Público
Público

Querellas residencias Una empresa de Florentino Pérez se salva de las querellas de la Fiscalía en el caso de las residencias de ancianos

La agrupación Marea de Residencias ha comenzado esta semana los interrogatorios a los querellantes de las residencias madrileñas y este viernes prestará declaración la primera investigada, la directora de la Gran Residencia, de titularidad y gestión pública. Por ahora, cuatro de las cinco mayores las empresas de la patronal están investigadas; se salva la filial de ACS, Clece Mayores. 

Fotografía de archivo del presidente del Real Madrid y del grupo ACS, Florentino Pérez.
Fotografía de archivo del presidente del Real Madrid y del grupo ACS, Florentino Pérez. EFE

El aluvión de muertes que provocó la primera ola del coronavirus en las residencias de ancianos afectó a Domus Vi, Aralia Servicios, Vitalia, Clece Mayores y Orpea, los cinco grupos empresariales que vieron cómo muchos de sus centros eran intervenidos por la Administración, debido al elevado número de fallecimientos por covid19 que se dio en sus centros. Solo en Madrid, donde desde el inicio de la crisis sanitaria han muerto más de 6.000 mayores residentes en este tipo de centros, la Administración intervino 14 residencias de las 60 que hay en total.

La agrupación de familiares de víctimas Marea de Residencias ha puesto dos grandes querellas que encabezan los abogados José Luis González del Moral y Carlos Vila y en las que acusan de "homicidio por imprudencia", entre otros delitos, tanto a las empresas que gestionan los centros como a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a dos de sus consejeros. Según González del Moral, "este lunes declararon 11 querellantes que ratificaron lo que se vivió al inicio de la primera ola de la pandemia, el martes 8 y este viernes lo hace la primera investigada, la directora de la Gran Residencia, de titularidad y gestión pública". 

Sin embargo, los querellantes se están encontrando con un inesperado obstáculo: la Fiscalía. Explica González del Moral que "por ahora el papel de la fiscalía está siendo 100% activo para solicitar el archivo de las causas, porque considera que no son punibles los hechos".

De momento, en la primera querella interpuesta por Marea de Residencias están afectadas las cuatro de las cinco empresas más importantes; solo se salva la que es propiedad del empresario Florentino Pérez, Clece Mayores. Tampoco aparece esta sociedad, al menos no tienen ese dato los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado con los que se ha puesto Público en contacto, en las 491 diligencias preprocesales civiles de seguimiento y protección, las 212 diligencias de investigación penal y las 27 denuncias que hasta el mes de enero la Fiscalía ha puesto en los juzgados, según los datos aportados esta semana por Dolores Delgado en el Senado.

Pérez, el "amigo" de Dolores Delgado

Mientras el prestigioso despacho de abogados Garrigues se centra en la defensa de los cuatro competidores de Florentino Pérez en este sector, el presidente de ACS y del Real Madrid participaba en una comida de ‘amigos’ con la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado; el exjuez, abogado y actual pareja de Delgado, Baltasar Garzón; y el periodista Antonio García Ferreras.

Aunque la exministra y ahora responsable de "la política criminal" del ministerio Fiscal, como explicó Dolores Delgado en una entrevista con Carlos Alsina al lunes siguiente de dicho almuerzo, quiso dejar claro esa mañana en Onda Cero que solo había sido una comida con "un amigo, mi pareja y un periodista", la ausencia de Clece Mayores en los procedimientos sobre las residencias han llamado la atención de abogados y afectados.

Así que, después de que la Fiscal General aclarase que cuando habla de "un amigo" se refiere a un empresario con muchas posibilidades de tener un fuego cerca (apagado el del Castor, le quedan aún unos cuantos más, como la presunta vulneración de los derechos laborales de sus empleadas en Clece) —y más allá del precio del marisco compartido por los cuatro en el restaurante madrileño El Telégrafo o sobre los supuestos intentos de Pérez de presionar a la fiscal en el caso Villarejo para implicar a Iberdrola—, las fuentes consultadas por Público apuntan a que el objetivo del presidente de ACS era que Clece Mayores no se viera involucrada en ningún procedimiento.

La fiscalía puso 27 querellas pero pide el archivo de las otras

Las querellas presentadas contra las residencias de mayores por parte de familiares de personas que fallecieron en ellas durante la primera ola de la covid-19, y que los juzgados de instrucción de Plaza Castilla en Madrid están admitiendo a trámite, acusan a los directores de dichos centros de "homicidio imprudente, trato vejatorio y denegación de auxilio".

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Foto de archivo. Europa Press

Por eso, fuentes legales no descartan que Florentino Pérez aprovechara la comida con la Fiscal General del Estado para "negociar su arrepentimiento". El 'arrepentido' puede negociar con la Fiscalía su colaboración con el caso para que ésta no haga una acusación formal aunque el juez ya haya admitido la querella a trámite. Según la ordenación legal española, el fiscal tiene esta potestad sin cometer un delito de prevaricación. Sin la acusación del fiscal, las querellas pueden seguir siendo defendidas por la acusación particular, pero tienen mucha menos fuerza.

Clece Mayores es una empresa filial de ACS que según su propia página web gestiona 145 residencias de mayores y 92 centros de día que dan servicio a casi 17.000 ancianos. Estas residencias se dividen entre las que son en propiedad (33) y las que son de titularidad pública, pero que están gestionadas en régimen de concesión. En total, la compañía asegura en su web que "más de 35.000 profesionales trabajan diariamente en el cuidado de más de 158.000 personas mayores". Es decir, se trata de uno de los mayores grupos de España que operan en este negocio junto con Domus Vi, Aralia Servicios, Vitalia y Orpea.

En el caso de Clece Mayores, la residencia intervenida fue el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. En 2019, unas trabajadoras de este centro fueron despedidas por denunciar en la Cadena Ser la falta de material y otras carencias del centro. En febrero de 2020, la Comunidad de Madrid emitió una resolución contra este mismo centro por "vulnerar el artículo 28c de la Ley 11/2002 de Prestación de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid". El epígrafe citado recoge castigos por "no prestar la adecuada atención en la alimentación, higiene, descanso y/o aseo personal de los usuarios, así como imponerles un horario totalmente inadecuado de acuerdo con los estándares de vida socialmente admitidos". La multa económica impuesta por vulnerar la normativa ascendió a 6.000 euros, aunque finalmente abonaron 4.800 euros porque tuvieron un descuento del 40%.

Entre los años 2014 y 2020 la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid multó a centros de mayores por un total de 1,18 millones de euros. Una de las sanciones más elevadas, 87.933 euros, correspondió al centro de mayores de El Berrueco, también gestionado por Clece Mayores.

La doble cara de la FIscalía

En esta coyuntura, el pasado día 5 de enero el juzgado de Instrucción número 39 de Plaza de Castilla admitió a trámite la querella de 19 familiares de fallecidos contra contra las residencias de Manoteras, Aralia Isabel La Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra.

Se trata de una parte de la querella colectiva interpuesta el pasado 11 de mayo por 26 familiares, a través del movimiento Marea de Residencias, contra los directores de diez residencias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero y el ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Los familiares les consideran responsables de presuntos delitos de homicidio imprudente, de lesiones imprudentes, de omisión del deber de socorro y de prevaricación por su gestión durante el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Fotografía facilitada por la Comunidad de Madrid de la reunión que ha mantenido la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con los integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad. . EFE/Comunidad de Madrid.

Cuando se interpuso en mayo la querella de los familiares agrupados en Marea de Residencias, ésta recayó en el juzgado de instrucción 39 de Madrid, que la remitió al Tribunal Supremo al estar aforada la presidenta regional. El Supremo devolvió el caso al juzgado solicitando un informe motivado sobre los indicios de delito, para, en su caso, derivar el caso al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al estar denunciados Díaz Ayuso y dos consejeros. Finalmente es el juzgado 50 quien por orden de la Audiencia Provincial investigará los hechos, al menos en lo que a los centros se refiere, y desde ahí se determinará que responsabilidad tuvieron los políticos y en caso tendría que pasar a instancias superiores.

Consecuencia también de la querella interpuesta por familiares integrados en Marea de Residencias es el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que revoca la decisión de un juzgado del municipio de Leganés de archivar la querella interpuesta por familiares de nueve fallecidos por coronavirus y dos infectados en varias residencias de esa localidad. 

Por lo tanto, pese a los intentos de la fiscalía por quitarse de en medio las denuncias interpuestas por los familiares, aunque en el Senado la Fiscal General dé a entender que tiene un especial interés en el asunto, es la Audiencia Provincial quien está obligando a los juzgados madrileños y la Fiscalía a que las causas se investiguen al menos en lo relativo a los centros por el momento. 

Hasta el pasado mes de junio, la Fiscalía General del Estado publicaba semanalmente un informe con la relación de causas judiciales abiertas por muertes en las residencias de mayores vinculadas con la covid-19. En uno de los últimos informes emitidos, la Fiscalía informaba que estaban abiertas 113 causas por la vía penal y había 174 diligencias judiciales abiertas en toda España. En julio las diligencias de investigación de las fiscalías de toda España alcanzaron las 228. Según dijo esta semana en el Senado ya superan las 400, aunque sólo 27 se han convertido en procesos judiciales aunque no saben especificar contra quiénes. 

Se estima que 24.000 personas han muerto en las residencias de mayores en España. Por eso los familiares de las víctimas no se explican esta doble cara de la fiscalía que dirige Dolores Delgado, más aún cuando ha sido el propio Tribunal Supremo el que instó a todos los juzgados a investigar qué ocurrió en las residencias, especialmente en los primeros meses de la pandemia. Lo hizo en el auto de la sala segunda, presidida por el magistrado Manuel Marchena, en la que precisamente decidió no admitir las querellas presentadas contra miembros del Gobierno aforados por considerar que "no quedaba debidamente justificada la comisión de los hechos punibles".

Concentración frente a los juzgados de Plaza de Castilla para apoyar a los denunciantes de muertes en residencias por la covid. PÚBLICO

No obstante, los magistrados, en este auto publicado el pasado 18 de diciembre, sí consideran que son perseguibles en otros tribunales los hechos que denuncian las familias. Así, el Supremo propone que los jueces de instrucción investiguen "si esos fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si aquellas son susceptibles de reproche penal". Y del mismo modo pide que se averigüen "el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando así un prematuro estado de necesidad que, por su propia naturaleza, debía haber sido, siempre y en todo caso, un acto médico".

Además, subraya el Tribunal, "la instrucción deberá esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, tenían derecho".

Florentino Pérez pide ser indemnizado

Dentro de la estrategia de defensa de Florentino Pérez, Clece Mayores ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra las administraciones públicas propietarias de los centros de mayores que gestiona en régimen de concesión. La filial de ACS reclama a las diferentes administraciones municipales y autonómicas más dinero para compensar los costes provocados por el coronavirus en las residencias. Según argumenta la empresa, estos sobrecostes rompen el equilibrio financiero de los contratos de concesión previamente establecidos por las dos partes y sitúan a Clece con graves problemas de tesorería.

Fuentes judiciales estiman que la presentación de este recurso contencioso administrativo forma parte de la negociación que la empresa de Florentino Pérez quiere llevar a cabo para evitar responsabilidades penales. El resto de grandes grupo de residencias que operan en España ya han contratado a firmas de abogados como Garrigues para intentar defenderse.

Más noticias de Política y Sociedad