Retrasos, averías, problemas de mantenimiento de los autobuses y hasta un incendio han puesto en riesgo a menores que son usuarios de las rutas de transporte escolar de la Comunidad de Madrid. Algunos padres y madres han expresado a Público su preocupación y alarma, y han lamentado que sus hijos ya no se sientan seguros a la hora de hacer uso diario de este servicio. Por ello, reclaman una organización eficaz.

Prueba de estas deficiencias es el aparatoso incendio en un autobús en el que viajaban alumnos del IES La Cabrera, que tuvo lugar hace casi tres meses y acabó con el vehículo, incluidas todas las pertenencias de los adolescentes, calcinado. Por suerte, no hubo heridos graves, pero el susto para los menores fue "de infarto". De hecho, varios de ellos tuvieron que ser atendidos tras sufrir ataques de ansiedad. Pero "esto es sólo la punta del iceberg de un problema de fondo que lleva existiendo mucho tiempo", explican las familias.

"El asunto del accidente lo zanjaron con una sanción de 79,20 euros a la empresa que lo gestiona porque el vehículo 'no había completado la ruta'. No se consideró la magnitud de la tragedia que podría haber supuesto, todo se quemó", han asegurado desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de La Cabrera. "Además, el autobús contaba con unos problemas que agravaron una situación que ya de por sí fue amarga: la puerta de atrás no funcionaba e iba sujeta con una cuerda y, aunque los menores avisaron del humo del motor, la conductora no paró hasta que saltaron las llaman", han detallado.

Los padres y madres han señalado a este medio que tienen constancia de "presiones a los conductores para llevar los vehículos en mal estado por parte de la empresa". Incluso algunos sospechan de que el vehículo que se quemó "no había pasado la ITV" y "su matrícula no estaba autorizada para transportar alumnado". Las familias critican que "primen los contratos a la baja" adjudicados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid "por encima de las seguridad de los estudiantes".

A este episodio "tan alarmante" se han sumado otros después: retrasos de ida y vuelta de hasta una hora, cinturones que no funcionan, o asientos insuficientes para que se sienten todos los alumnos que van en los autobuses —incumpliendo la normativa de tráfico, poniendo en riesgo su salud e integridad física— son algunas deficiencias de las que las familias se han quejado. Asimismo, destacan que las rutas "no siempre pasan por todas las paradas" y que "se las saltan sin previo aviso", provocando que los alumnos de algunas localidades lleguen con retraso a sus clases. 

Otros centros han denunciado casos similares a este medio. Una situación de la que ya advirtió la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2022, durante una campaña de control enfocada en los vehículos dedicados al transporte escolar. De los 2.563 vehículos controlados, 998 fueron denunciados. Una importante mayoría no contaba con la autorización para realizar traslado de alumnos que exige la ley: se registraron deficiencias en las puertas de emergencias, anomalías en el funcionamiento de los cinturones de seguridad o falta de la ITV en regla, entre otros.

En el último suceso, explican fuentes del AMPA de La Cabrera, parte de los niños "se quedaron solos en un almacén porque se había roto el autobús y la conductora decidió irse, sin avisar a los padres o tutores, para coger otro vehículo; pero solo había una furgoneta en la que no cabían todos". Entonces, decidió "llevarse a unos cuantos alumnos y luego recoger al resto". Para evitar estas situaciones de desconcierto, las familias reclaman ser informadas, de acuerdo con la normativa, de cualquier cambio en la ruta que transporta a los menores.

Público ha preguntado a la Consejería de Educación sobre sus propuestas para mejorar este servicio y el gabinete de Enrique Ossorio ha asegurado que el Ejecutivo "realiza inspecciones regularmente en las rutas escolares para garantizar que se presta el servicio con todas las garantías de seguridad. Además, en todas las rutas viaja un cuidador que es el responsable de comprobar que los niños llevan puesto el cinturón de seguridad". Los familiares, no obstante, lo niegan y remarcan que "no es cierto y que no todas las rutas tienen monitores". 

Un servicio fundamental con poco presupuesto

Las rutas de transporte escolar son un servicio fundamental para que los niños y adolescentes que viven en las periferias o en localidades pequeñas puedan trasladarse a sus centros educativos en igualdad de condiciones que aquellos que residen, por ejemplo, en la capital. Los autobuses se ocupan de recoger a una serie de niños en sus casas o en puntos estratégicos y los llevan al centro, para luego hacer lo mismo de vuelta.

Los colegios e institutos conciben esta actividad como parte del proyecto educativo, ya que puede ser una forma de promover la autonomía y confianza en los estudiantes. Sin embargo, tal y como explican familias del IES La Cabrera, los recurrentes incidentes lo han convertido en una experiencia marcada por la incertidumbre e incluso el miedo. 

Entre 2018 y 2023 se han incrementado en un 12,7% el número de alumnos transportados, pero los recursos para financiar las rutas solo han crecido en un 6%. Es decir, proporcionalmente "se ha recortado la financiación", de acuerdo con los datos recogidos por Comisiones Obreras (CCOO). También "se ha reducido la información a partir de 2022 sobre el importe medio de la ruta", asegura el sindicato.

"Para dar la vuelta a esta situación, hay que empezar por revertir estos recortes y ampliar financiación en proporción al número de alumnos", ha reivindicado Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO en Madrid. Desde la organización ponen el acento en la necesidad de lograr que "se asegure que el transporte llega a todos los alumnos que lo necesitan, porque nos consta que no es así".

Por otra parte, Galvín ha pedido a la Comunidad de Madrid que "se garantice la inspección para que los autobuses tengan las medidas de seguridad necesarias y el número de monitores cualificados suficientes, con unas ratios ajustadas que puedan ofrecer la atención adecuada a los niños".

En la misma línea, Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ha asegurado que el problema se acentúa en los centros de educación especial, donde las necesidades del alumnado son mucho mayores y más especializadas. "Sabemos que los cuidadores que viajan en los autobuses no tienen la formación que debieran y que la rotación es tan alta que resulta imposible atender a estos niños adecuadamente".