Tres muertos en menos de un mes en la prisión Sevilla II a causa de un consumo descontrolado de fármacos. Eso es lo que ha denunciado la Asamblea de Familiares de Personas Presas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha presentado una queja ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por falta de control sobre la administración de medicamentos a internos para el tratamiento de problemas de salud mental. Organizaciones sanitarias penitenciarias, sindicales y sociales advierten de un grave deterioro de la atención a estos reclusos en las prisiones españolas, debido, sobre todo, a la falta de personal médico.

Fernando es uno de esos internos que falleció en Sevilla II. Su nombre es ficticio, porque su hermana, que es la que cuenta su caso a Público, prefiere mantenerlo en el anonimato. Fernando, que padecía esquizofrenia, murió la tarde del pasado 24 de diciembre, poco antes de la Nochebuena. Tenía 49 años y no le quedaba mucho para cumplir su condena. La autopsia concluyó que su muerte fue por causa natural, un infarto, pero el forense le dijo a la familia que tenía una "medicación muy fuerte" para el tratamiento de su enfermedad. Los análisis que determinarán lo que había ingerido antes de su muerte aún tardarán unos meses en llegar, según esta hermana. Otra que fue a la prisión a recoger sus pertenencias dice que encontró en un bolsillo algunas pastillas.

Hace años, en 2013, cuando cumplía otra condena, Fernando intentó suicidarse en la celda. Se rajó la barriga de lado a lado y tuvieron que trasladarlo rápidamente en helicóptero a un hospital para salvarle la vida. Su familia dijo entonces que había estado en una celda de aislamiento, no había tomado la medicación y se puso muy nervioso. "A mí me llamó ese día y me dijo que se iba a hacer algo, que se iba a lesionar. Y yo llamé luego a la prisión avisándoles, pero no lo tomaron como algo grave", cuenta la hermana.

Lo que pedía Fernando y lo que pide ahora su hermana es que los presos con enfermedades mentales como la que tenía él no cumplan condena en una cárcel, sino en un centro especializado en el tratamiento de estos trastornos. Él llegó incluso a escribir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que le enviaran a un centro donde pudiera recibir la atención adecuada, asegura ella. "Lo único que pedimos –dice- es que estos presos con problemas de salud mental vayan a un sitio especializado para ellos, porque en una cárcel normal y corriente no saben cómo tratar a estas personas, y eso les hunde a ellas más aún. Porque hayan hecho lo que hayan hecho, son personas, no animales".

Los familiares de los tres presos fallecidos denuncian, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que no hay control en las prisiones sobre el uso de medicamentos como los psicofármacos que dispensan sus servicios médicos, debido, principalmente, a la falta de personal sanitario para hacer esa supervisión. Y eso lleva a que en periodos prolongados de descansos como puentes, fiestas navideñas o vacaciones de verano o Semana Santa, se administren medicamentos para varios días que luego acaban en una ingesta no indicada o en una venta de pastillas en el patio.

El gasto en neurolépticos aumenta un 118% en 5 años

El Mecanismo Nacional para la Prevención de la tortura, del que se encarga el Defensor del Pueblo, señala en su último informe anual, referido a 2020, que se habían constatado en las visitas a varias prisiones españolas "evidencias de alto consumo de medicamentos identificables como adicciones invisibilizadas por tratarse de medicamentos prescritos". Y en su informe remitido al Gobierno en 2021 tras las visita a España en septiembre de 2020, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Inhumanas o Degradantes (CPT) concluye que el modelo de atención psiquiátrica "no está funcionando correctamente y que los presos con una enfermedad mental no están recibiendo el tratamiento que necesitan".

Los datos del último informe anual de Instituciones Penitenciarias son muy elocuentes. Las patologías psiquiátricas motivaron en 2019 el 41% de los ingresos en las camas de enfermería de las prisiones españolas y las consultas de psiquiatría fueron las más numerosas después de las de odontología. Además, en el gasto farmacéutico, el mayor consumo se registró, tras los antirretrovirales, en medicamentos neurolépticos atípicos, utilizados para el tratamiento de trastornos psiquiátricos graves como la esquizofrenia, que tuvieron un incremento del 29% respecto al año anterior y del 118% en relación a 2014.

El informe de Instituciones Penitenciarias refleja, además, que casi el 30% de los presos refiere que le han diagnosticado alguna vez un trastorno mental, fundamentalmente de ansiedad, del estado de ánimo y psicóticos, que el 27,9% se encuentra en tratamiento con medicación psiquiátrica y que el 37,9% de estos últimos ha consumido drogas en el último mes. En medio de todo esto, el 5,2% los reclusos ha tenido alguna vez un "episodio de sobredosis no mortal", en más de la mitad de los casos por ingesta de tranquilizantes.

Para este entorno, con una población media de 50.712 reclusos, las prisiones españolas disponían en 2019 de un total de 1.261 profesionales sanitarios, 257 de ellos médicos, lo que arroja una media de 191 internos por cada facultativo. La Administración Penitenciaria, tal como refleja el informe de CPT, no proporciona atención especializada y, por tanto, no hay psiquiatras empleados a tiempo completo en las cárceles. La prestación de atención psiquiátrica es responsabilidad del servicio nacional de salud y la Administración Penitenciaria ha firmado acuerdos de colaboración con aquellas comunidades autónomas que están dispuestas a prestar servicios psiquiátricos en las prisiones o ha negociado contratos para la prestación de esos servicios. En su visita a los centros penitenciarios, la delegación del CPT comprobó, por ejemplo, que en Madrid V (Soto del Real), dos psiquiatras estuvieron presentes en el establecimiento durante dos horas sólo seis veces al mes; en Sevilla II, un psiquiatra estaba presente una vez a la semana durante cuatro horas; y en Valencia Picassent, ningún psiquiatra había visitado el establecimiento durante cerca de un año.

El Observatorio que ha detectado grandes deficiencias

Javier Vilalta es director de Ambit y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Prisión y Salud Mental, una organización que lleva 29 años trabajando en los centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana y ha podido constatar grandes deficiencias en la atención a los internos que padecen trastornos psiquiátricos. Se trata de una carencia que, a su entender, parte del vacío que quedó tras la reforma que cerró en los años 80 los entonces llamados manicomios sin que se abrieran suficientes recursos alternativos asistenciales, y del establecimiento en la década de los noventa de los juicios rápidos, donde no se valora la salud mental del enjuiciado y se manda a prisión a muchas personas que deberían estar en otro tipo de centros para tratar sus trastornos mentales.

Vilalta también aporta datos significativos. En la prisión de Picassent, sólo hay un médico cuando debía de haber 21, desde hace tres años ningún psiquiatra visita Castellón I, en Castellón II, hay 800 reclusos que reciben tratamiento psiquiátrico y un millar en Picassent, donde, además, 71 internos permanecen a la espera de que se abra un centro alternativo adecuado para ser trasladados. "Y todo esto no les importa nada a los políticos. Ese es el gran problema", se lamenta.

El coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Prisión y Salud Mental considera que no hay una estrategia seria a nivel estatal para abordar este problema, mientras tan sólo tres comunidades autónomas, Catalunya, Euskadi y Navarra han asumido las competencias sanitarias en los centros penitenciarios, tal como dispone la Ley 16/2003 de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud en este artículo: "los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud". La ley daba un plazo de 18 meses para ejecutar esa transferencia, pero 19 años después, casi dos décadas después, 14 comunidades aún no han hecho nada, incumpliendo la norma de forma flagrante.

"En este tema estamos a niveles de países no democráticos. Esto nunca había pasado en el Estado español. Son personas que no están siendo atendidas y eso es un maltrato institucional. Porque, además, estas personas no denuncian su situación porque tienen miedo a las represalias", afirma Javier Vilalta, para quien la atención sanitaria que debe recibir una población penitenciaria formada por unas 50.000 personas no puede suponer un problema económico en un país de más de 47 millones de personas.

Ante la falta de respuesta de las administraciones españolas, el Observatorio de Derechos Humanos, Prisión y Salud Mental ha decidido enviar a la ONU y a la Comisión Europea un informe sobre la situación de los centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana, a su juicio similar a la del resto de las prisiones del país, sobre la atención que reciben personas con discapacidad intelectual y con problemas de salud mental y el incumplimiento de las leyes internacionales que les asisten.

"Un problema cada vez más grave"

La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, que representa al personal médico y de enfermería de las cárceles de todo el estado, diferencia claramente la atención sanitaria que se dispensa en las comunidades que han asumido las competencias (Catalunya, Euskadi y Navarra), de más calidad porque cuentan con más recursos y personal, y la del resto que aún sigue bajo el paraguas del Estado, con muchos menos medios, cada vez más deteriorada y al borde de la extenuación, si es que ya no lo está.

"La salud mental es un problema cada vez más grave, en la prisión y fuera, pero cada vez con menos recursos en los centros penitenciarios para atenderla", afirma el presidente de la Sociedad Española, José Joaquín Antón Basanta, que ejerce como médico en la prisión de Albolote, en Granada, donde sufre en primera persona la gran falta de personal sanitario para atender a los pacientes reclusos, sacrificando días de descanso para hacer ya guardias cada tres días.

Según Basanta, entre un 3 y un 5% de los reclusos padece trastornos mentales graves, que en el caso de los leves podría llegar en algunos centros al 80%. Y eso, sumado a la falta de personal médico, ha propiciado que la adscripción de medicamentos psicótropos "esté disparada" en las prisiones españolas, asegura. Entre la falta de tiempo de los médicos para detenerse con los internos que van a consulta, las adicciones de muchos de ellos que generan abundantes casos de patología dual y la escasez general de personal en el área sanitaria se ha formado un cóctel explosivo que ha convertido las prisiones en "los manicomios de la sociedad actual", tal como afirma el sindicato CCOO en un análisis global de la enfermedad mental en las cárceles.

Los neurolépticos que suponen ya el segundo mayor gasto farmacéutico de las prisiones españolas, según refleja el mencionado informe de Instituciones Penitenciarias, se deben utilizar únicamente para trastornos graves, pero el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria asegura que se están usando "de forma abusiva", como hipnóticos, como pastillas para dormir y, en muchos casos también, con fines recreativos, por adicción. "El problema no es el reparto de estos medicamentos, porque en la calle también te dan una caja en la farmacia y luego tú la administras. El problema es la indicación real de los tratamientos, su prescripción, porque no hay suficientes profesionales para hacer un tratamiento adecuado", recalca Basanta.

"Hay prisiones que ya no tienen ningún médico, algunas que tienen sólo uno. Hay prisiones con mil internos en las que la guardia las hace un enfermero. No hay seguimiento de las patologías crónicas, que son habituales en las mentales, y eso crea descompensaciones en el enfermo. No se puede acceder al historial clínico del paciente en la calle ni al revés... Es un abandono absoluto", se lamenta el portavoz de los profesionales de Sanidad Penitenciaria.

ACAIP-UGT: "uno de los principales problemas de las prisiones"

Los sindicatos de prisiones también están muy preocupados con este tema. Esta misma semana, tres funcionarios fueron agredidos en Castellón II por un recluso que había sufrido un brote psicótico y dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados. La organización sindical mayoritaria en el ámbito penitenciario, ACAIP-UGT, advierte de que se trata, sin duda, de "uno de los principales problemas de las prisiones, algo muy grave", subraya su portavoz, Joaquín Leyva.

Y el problema deriva, a juicio de este sindicato, de la falta de personal médico y de enfermería y también de formación en el de vigilancia para aprender a tratar a reclusos con problemas de salud mental que requieren una atención especial, diferenciada. "La Administración debe solucionar esto y no escudarse en que las comunidades autónomas no asumen las competencias, porque llevamos 19 años así", subraya Leyva.

La falta de formación y personal se palía en muchos casos, según el portavoz de ACAIP-UGT, dejando la atención de estos reclusos en manos de los denominados internos de apoyo, que son los que reciben una formación específica de 300 horas de duración con el que obtienen la titulación de auxiliares de enfermería en salud mental y toxicomanías para ayudar en tareas de alimentación, higiene, integración y acompañamiento. Según el último informe anual de Instituciones Penitenciarias, había 112 internos desempeñando esta función remunerada en toda España.

Pero, a juicio de este sindicato, además de aumentar la dotación de personal profesional, también deberían crearse dependencias específicas para el tratamiento de las enfermedades mentales en prisión, que ahora son atendidas en las de enfermería general. Todo eso evitaría, dice Joaquín Leyva, el descontrol que se produce con la administración de fármacos, que debería ser diaria y de forma personalizada para evitar un uso indebido, por exceso o por su venta, que siempre acaba generando problemas.

El informe elaborado hace unos años por CCOO refleja que el 50% de los incidentes de régimen disciplinario en las prisiones españolas tiene relación con internos que padecen patologías de carácter psiquiátrico y que éstas se hallan también detrás del 75% de las agresiones a personal penitenciario. "Desde la perspectiva del personal penitenciario abordar el problema de la enfermedad mental en prisión es un factor de primer orden, no sólo desde nuestra responsabilidad como personal público en un servicio público, sino como garantía de una mejor calidad laboral", señala Comisiones en su análisis.

El portavoz de ACAIP-UGT dice que problemas de salud mental siempre ha habido en los centros penitenciarios, pero, tal como ha ocurrido en la sociedad española en general, se ha producido un incremento de casos en los últimos años, puesto que las prisiones no dejan de ser un reflejo de lo que ocurre fuera de ellas.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, no ha respondido a la pregunta de este periódico acerca de la queja presentada por la Asamblea de Familiares de Personas Presas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Esta organización solicita en ella un incremento de la plantilla de servicios médicos para que los reclusos "vean respetado su derecho a la salud", un aumento de la atención psiquiátrica a través de conciertos con el Servicio Andaluz de Salud de la Junta y alternativas terapéuticas a la administración de fármacos para el manejo de la ansiedad y de los hábitos de sueño.

La visita del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Inhumanas o Degradantes también incluyó los dos únicos hospitales psiquiátricos penitenciarios que hay en España, el de Sevilla y el de Alicante, donde cumplen condena personas que hayan sido declaradas por un tribunal como no responsables total o parcialmente debido a un trastorno, o son ingresadas de forma preventiva mientras se evalúa su estado mental tras la comisión de un delito. En ambos establecimientos, el CPT halló una "grave escasez crónica de personal en puestos clave, en el diseño carcelario de los locales y en el régimen de tipo carcelario". Y por ello, recomendó a las autoridades españolas tomar "medidas urgentes para aumentar los niveles de personal", en particular de psiquiatras, psicólogos y terapeutas ocupacionales.