El final de ETA no ha sido suficiente para evitar una nueva muerte en las cárceles españolas. Este lunes, festividad de San Inazio, la localidad vizcaína de Galdakao se despertaba con la noticia de la muerte de Kepa del Hoyo, un preso de este municipio que llevaba 20 años dispersado. Su fallecimiento, provocado por un infarto, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los puntos inconclusos del nuevo tiempo en Euskadi: el alejamiento aplicado contra los reclusos que fueron condenados por terrorismo.

Del Hoyo –nacido en la localidad extremeña de Almendralejo- tenía 46 años. La Audiencia Nacional había dictado varias condenas contra él, acusado de participar en distintos atentados, entre los que se encontraba el asesinato del policía Modesto Rico. Tal como señalaba –y sigue señalando- la política penitenciaria utilizada contra ETA y otras organizaciones de la izquierda abertzale, a lo largo de estas dos décadas fue recluido en prisiones lejanas. Sus destinos fueron Valdemoro, Alcalá y Badajoz. En este último centro carcelario, situado a 750 kilómetros de Euskadi, encontró la muerte.

Su situación penitenciaria seguía siendo exactamente la misma que antes de octubre de 2011, cuando ETA anunció el final de la violencia. Tampoco experimentó cambios tras el desarme de esa organización, producido en abril pasado. Nada de ello fue suficiente para que el gobierno de Mariano Rajoy cambiase su postura en materia carcelaria, tal como ha reclamado el Parlamento Vasco, el gobierno de Iñigo Urkullu y la mayoría de los sindicatos de Euskadi.

En ese contexto, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) anunció a comienzos de julio que todos sus reclusos estaban dispuestos a recorrer las vías legales para obtener beneficios penitenciarios. Así lo resolvió la mayoría de ese colectivo en un debate que duró varios meses y que concluyó con los resultados de la votación realizada entre sus miembros: el 73% de los presos se pronunció a favor del recorrido legal, mientras que el 14% votó en contra.

No hay cambios en la política penitenciaria del Gobierno

Sin embargo, esa apuesta podría no servir de nada si Rajoy se mantiene inamovible. De hecho, el gobierno ha afirmado una y otra vez que no variará su política penitenciaria hasta que se produzca la desaparición definitiva de ETA, algo que en la práctica ya se ha producido: a día de hoy, las siglas de la organización armada caminan inexorablemente hacia su desaparición, lo que seguramente se certificará antes de finales de año.

En ese contexto, la muerte de Kepa del Hoyo a raíz de un infarto ha vuelto a reabrir el debate sobre la dispersión. Según cifras de Etxerat –el colectivo que agrupa a los familiares de los internos-, el 69,3% de los presos se encuentra en cárceles situadas entre 600 y 1.100 kilómetros del País Vasco. El 21,8% está en centros de reclusión ubicados a distancias que oscilan entre los 400 y los 590 kilómetros, mientras que el 8,7% se encuentra en prisiones ubicadas entre 100 y 390 kilómetros de sus respectivas localidades de origen.

En una valoración urgente sobre el fallecimiento de Del Hoyo, Etxerat volvió a reivindicar como "necesario y urgente acabar de una vez por todas con la dispersión". "Queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a la familia de Kepa del Hoyo y su entorno en momentos tan difíciles como éste", subrayó.

Otegi: "El PP es el responsable"

"Hoy es un día de duelo", ha afirmado el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien ha advertido que la muerte de Kepa del Hoyo no puede considerarse "natural" y que "le han matado", ya que se ha producido tras "años de aislamiento, palizas, luchas y huelga de hambre".

En este sentido, Otegi ha indicado que "hoy ha muerto, han matado a un abertzale" y ha denunciado que Del Hoyo ha fallecido a 750 kilómetros de su casa "en una prisión española".

Además, ha señalado al PP como "el mayor responsable" de esta muerte por "mantener una política cruel" hacia los presos. En tal sentido, Otegi ha llamado a fijar una "hoja de ruta" para "poner en libertad a los presos políticos".