueron privados de su derecho a la sanidad pública, y es en este tipo de situaciones en las que el nuevo anteproyecto del PSOE enmienda la gestión de la derecha. 

Desde la plataforma Yo Sí Sanidad Universal alegan que "el texto tiene los mimbres para acabar con al exclusión de los padres y madres de personas españolas o con permiso de residencia y para acabar con la exclusión de personas en situación irregular, pues no las confunde con las personas en estancia". 

Sin embargo, los migrantes en situación irregular quedan igual de desprotegidos, por lo que no se puede hablar de sanidad gratuita y universal al 100%. Esta ley "no otorga tarjeta sanitaria a todas las personas que residen en el territorio, y sigue dejando al arbitrio de las comunidades la forma de incluir a los que no pueden tener esta tarjeta, lo que nos preocupa porque hay comunidades como la de Madrid, que hacen lecturas y oposición partidista con la sanidad", alegan desde la asociación.

Tal y como se puede leer en el anteproyecto, los migrantes deberán presentar u informe que será evaluado para posteriormente cargarles o no el gasto generado por la atención sanitaria: "Será preceptivo un informe previo favorable que acredite su voluntad de residir en España emitido por los servicios sociales competentes de las Comunidades Autónomas. (...) En cualquier caso, la asistencia se prestará con cargo a los fondos públicos desde el momento de la presentación de la solicitud, sin menoscabo de que posteriormente, al resolverse el procedimiento administrativo, se deba gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado al pago", se puede leer en el documento.