Un total de 62 organizaciones han presentado este martes la plataforma Pro Derechos para reclamar que se protejan los derechos de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Según han afirmado en rueda de prensa este martes durante la presentación de esta iniciativa, desde que se aprobó la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción de embarazo en 2010, más de 8.000 mujeres "se ha visto increpadas, insultadas, coaccionada o amenazadas de algún modo" a las puertas de las clínicas habilitadas para la interrupción del embarazo.

Un cálculo que las propias organizaciones consideran conservador y que cifran en "más unas 100 acciones de acoso y hostigamiento anuales". "Acoso los hemos tenido siempre. Lo que ocurre es que desde la aprobación de la ley del aborto han ido en aumento, y últimamente mucho más", afima José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI).

Denuncian que todas estas acciones son realizadas por grupos utracatólicos con total "impunidad", "ocupando espacios públicos" y con la connivencia de las administraciones. 

La plataforma realiza esta denuncia en la víspera del inicio de una acción "40 días por la vida" que estos grupos han lanzado a nivel internacional entre el 25 de septiembre y el 3 de noviembre, una vigilia de oraciones frente a las clínicas que en España tendrá su epicentro en la mítica clínica Datos de Madrid, pero a la que se han sumado grupos antiderechos de diversas ciudades.

"No se trata sólo de estos 40 días", explica Sonia Lamas, activista de Enclave Feminista, "sino que reclaman estos 40 días dentro de los 365 días al año que acosan a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y a las que trabajan en las clínicas". "La impunidad y la falta de consecuencias que tiene este acoso anima a los grupos a continuar con sus acciones", añadió.

Tal como explican las organizaciones de la plataforma, entre las que figuran la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Católicas por el Derecho a Decidir, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), varios sindicatos, ente otras; "en nuestro país estos grupos vulneran la legislación vigente y no ocurre nada". 

"Se están incumpliendo de forma sistemática las ordenanzas municipales. Se incumple el derecho una la prestación sanitaria, porque hay una obligación de dar una prestación sanitaria con una calidad mínima, y se produce un grave atentado a la intimidad y a la integridad moral de las mujeres", explica Bosch, que resalta que los ataques de los grupos ultra van dirigidos específicamente contra las mujeres que intentan abortar y hacia las trabajadoras de las clínicas de interrupción del embarazo.

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"Una mujer que va a abortar (que probablemente no se lo ha dicho a nadie), se encuentra con energúmenos en la puerta de la clínica que le gritan que es una asesina, que le dicen que lo que va a hacer es una barbaridad... que no lo haga que la van a ayudar, que le ponen un muñequito en la mano diciéndole que eso es lo que va a matar...", relata Bosch y se pregunta: "¿Se puede perseguir? Pues en la actualidad es un problema, porque que existen los delitos y se incumplen leyes es un hecho, pero conseguir que eso lo condene un juez, es difícil".

Otro problema, explican desde las organizaciones, es que muchas administraciones no se han ocupado de formar e informar a los servidores públicos. "Nos hemos encontrado casos en los que algún policía ha preguntado que si es legal el aborto. Esto no se puede consentir. Los servidores públicos se tienen que saber la ley al dedillo. Se niegan a identificar a nadie y dicen que es libertad d expresión. Pero no lo es, porque tu libertad termina donde empieza la mía y si me llamas asesina es un delito. Hace falta una conciencian de toda la sociedad y una demanda de la sociedad a la administraciones para no tolerar estas dejaciones", explican.

Cambio legal

La plataforma que que se acaba de presentar pide un cambio legal y que este tipo de conductas que se realizan contra el derecho al aborto de las mujeres sea tipificado como un delito específico, tal como ocurre en Francia, en donde la ley llega a castigar "con dos años de cárcel y 30.000 euros de multa el hecho de impedir o tratar de impedir la práctica y obtención de información sobre una interrupción voluntaria del embarazo", explican. Esta prohibición no sólo rige para las manifestaciones a las puertas de las clínicas (prohibidas en el país vecino mediante una zona de seguridad), sino también a medios electrónicos o a la difusión o transmisión de información que sea falsa o que pueda intencionadamente inducir a error.

"Lo que solicitamos es que para que no se de el acoso y el hostigamiento en las puertas de las clínicas, se tomen medidas concretas, porque lo que tenemos ahora no sirve. Contamos con un delito de injurias y de coacciones en el código penal, pero que no sirven para estos casos. Porque las injurias requieren la denuncia de la ofendida y las coacciones no, pero exige que la mujer esté presente en los procedimientos judiciales", explica Cristina Colom, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "Esto no es viable. No se puede pretender que las mujeres sean heroicas. Pocas lo van hacer".

Además, explica esta jurista, "nos encontramos con el criterio subjetivo que afectan a la aplicación de la ley. Porque determinar lo que es una coacción pasa por la visión subjetiva del propio juez. Si se tipifica, como hace la ley francesa, como un delito específico el hecho de impedir la práctica de un derecho como el aborto, así como la obtención de información sobre el mismo, sería más fácil y evidente la necesidad de una condena", añade Colom.

"Los delitos de los que hoy hablamos: de injuria, calumnias, humillaciones e incluso de lesiones, exigen denuncia de la víctima y sólo son perseguibles si la víctima quiere. Sin embargo, si se tipifican como delitos públicos, será intrascendente que la victima quiera o pueda denunciar o perseguirlo. Pero estamos hablando de una conducta más amplia, de considerar delito a todo aquel que en las cercanías de las clínicas trate de hostigar, incidir o transmitir información falsa, como en el caso francés, lo que traslada el delito a las webs", afirma Bosch.

"De lo que estamos hablando", abunda Bosch, es de que hay unos ciudadanos y ciudadanas que como su moral es contraria a una ley y no pueden derogarla, quieren imponer su moral. Ese es el conflicto de fondo. Educarles en que su moral es algo privado y que no pueden imponerla al resto de los ciudadanos, es complicado y responsabilidad de las administraciones. Cuando esto lo vemos en la televisión en los países árabes, lo llamamos fundamentalismo", concluye Bosch.

Los miembros de la plataforma explican que se han reunido con diversas fuerzas políticas para trasladarles sus exigencias y el hostigamiento que viven a diario las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y las trabajadoras y trabajadores de las clínicas que los practican. Tanto el PSOE, como Ciudadanos y Unidas Podemos han mostrado su disposición a estudiarlo", aunque el cambio legislativo supondría modificar una ley Orgánica para lo que se requiere una mayoría parlamentaria, difícil de conseguir en la coyuntura actual, reconocen.

"El PP directamente no nos respondió ni se quiso reunir. Lo sorprendente es que los distintos grupos políticos mostraron su sorpresa y desconocimiento ante esta situación, lo cual hace que estas actuaciones son muy necesarias", explican miembros de la plataforma.

Este miércoles, la plataforma Pro Derechos ha llamado a una concentración de una hora a las puertas de la clínica Dator de Madrid bajo el lema #AbortoSinAcoso. La cita será entre las 12.30 y las 13.30. Con ella quieren contrarrestar el inicio de la acción de los grupos ultracatólicos que ese mismo día comienzan su vigilia "40 Días por la Vida".