Fruita amb Justícia Social ofreció información a 2.300 personas el año pasado y atendió a 107 temporeros por casos de vulneración de derechos. De ese total, solamente siete acabaron en denuncia formal. Estas son algunas de las cifras que reveló la entidad durante la presentación del informe anual de la campaña 2024 en Lleida, en el que se evidenciaba "la persistencia de un modelo agroalimentario profundamente desigual, basado en la explotación de trabajadores —especialmente migrantes y racializados— y en la desresponsabilización de las instituciones públicas". 

La entidad expone la reiterada precariedad de los temporeros, que a menudo están mal pagados, viven en alojamientos insalubres y tienen dificultades para empadronarse o para gestionar trámites administrativos debido a su situación de vulnerabilidad. Entrevistamos al activista de Fruita amb Justícia Social, Llibert Rexach, para saber cómo ha evolucionado esta problemática, qué responsabilidad tiene la administración y qué medidas reclama el activismo para reformular el sistema productivo. 

Hace años que denuncian que el modelo agrícola se basa en la precariedad de los temporeros. ¿Cómo ha evolucionado?   

Hace más de 30 años existía un modelo agrario que servía para satisfacer las necesidades alimentarias de una población autóctona y local, y la campaña agrícola se hacía, básicamente, con campesinos y gente del pueblo. Ahora hemos pasado a un modelo de intensificación económica, productivista, donde lo que se busca es la máxima producción para poder comerciar internacionalmente y exportar. Esta intensificación de los cultivos provoca dos cosas. Por un lado, que desaparezca la diversificación de cultivos. Antes se cultivaban muchos productos distintos para el consumo, ahora predomina mayoritariamente la fruta dulce, con las consecuencias que eso tiene para la tierra. 

"La intensificación del modelo agrario elimina la diversificación de cultivos y trae consigo la llegada de miles de temporeros en situación de vulnerabilidad" 

Y, por otro lado, también provoca la llegada de miles de personas para trabajar en el campo. Las empresas lanzan convocatorias para que vengan más de 35.000 trabajadores dispuestos a aceptar condiciones precarias porque están en situación de vulnerabilidad. Pongo un ejemplo: durante una campaña, puede que un día necesites 100 personas, pero al día siguiente necesites 150. Por eso los empresarios necesitan un contingente de reserva esperando a que haya trabajo. Muchas veces la contratación se hace el mismo día. Hay furgonetas que recorren las plazas de los pueblos recogiendo gente que, muchas veces, ni siquiera sabe a dónde va a ir a trabajar.

Desde que las entidades denuncian esta intensificación, ¿se ha tomado alguna medida o se han visto mejoras?   

Vemos que el problema se aborda desde una perspectiva muchas veces humanitaria, como si fuera una emergencia. Se abre un pabellón en Lleida para la gente que busca trabajo, pero es un lugar con hamacas o camas improvisadas. Cada año se toman algunas medidas, pero son más estéticas que efectivas. No hay un cambio estructural que pase por transformar el modelo agrícola. Lo que sí podemos decir es que ahora la cuestión se visibiliza, antes se negaba y se decía que era un problema muy puntual. Ahora bien, se hace una distinción entre los trabajadores con contrato y aquellos en situación más inestable, que están en la calle buscando empleo. El discurso de los empresarios es que estos últimos son pobres y que debe ocuparse la administración. Pero no han llegado porque sí, han sido convocados para la campaña. 

¿Cuáles deben ser los cambios profundos en el modelo agrícola?   

Hay tres ejes principales. En primer lugar, mejorar las condiciones laborales. No puede ser que las jornadas de diez horas durante la campaña agrícola sean legales con un salario mínimo sin pluses por penosidad. Trabajar muchas horas bajo el sol y en horarios intempestivos debería estar remunerado. Además, si no puedes garantizar el salario todo el año, al menos compénsalo con un sueldo más alto. 

"No puede ser que las jornadas de diez horas durante la campaña sean legales con un salario mínimo sin pluses por penosidad" 

Además de que, en muchas ocasiones, se incumple el convenio y se paga por debajo del precio/hora estipulado.   

Exacto. Después, el segundo eje en el que trabajamos es la regularización de todas las personas. Las personas sin papeles están, por desgracia, dispuestas a aceptar cualquier condición laboral. Eso provoca que las condiciones de todos los trabajadores empeoren. Una de las conclusiones del informe es que no encontramos a ninguna persona, de las más de 2.000 que atendimos, que cobrara el precio/hora correcto. Siempre era un euro o varios céntimos por debajo del convenio. Por eso no hay una revuelta. Pero si lo multiplicas por diez horas y 100 trabajadores en un campo, es dinero ahorrado para los empresarios y para la Seguridad Social. Una de las propuestas que hacemos es que se cuenten todas las horas cotizadas reales a la Seguridad Social. Que lo dividan entre los kilos de fruta recogidos en total durante la campaña y verán que tenemos superhombres. 

Y, por último, el tercer eje. No podemos tener un modelo basado únicamente en la fruta. No tiene sentido que exportemos manzanas, pero tengamos que importar otros productos básicos que se podrían cosechar localmente. 

Fruita amb Justícia Social atendió más de 100 casos de vulneración de derechos el año pasado, pero solo siete acabaron en denuncia. ¿Por qué tan pocas denuncias? ¿No hay ningún mecanismo que proteja a los denunciantes?   

Hay inspecciones de trabajo, pero no resuelven nada. Por eso hay una desconfianza total hacia la administración. No son ágiles ni eficaces. Además, si yo denuncio hoy, mañana quizá me quedo sin trabajo y sin alojamiento. El factor de vulnerabilidad es enorme. Y luego está el factor del nomadismo. No son trabajadores arraigados, se mueven durante todo el año por el Estado. Te pongo un ejemplo: este año impulsamos un procedimiento, pero cuando el denunciante tenía que declarar, ya estaba fuera. Si ganábamos, podríamos reclamar 300 euros, pero eso ya es lo que le costaba volver a Lleida y dejar el trabajo que tenía. No existen mecanismos para declarar a distancia; no hay notarías gratuitas.

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Santiago F. Reviejo

Más allá de los contratos precarios, la falta de alojamiento y las dificultades para empadronarse, este año habéis puesto el foco en la falta de prevención de riesgos en el campo y en las dificultades para hacer gestiones administrativas. ¿Qué ocurre en estos ámbito  

Primero, las mutuas trabajan al servicio de los empresarios y no de la salud de los trabajadores. Hay altas médicas prematuras. Gente que ha vuelto al trabajo antes de tiempo, gente a la que no se le ha prestado atención cuando expresó dolor. Hay una parte de racismo muy grande. 

En relación con la prevención de riesgos, en junio murió en Fraga (Huesca) un temporero sin papeles por un golpe de calor. ¿Se podría haber evitado? No es un caso aislado.   

Cada año se acumulan muertes. No hemos visto en toda nuestra historia como entidad a casi ningún temporero con acceso a agua fresca en el campo. Hay muy pocos lugares climatizados donde puedan descansar al mediodía, a pesar de que se han reorganizado los horarios. El trabajador quizá no tiene cómo desplazarse hasta un lugar con aire acondicionado y acaba descansando bajo un árbol en la misma finca. Hay dificultades con el acceso al agua y a la sombra. 

"Casi ningún temporero tiene acceso a agua fresca en el campo"

¿Qué responsabilidad tienen las administraciones?   

Señalamos en todas direcciones. El Gobierno tiene una gran responsabilidad porque tiene el Ministerio de Trabajo y puede mejorar sustancialmente las condiciones laborales de los temporeros. A la vez, puede facilitar la regularización de permisos. Luego, en cuanto a las administraciones locales, no puede ser que los servicios sociales solo estén pensados para la población autóctona. La demarcación de Lleida recibe a 35.000 personas y hay que adaptar los servicios. Durante las vacaciones no sustituyen a los médicos y en muchos CAP solo abren por la mañana. Un temporero nunca podrá ir de 9.00 a 15.00 horas, puede que no tenga acceso a agua, ni pueda comprar medicamentos en la farmacia. 

Y, por último, en relación con la Generalitat, tiene la responsabilidad de promover cambios en el modelo agrario. Se dice que no hay relevo generacional en el campo y que la agricultura desaparecerá. Pero cada verano llegan 35.000 personas. Es una cuestión de propiedad, y la tierra está cada vez más en manos de fondos buitre o grandes empresas agroalimentarias. Mientras sea así y no haya campesinos —de la nacionalidad que sean— con control sobre el modelo de producción, no hay nada que hacer. 

Nosotros proponemos crear un banco público de tierras, es decir, que la inversión inicial para comprar tierras no sea un problema, sino que las compre el Estado y que los trabajadores puedan acceder a ellas en formas comunales o cooperativas. El modelo agrario puede caminar hacia fórmulas similares a la sanidad y la educación públicas.