Miles de madrileños, en riesgo de quedarse sin casa por las políticas de Almeida

Miles de vecinos de Madrid corren el riesgo de ser expulsados de sus casas, a pesar de haber pagado cada una de las letras de sus hogares. En los años 90, el Ayuntamiento decidió poner en marcha un proyecto enfocado a la construcción de viviendas sociales y cedió suelo en varios barrios de Madrid para implantar el llamado Plan 18.000. Ahora, cerca de que expire el contrato de protección para las familias, el equipo de José Luis Martínez-Almeida pretende vender las parcelas a un precio que sólo una minoría adinerada podría asumir.

La plataforma de afectados por el nuevo pliego ha reclamado al Gobierno municipal una solución para poder ser propietarios de pleno derecho del suelo que alberga sus casas antes del último pleno del próximo 25 de abril. Y, ante la inacción de las autoridades competentes, convocó una nueva concentración el pasado sábado en la Plaza de Cibeles, entre las 11.00 y las 13.00 horas.

Las condiciones pactadas en el programa urbano establecían que los vecinos serían dueños sus domicilios durante los primeros 75 años, pero no así de la parte correspondiente al territorio edificado. A lo largo de los años, el Gobierno local propuso en más de una ocasión vender las parcelas a los residentes. Sin embargo, la oferta no tuvo demasiado éxito debido a los diferentes requisitos.  

Este enero de 2023, el consistorio lo volvió a hacer y ha ofertado un nuevo pliego para quienes puedan permitirse pagar para ser propietarios al completo. El problema es que las tasas establecidas por la Administración se han marcado a precio de mercado y en muchos casos superan los 200.000 euros.

Lo que supone que muchas familias tendrían que solicitar una nueva hipoteca para afrontarlo. Algo que no en todos los casos es una opción, más teniendo en cuenta que la edad media de estos propietarios es de más de 50 años y eso dificulta que las entidades se comprometan a concederles un préstamo de esas características.

Los vecinos afectados critican que en apenas unos años, un suelo que antes valía 30.000 euros se tase en más de 150.000, sin incluir el IVA, e insisten en que "no es justo" aplicar la fórmula de suelos vacantes y libres para calcular el precio de viviendas construidas hace tres décadas. En este sentido, recuerdan que la mayoría ya han pagado el 100% de sus hipotecas y reprochan que se les ofrezca un presupuesto de compra como si se tratara de una casa completamente nueva.

"Para mí, una mujer de clase trabajadora, la vivienda es el único activo que tengo gracias al enorme esfuerzo que he puesto para poder pagarla. Ahora no sé qué va a pasar con mi familia", lamenta Sylvia Pérez, una de las vecinas afectadas.

En una conversación con Público, Pérez explica que su casa, ubicada en el distrito de Tetuán, salió con los primeros lotes y ya ha terminado de pagar el crédito. Si bien eso no impedirá que si no puede asumir los 176.000 euros que pide Almeida para completar el dominio, tanto sus hijos como ella sean obligados a despedirse del que ha sido su hogar durante toda su vida. 

Como ella, entre 7.000 y 8.000 familias de ancianos, madres solteras con niños pequeños, jóvenes y personas en situación de extrema vulnerabilidad se verán en la misma circunstancia según se les vaya levantando la protección oficial. "¿Dónde pretenden que nos metamos? Y lo peor, ¿qué van a hacer con nuestras casas, vendérselas a un fondo buitre?", se pregunta Pérez.

Los vecinos aúnan fuerzas para defender sus derechos

Con todo, y pese a la enorme tristeza e incertidumbre que les recorre cuando miran a su futuro más cercano, los vecinos aseguran que seguirán luchando hasta donde alcancen sus fuerzas por este problema, que ya se ha convertido en algo habitual en la mayoría social de la capital. "Hay numerosos argumentos legales y administrativos para justificar el recurso de reposición que hemos presentado para tumbar el pliego", asevera Miguel Arroyo, presidente de la Plataforma de Afectados por el suelo del Plan 18.000. 

Arroyo, también perjudicado por la decisión de Almeida, expone que uno de los principales argumentos que encuentran es que el fin último del plan, la promoción de vivienda pública social, se está "desvirtuando y pervirtiendo". Como el resto de sus compañeros asociados, sospecha que detrás de esta maniobra se esconden "intereses especulativos". "Nos ponen al mismo nivel que una constructora o una gran empresa, con el mismo plan de negocios, cuando la situación económica de nuestras familias claramente no es la misma. Está en manos del alcalde que esto deje de ser así", reprocha.

Desde que las familias se enteraron de la oferta de precios "desorbitados", empezaron a organizarse para intentar ayudarse entre sí e incluso colaboraron para encontrar un grupo de abogados que les pudiera gestionar el caso a todos. Por el momento, se conforman con que, mientras se resuelve, se tomen medidas cautelares y se paralice, aunque sea temporalmente, todo el proceso.

Las izquierdas piden a Almeida actuar de inmediato

Desde el resto de formaciones políticas lo tienen claro y piden el cese inmediato de la oferta. "Esta decisión de subir el precio del suelo público hace que el Ayuntamiento se asemeje más a un fondo buitre que a una institución. Sólo es una muestra más de que Almeida es el peor alcalde que ha tenido esta ciudad", afirma Roberto Sotomayor, candidato por Podemos-IU. El aspirante a presidir la alcaldía el próximo 28 de mayo insiste en que la función del consistorio debe consistir en evitar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda digna.

Por su parte, Reyes Maroto, número uno en la lista del PSOE al 28M en la capital, asegura que el pliego no es sino el resultado de cuatro años de gestión nefasta del Partido Popular y exige defender la dignidad de todas esas personas que corren el riesgo de perder sus casas: "Quieren una vivienda digna y pagar un precio justo". Los socialistas consideran que la oferta incurre en "discriminación y agravio comparativo" con unos precios más propios de nuevas edificaciones en Valdebebas y Montecarmelo. También desde Más Madrid han pedido "que se retire el pliego por chapucero" y por tener "una formulación jurídica bastante dudosa".