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De Lucía Pérez a Marcela Mendoza: cinco casos de "justicia patriarcal" en Argentina

El movimiento feminista denuncia que las sentencias de casos en los que las víctimas son mujeres están regidas por el poder judicial patriarcal, que invisibiliza a la víctima y protege al agresor.

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La familia de Lucía Pérez, la joven violada hasta morir en Mar del Plata, Argentina.- EFE

Drogada, violada y asesinada. El 8 de octubre de 2016 Lucía Pérez aparecía muerta, según señaló la fiscal, por un paro cardíaco producido por un empalamiento por vías vaginal y anal, en la ciudad costera de Mar del Plata, Argentina. Tenía vidrios dentro del cuerpo. Su caso impulsó el primer paro nacional en Argentina contra los femicidios, el 19 de octubre del mismo año.
Dos años después, la sentencia del 26 de noviembre de 2018 absuelve a los acusados de los delitos de abuso sexual y asesinato a la joven de 16 años.

Ahora, para los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, Pérez únicamente mantuvo relaciones sexuales "consentidas" con Matías Farías, uno de los acusados. Ahora la sentencia indica que la joven murió de sobredosis y no por empalamiento. La cadena perpetua solicitada se convirtió en una condena de ocho años de cárcel y una multa de 135.000 pesos —3.214 euros aproximadamente— por venta de drogas a menores para Farías y Pablo Offidani.  En cambio, Alejandro Maciel queda absuelto.

Argentina se encuentra desconcertada; el movimiento feminista, indignado. La sentencia también define a Lucía con una personalidad lejana de ser "sumisa" y niega que fuera "fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento". "El caso de Pérez ha sido tratado con aires totalmente misóginos, cargados de palabras machistas y frases retrógradas", señala a Público Helena Klachko, comunicadora del magazine argentino NotiTrans.

Juicios contra la víctima

El 14 de noviembre de 2012 el Congreso de la Nación de Argentina sancionaba la Ley 26.791, que tipifica como delito el femicidio como causal autónoma del homicidio agravado, perpretado por un hombre contra una mujer y mediante violencia de género.

"Estamos ante un poder judicial patriarcal, androcentrista y clasista", denuncia Silvina Perugino, abogada argentina. En la década de 2008 a 2017, se cometieron 2679 femicidios y 3378 hijas e hijos se quedaron sin madre. En este marco, el caso de Lucía Pérez no ha sido el único que presentaba en unos inicios signos de violencia machista y terminó con la absolución de los acusados o, en los mejores casos, con la reducción de su condena.

"El poder judicial tiende a negar que son femicidios y esto nos genera mucho repudio a las feministas. Se vuelven juicios contra la víctima", insiste Klachko. La magistrada señala que ese carácter patriarcal de los jueces deriva en la invisibilización de los crímenes machistas y en que los delitos donde la mujer es la víctima pasen a ser un asunto secundario.

"Esta ausencia de perspectiva de género hace que, cuando una víctima se defiende, se le aplique todo el valor de la ley, mientras sus agresores quedan impunes", agrega. Así sucedió en el caso de Eva de Jesús, "Higui", que permaneció presa durante nueve meses, condenada por homicidio simple, por matar con un cuchillo al hombre que estaba intentando violarla, mientras varios hombres la golpeaban, atacándola por ser lesbiana. En junio de 2017, a sus 43 años, consiguió la excarcelación extraordinaria.

"Hay abogados muy buenos en causas penales que no tienen perspectiva de género, y se dictan sentencias completamente misóginas", denuncia Perugino, quien reclama que no basta con leer los tratados internacionales, como la CEDAW; también se trata de hacer un trabajo de perspectiva de género por parte de los profesionales que participan en este tipo de casos. "Estos tratados no son suficentes para lograr un cambio de paradigma social; sólo sirven para poner un parche al rigor patriarcal que nos rige", concluye."Basta de proteger al abusador"
La comunicadora de NotiTrans reivindica un periodismo no machista. Recalca que, en los casos de femicidios, los medios de comunicación publican los detalles más escabrosos del asesinato de la mujer, su nombre y sus fotos; mientras el agresor y el violador permanecen en una incógnita. "Se les pixela la cara y se les identifican con sus iniciales. Basta de proteger al abusador", agrega.

Fue el caso de Nahir Galarza, que fue recientemente condenada a cadena perpetua por el asesinato de su exnovio, Fernando Pastorizzo. "La joven sufría violencia de género por parte del chico, pero esa parte quedó invisibilizada", señala. A cadena perpetua fue también condenada Marcela Mendoza, por homicidio agravado, cuando en 2015 su exnovio Eduardo Gómez fallecía tras incendiarse el coche en el que se encontraban ambos. Ella consiguió escapar. La Justicia no tuvo en cuenta la declaración de Mendoza, ni las denuncias por violencia de género que había presentado previamente. En el caso de Mendoza, Perugino insiste en que la víctima "es una mujer desesperada que sufría violencia machista y se defendió".

"El poder judicial no reconoce la asimetría de poder, ese lugar de sugestión de las mujeres. En estos casos, los varones ejercen un poder desmedido y violento sobre el cuerpo de las mujeres", continúa la abogada.

La víctima nunca es la culpable

"Se agarran a cualquier cosa para culpar a la mujer. Nos preguntan qué llevábamos puesto, con quién nos juntábamos, por qué estábamos por esa zona a esa hora", insiste Helena, para reivindicar que la víctima nunca es la culpable, destacando la importancia del lenguaje en los medios de comunicación.

En septiembre de 2014, Melina Romero , de 17 años, apareció en una bolsa negra llena de piedras. "Nos drogaron, abusaron de nosotras y cuando Melina murió tiraron su cuerpo al arroyo",  declaró una amiga de la víctima. La condición del acusado, Joel Fernández, "Chavito", sí se tuvo en cuenta a la hora de la condena, según explicó la madre de la víctima: 13 años de cárcel.

Las feministas insisten en la necesidad de un poder judicial con perspectiva de género. "Cuando una mujer vuelve con el hombre tras un episodio de violencia, los jueces no abordan el caso con la formación suficiente; no entienden lo que significa el círculo de violencia", insisten, "es una decisión política".

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