La mitad de los ingresos del grupo educativo ligado al Opus en Euskadi y La Rioja proviene de fondos públicos

La segregación por sexos en las aulas vascas y riojanas se mantiene, en parte, gracias al dinero recibido en concepto de subvenciones. Según datos oficiales del Grupo Educativo COAS, que actúa bajo la órbita religiosa del Opus Dei y que cuenta con 11 centros educativos concertados en Euskadi y La Rioja, debe un 50% de sus ingresos a las subvenciones de la administración pública. En el curso pasado estos colegios contaron con más de 3.500 alumnas y alumnos, la gran mayoría en clases separadas.

"El itinerario académico-formativo de nuestros alumnos se concreta en una manera de ser, una forma de comportarse que le hace reconocible en cualquier circunstancia de su vida o en cualquier lugar donde se encuentre", puede leerse en uno de los apartados de la memoria 2019-2020 de COAS. Según pudo comprobar Público, entre sus materiales de catequesis –disponibles en la web del Departamento de Religión– se ofrecen documentos en los que se llega a calificar las relaciones entre personas del mismo sexo como "aberrantes", ya que son ejercidas de forma "antinatural".

"En el curso 2019/20 un total de 3.574 alumnos se matricularon en el primer ciclo de Infantil, segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. El 60% fueron chicas (2.158) y el 40% restante, chicos (1.416)", señala la memoria de COAS. Los centros de Primaria, ESO y Bachillerato disgregan al alumnado en función de su sexo.

En la parte consagrada a los "datos económicos", se señala en primer lugar que "los colegios no serían sostenibles sin las aportaciones de las familias". "En el Grupo COAS lo sabemos muy bien: solo vuestra generosidad a lo largo de los cursos ha permitido que este proyecto que, con mucho esfuerzo e ilusión pusieron en marcha unas cuantas familias hace casi cincuenta años, siga vivo", subraya.

En esa línea, destaca que "diversos análisis realizados ponen de manifiesto la necesidad de las aportaciones de las familias con datos concretos". Señala en concreto que "la Confederación Española de Centros de Enseñanza realizó un exhaustivo estudio a nivel nacional cuya principal conclusión fue que 'los datos demuestran que la financiación pública no cubre el coste real de la concertada'". Se hace eco además de un artículo publicado por el diario Deia en febrero pasado, "en el que concluía que el Gobierno Vasco financia el 62% del gasto de los colegios concertados", así como de otro texto del diario Expansión que llegó a una conclusión "similar".

Respecto a su realidad económica, el grupo COAS señala que "tiene un presupuesto anual equilibrado en torno a los 15 millones de euros". En el capítulo de ingresos destaca que el 50% proviene de "subvenciones" de la administración, mientras que otro 26% queda situado bajo el epígrafe "otros ingresos". El 24% restante proviene de las "aportaciones de las familias".

Más allá del equilibrio de esas cuentas, el director general de COAS, Fernando García Fernández, sostiene que son momentos difíciles. "Por si el virus no fuera suficiente, también estamos ante un escenario político y legislativo incierto", sostiene. Cita en concreto "la amenaza de la nueva Ley de Educación" y, especialmente, su artículo 109, "ya que ataca el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y, por tanto, el centro en el que los escolarizarán".

"Sabemos que tendremos que seguir trabajando, junto a todos los miembros de la comunidad educativa, para defender ese derecho reconocido tanto por nuestra Constitución como por los más diversos tratados internacionales suscritos por España", pronostica García Fernández en el texto que sirve de presentación de la memoria.

"Nos hemos defendido"

El director de COAS alude también al enfrentamiento abierto entre ese grupo educativo y el Gobierno de La Rioja que dirige la socialista Concha Andreu. En mayo pasado, el Ejecutivo autonómico decidió aumentar el número de alumnado mínimo por aula en los centros concertados. El Gobierno riojano también había eliminado el concierto de dos aulas infantiles del colegio Alcaste de Logroño, uno de los integrantes de esta red educativa del Opus Dei. Un mes después, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja falló a favor del centro y ordenó la suspensión cautelar de tales medidas.

"En La Rioja hemos sufrido un duro ataque por parte del Gobierno Autonómico, pero nos hemos defendido y hemos obtenido importantes victorias a nivel político, mediático y judicial. Así las familias de esa comunidad han podido seguir eligiendo el colegio que deseaban para sus hijos", destaca García Fernández.

Más dinero para las mismas aulas

Mientras tanto, en Euskadi hay movimientos para tratar de forzar al Gobierno Vasco a rebajar las subvenciones a ese tipo de centros. Elkarrekin Podemos-IU presentó en septiembre pasado una Proposición No de Ley para "evitar que se concierten aulas cuando haya cupos libres en la educación pública". No en vano, la coalición de izquierdas denunció "el aumento de 15,5 millones de euros para la educación concertada" por parte del Ejecutivo autonómico.

Según datos oficiales del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en el presente curso se destinará un total de 623,5 millones de euros para la financiación de los conciertos de 7.159 aulas de enseñanza no universitaria. El año anterior se habían destinado 606,1 millones de euros para la concertación de 7.157 aulas, por lo que el aumento, de acuerdo a esos datos, sería incluso superior al estimado por Elkarrekin Podemos-IU.

En diciembre pasado, el lehendakari Iñigo Urkullu realizó una visita al colegio Munabe, uno de los centros educativos del grupo COAS que recibe dinero público y que segrega por sexo. Tal como informó Público, ese acto no fue incluido en la agenda pública del mandatario vasco. Fuentes del Ejecutivo autonómico alegaron entonces que se había acordado con la dirección del centro que la visita sería de carácter privado, "sin cobertura pública". Sin embargo, el colegio Munabe difundió fotos del encuentro con el lehendakari a través de las redes sociales.