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Las mentiras de Casado No, el PP no redactó ni impulsó la ley contra la violencia de género como asegura Casado

Las falsedades y mentiras de Pablo Casado en la precampaña electoral parecen haberse convertido en una norma. La última de ellas fue afirmar en una entrevista en TVE este lunes que su partido había sido el artífice de Ley contra la violencia de género.

Pablo Casado durante la entrevista en TVE / EFE

marisa kohan

Las falsedades y mentiras que está utilizando el presidente del Partido Popular durante la precampaña electoral parecen no tener límites. Casi ningún tema se queda en el tintero, pero los que afectan a las mujeres están teniendo un especial protagonismos en sus discursos y entrevistas. Entre ellas, la necesidad de volver a la ley de supuestos del año 85 en tema de aborto , porque según él fue la que obtuvo "un amplio consenso" o la afirmación que para mantener las pensiones hay que repensar la ley del aborto.  Ahora le ha tocado el turno a la Ley Integral contra la violencia de género.

En una entrevista emitida este lunes en la 1 de TVE, Pablo Casado se jactó de que el PP fue "el primer partido de España en lanzar una ley contra la violencia de género en el 2004. Luego se aprobó unos meses después pero la redactamos nosotros”.

​La realidad es que esta ley había sido largamente pedida por las organizaciones de mujeres a lo largo de varios años, especialmente desde el dramático asesinato de Ana Orantes en 1997 a manos de su expareja. Tal como relatan alguna de la protagonistas de esta presión, las organizaciones feministas se reunieron con los candidatos de las distintas formaciones políticas antes de las elecciones generales del año 2000, solicitando a los cabezas de lista que, si llegaban al la Moncloa, se comprometieran a impulsar una ley integral contra este tipo de violencias.

Tanto José María Aznar como el candidato del PSOE en esos comicios se mostraron favorables a impulsar la ley integral. Sin embargo, tras el triunfo del Partido Popular en esas elecciones, el tema de la ley quedó enterrada y no cumplió con la promesa. 

En el año 2001 la entonces secretaria de Igualdad del partido Socialista, Micaela Navarro, recogió la reivindicaciones de las organizaciones feministas y el 11 de diciembre presentó un anteproyecto de ley que fue votado en el Congreso en septiembre de 2002. La propuesta consiguió los votos afirmativos de los 151 diputados de la oposición y fue tumbada por 165 votos negativos de los populares, que se quedaron solos en el rechazo.

La propuesta ya planteaba cuestiones como la prevención de la violencia, haciendo un énfasis especial en aplicar medidas para corregir al máximo las desigualdades históricas que sufrían las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En su defensa de la proposición de ley, Navarro afirmó que se precisaba una ley integral, "porque las medidas parciales del Gobierno han demostrado ser ineficaces". Navarro echó en cara a Aznar que, a pesar de haberse comprometido aponer en marcha esta ley si era presidente, no había cumplido su promesa.

Durante ese debate parlamentario, Aznar replicó al PSOE que se necesitaban "medidas concretas y mejorar situaciones concretas para ayuda a las mujeres maltratadas, porque las leyes genéricas no resuelven las cosas y la demagogia partidista mucho menos".

Compromiso de Zapatero

Durante la campaña electoral de 2004, las organizaciones feministas prosiguieron su lobby para la aprobación de una ley integral. En esas elecciones, en el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió públicamente a que si ganaba las elecciones, la primera norma que su Gobierno impulsaría, sería la una integral contra la violencia de género, que prácticamente había ya sido redactada por las organizaciones de la sociedad civil y que estaba en borrador en el proyecto de ley tumbado en el Congreso.

La ley, finalmente se tramitó el 25 de junio y recibió el apoyo de todas las formaciones políticas en ambas cámaras y entró en vigor el 22 de diciembre de 2004. 

Fue una de las leyes más contestadas de la historia ante el Tribunal Consitucional, que recibió cerca de 200 alegaciones de inconstitucionalidad. De ellas el alto tribunal admitió a trámite 127 principalmente dirigidas a dirimir la validez de las modificaciones del artículo 153.1 del Código Penal, que permitía incrementar las penas en caso de que el hombre fuera el agresor y la mujer la víctima.
Cuatro años después, en mayo de 2008, el TC avaló la ley con siete votos a favor y cuatro en contra.