El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes un plan de choque para afrontar la crisis derivada de la guerra en Ucrania que pasará por un incremento de la inversión social. El plan del Gobierno llega después de que Bruselas reconociera a España y Portugal como "isla" energética y les diera luz verde para avanzar una propuesta firme que desacople la escalada del precio del gas del precio de la luz. Se aplicarán, según ha anunciado el propio dirigente socialista, medidas excepcionales para conseguir abaratar los costes energéticos y, con ello, frenar la inflación.

El reconocimiento de la península ibérica como una isla energética es, a todas luces, un tanto a favor de España y Portugal, sin embargo, todavía existen algunas incógnitas a cerca de cómo se articulará el plan que saqué el gas del pool eléctrico –una medida que fue exigida por la ministra Teresa Ribera en 2021, antes de la guerra–. Por el momento, Sánchez sólo ha anunciado dos puntos que se presuponían: habrá un precio fijo máximo para el gas y el mecanismo para recortar los beneficios caídos del cielo del oligopolio energético se alargará hasta verano.

Por lo demás, todo son dudas. Unas dudas que, no en vano, van ligadas a las características propias de esta medida, pues no depende en exclusiva del Ejecutivo español sino que deberá haber un acuerdo con los vecinos lusos antes de mandar la propuesta a Bruselas. De esta forma, se desconoce todavía cuál será ese tope al precio del gas. Como en otros casos, el Gobierno de coalición debate en su seno interno la cuantía que oscilaría entre los 50 euros por MW/h y los 100 euros por MW/h.

Bruselas, además, pone ciertos límites. La línea roja es el mercado europeo, que no deberá quedar alterado por los planes ibéricos de regulación. Esto tiene que ver con la interconexión eléctrica con Francia, de modo que el Ejecutivo de Sánchez deberá trabajar para encontrar una propuesta que ofrezca garantías de que los galos no se benefician de la caída de precios en la 'compra' de electricidad generada en España. Fuentes del Ministerio para la Transición Energética explican a Público que se está trabajando en una doble casación de precios. Esto quiere decir, a grandes rasgos, que se establecerán dos precios diferentes: uno de mercado ibérico interno, con un tope al gas, y otro para los intercambios con Francia que se mantendrán de acuerdo a los valores de Europa.

Beneficios caídos del cielo 

El mecanismo que recorta a las empresas energéticas españolas sus beneficios caídos del cielo –los cuales permiten a las compañías incluir en los recibos costes asociados a las emisiones de CO2 a pesar de haber producido energía con tecnologías no emisoras como la nuclear o las hidroeléctricas– seguirá activo hasta verano y habrá, según ha anunciado Sánchez este lunes, algunas modificaciones para adaptar la norma "a las directrices europeas". Se desconoce por el momento de qué calado serán los cambios.

Los sobrebeneficios del oligopolio energético enlazan con otras incógnitas que tienen que ver con la forma en la que el Gobierno afrontará el impacto del límite de precio del gas a las plantas que generan electricidad con gas. Algunos sectores del Ejecutivo han reclamado –el ala de Unidas Podemos– que los beneficios caídos del cielo se utilicen para sufragar los gastos de la intervención y para amortiguar la escalada de precios de la factura. Sin embargo, no hay detalles sobre ello.

En ese sentido, el Gobierno deberá resolver de qué modo se compensa a dichas centrales que, como las de ciclo combinado, emplean gas para generar electricidad. El precio máximo ibérico estará por debajo del precio del mercado europeo, de modo que estas tecnologías podrían terminar vendiendo su energía a un precio por debajo del coste de generación, pues el gas seguirá disparado en Europa. ¿Serán las arcas del Estado las que compensen a las empresas estas pérdidas? ¿Se utilizarán los beneficios caídos del cielo para asegurar el desacople del gas del precio de la luz? 

Certezas del plan de choque

Además del precio máximo para el gas, Sánchez ha avanzado otras medidas de corte social que complementarán la puesta en marcha de la isla energética ibérica. Estas, según ha informado el presidente, se aprobarán en el Consejo de Ministros del martes y no dependerán del acuerdo con Portugal.

Así, el Ejecutivo ha planificado medidas energéticas de calado como la ampliación de los beneficiarios del bono social de la electricidad, que llegará a 600.000 personas más situadas en régimen de vulnerabilidad. A ello se suma el incremento del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital y la bonificación fiscal a los combustibles de 20 céntimos por litro, de modo que se extiende al resto de la población la cobertura social anunciada para los transportistas.

Las medidas aprobadas este martes serán de carácter excepcional y se extenderán hasta el próximo 30 de junio. No se descarta que se puedan prorrogar en el tiempo si la coyuntura de crisis energética y económica perdura en el tiempo.