Público
Público

Juicio vertedero de Villa de Vallecas El precio a pagar tras el incendio de un vertedero ilegal: hasta 6 años de cárcel y 3 millones de euros

La Audiencia Provincial de Madrid acoge este martes un juicio contra los dos presuntos responsables del vertedero ilegal madrileños de Villa de Vallecas que ardió durante 19 días entre junio y julio de 2015.

Un bombero agua después de sofocar parte del incendio ilegal de Valdemingómez de 2015.
Un bombero, bebiendo agua después de sofocar parte del incendio ilegal de Valdemingómez de 2015. Ayuntamiento de Madrid / Europa Press

Entre el 27 de junio y el 15 de julio de 2015 las llamas del vertedero ilegal de Villa de Vallecas no cesaron. El humo y el hedor se prolongó durante todo el verano, causando afecciones leves en algunos vecinos de la zona por causa de las emisiones tóxicas que se desprendieron. Más de un lustro después de aquel mediático incendio, la Audiencia Provincial de Madrid acoge este martes el juicio contra los dos principales sospechosos de haber creado el vertedero, a quienes la Fiscalía imputa un delito de usurpación, así como de delitos contra el medio ambiente y pide penas de seis años de cárcel para uno de ellos –el responsable del vertedero– y seis meses de multa de 25 euros diarios para el otro. Además, deberán responder al pago de tres millones de euros de manera conjunta, que es el coste que tuvo la rehabilitación del lugar donde se acumularon los residuos durante años.

Los dos imputados, titulares de Recuperación de Chatarra S.L., estuvieron acumulando residuos desde 2008 en una parcela ubicada en la Camino de la Leña, ubicada entre el distrito madrileño de Vallecas y el municipio de Rivas Vaciamadrid, cuyos vecinos fueron los principales afectados por los humos y los malos olores que, según Ecologistas en Acción, continuaron hasta el mes de diciembre de 2015 pese a que los bomberos consiguieron extinguir las llamas con 24.000 toneladas de arena.

En esta zona, acumularon un volumen de hasta 275.000 metros cúbicos de residuos; una montaña de desechos que llegaba a alcanzar hasta los doce metros de altura. Los imputados recibían camiones cargados en una parcela alquilada y les cobraban por depositar las basuras entre 20 y 50 euros. Después, distribuían los materiales sin tratar en parcelas colindantes, todo ello sin tener ningún tipo de autorización. Entre los objetos que ardieron había neumáticos, telas asfálticas, material aislante de tejados, envases y residuos plásticos entre otros. Si bien el fuego no fue intencionado, la principal hipótesis es que el calor de esos meses de verano pudo provocar que alguno de estos objetos inflamables ardiera de manera descontrolada.

"Para gestionar residuos de construcción y demolición hay una reglamentación. Se deben tratar, separar, poner los inertes en un lado y los peligrosos en otro para tratarlos de una forma específica", explica Juan Manual López Rubio, abogado de Ecologistas en Acción, organización que se ha personado como acusación particular. "No tenían ningún tipo de licencia", agrega el letrado, que pide sólo tres años y seis meses de cárcel para los dos imputados, la inhabilitación para cualquier actividad relacionada con la gestión y el transporte de residuos y una multa de 20 euros al día durante un año para cada uno de los acusados.

La misma condena pide para los acusados Lucía Causo García, abogada de la asociación vecinal Rivas Contaminación Cero, que también se persona en el juicio como acusación particular. "Creo que estos delitos, no están lo penados que deberían estar", sostiene en declaraciones a Público. "El Código Penal no contempla penas tan altas para delitos ambientales y por eso nos hemos aferrado a alcanzar algo razonable", expone, en relación a la petición de tres años de prisión. "También pedimos la responsabilidad civil, que son esos tres millones de euros que costó rehabilitar el lugar, pese a que difícilmente podrán pagarlo".

Los vecinos de la zona se vieron afectados durante semanas por los humos y los olores en pleno verano, obligados a cerrar las ventanas durante jornadas de calor intenso y, según denuncian, se vieron afectados al respirar las partículas tóxicas que se desprendieron al arder el vertedero. Causo García pone énfasis en el hecho de que la acumulación de desechos no fuera puntual, sino una práctica que los dos acusados llevaron a cabo desde 2008. "Llevaba muchísimos años siendo denunciado por los vecinos", recuerda. El propio Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid denunció en varias ocasiones la existencia de estos vertidos ante la Comunidad de Madrid y sus organismos competentes, que aunque iniciaron procedimientos sancionadores no terminaron de desmantelar las colinas de desechos que terminaron convertidas en cenizas años más tarde.

Para Carlos Arribas, responsable de la campaña de Residuos de Ecologistas en Acción y miembro de la Alianza Residuo Zero, el caso del vertedero de Villa de Vallecas es el ejemplo perfecto de la "dejadez" que se vive en la Comunidad de Madrid en estos asuntos. "Es algo que pasa en toda España, pero especialmente aquí. Se ven muchísimas situaciones de vertidos constantes e incontrolados, se denuncian desde los ayuntamientos, pero la Comunidad no actúa", expone el activista conservacionista. Tras más de cinco años desde aquel incendio, Arribas considera que "las cosas no han cambiado nada" y denuncia un "enquistamiento" de las políticas ambientales en la región madrileña.

No obstante, el juicio que arranca este martes –previsiblemente hasta el viernes 9 de abril– se presenta como una nueva oportunidad para que el respeto ambiental empape las togas de los jueces. 

Más noticias de Política y Sociedad