El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha solicitado a la Audiencia Nacional autorización para intervenir la SGAE y de forma cautelar la remoción de los órganos de gobierno de la entidad, ha informado en una nota ese departamento.

Guirao, según el comunicado de Cultura, solicitó el pasado viernes a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, autorización para intervenir de forma temporal, por un plazo de seis meses, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

El ministro ha justificado la petición a la Audiencia Nacional de intervenir la Sociedad General de Autores (SGAE) porque "lo que está a la vista es ya intolerable" y ha explicado que durante los próximos seis meses se verá "si se encuentran otras cosas que hagan ir al juez por otros motivos".

Guirao ha realizado estas declaraciones en la Cadena Ser recogidas por Europa Press tras conocerse la petición realizada a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Si el juez autoriza su petición, Guirao nombrará un gestor interino constituido bajo la forma de una comisión, según establece la ley. Esa comisión, que asumiría las funciones legales y estatutarias de los órganos de gobierno de la entidad removidos, tendría como objetivo "regularizar" el funcionamiento institucional de la entidad, "clarificar" su gestión e "implantar" cuantas medidas fueren necesarias para cumplir "las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual".

La medida, según Cultura, se adopta conforme al artículo 192.9 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), que regula el procedimiento de revocación de su autorización que se inició con el apercibimiento emitido el pasado mes de septiembre

El ministerio considera que el apercibimiento que envió el 27 de septiembre a la SGAE, es decir, hace "más de tres meses", para que "subsanara o corrigiera" varios "incumplimientos graves", no ha sido cumplido" y que "concurren razones de urgencia para realizar esta solicitud al juez".

La SGAE tendría que haber presentado ante Cultura y Deporte la solicitud de aprobación de modificación de sus estatutos, previamente aprobada por su asamblea general, según lo establecido por la ley.

"Se les ha dado tiempo, margen y no ha habido forma de arreglarlo de manera pacífica y por lo que hemos optado es por hacer lo que dice la ley que es pedir una intervención temporal para puntos muy concretos, para seis meses prorrogable otros seis, y hacer la remoción de la junta directiva", ha explicado el ministro quien ha precisado que, en estos seis meses de intervención "se verá si se encuentran otras cosas que hagan ir al juez por otros motivos".

Además, la entidad tendría que haber constituido una junta directiva a través de un procedimiento que garantizara el respeto de todos los derechos reconocidos a sus miembros, incluido el ejercicio del derecho al voto electrónico.

"Es una cosa absolutamente desproporcionada"

En este sentido, el titular de Cultura ha recordado que, por parte del Ministerio, la intervención se pide para que la entidad adapte estatutos a la ley y para revisar los criterios de reparto "que no son equilibrados en absoluto". Puso como ejemplo de este desequilibrio el hecho de que "el 60% de la música de ciertos derechos se reparten entre los artistas y editoras que salen en televisión entre las 2 y la 6 de la madrugada", lo que, en opinión de Guirao, "es una cosa absolutamente desproporcionada".

El ministro ha insistido en que "el tema está en la SGAE, que viene de hace muchos años y va a peor, cada vez peor, es un tema puntual, lo que pasa es que la SGAE es la más importante, la más antigua, la más representativa y es la clave de la gestión de derechos de autor en España". El ministro ha recordado que la SGAE recauda entre 250 y 300 millones de euros cada año "una cantidad importantísima".

A ello se une que la SGAE debería haber adoptado las medidas que permitieran que el reparto –correspondiente al ejercicio 2018– de los derechos por la comunicación pública de obras de su repertorio en televisión cumpliendo con lo dispuesto en la ley y que ese reglamento de reparto se ratificara en su asamblea general.

Sobre la composición de la comisión interina que gestionará la entidad durante el tiempo que estará intervenida, el ministro ha explicado que formarán parte de este órgano "el subsecretario del Ministerio de Cultura, una subdirectora general de Hacienda y un juez de lo mercantil en excedencia actualmente en un bufete privado de Madrid".

José Guirao ha resaltado, asimismo, la unanimidad entre los todos los partidos políticos de adoptar medidas ante la situación de la SGAE y ha recordado que este procedimiento fue iniciado por su antecesor en el cargo Íñigo Méndez de Vigo.

"Judicialización" de una entidad ya "judicializada"

La SGAE está plenamente "dispuesta" a colaborar con las autoridades tras conocer por los medios la decisión del Ministerio de Cultura de pedir a la Audiencia Nacional su intervención aunque lamenta la "judicialización" de una entidad "ya suficientemente judicializada".

La entidad ha lamentado en un comunicado que el ministerio no haya tenido en cuenta su "firme compromiso" de atender a los requerimientos de Cultura. "Esta petición de intervención tiene el riesgo de paralizar y debilitar una entidad que se enfrenta a grandes retos, a nivel nacional e internacional", asegura en su nota.

Además, ha destacado su disposición a colaborar con las autoridades judiciales, "al igual que ha venido haciendo con Cultura en los últimos meses", una vez que ha tenido conocimiento ".

Recuerdan que la junta directiva elegida el pasado 28 de octubre y que preside José Ángel Hevia, "ha trabajado intensamente desde su elección para adaptar la entidad a la legalidad vigente" y que hace dos semanas envió un escrito de alegaciones a Cultura en el que manifestó "un triple compromiso" sobre la reforma de sus estatutos, al voto electrónico y al reparto de derechos de 2018, las tres causas de la petición de intervención. Sobre los estatutos, precisan que el 58% de los socios votó por su reforma en la Asamblea General del 27 de diciembre pero que se requerían dos tercios para salir adelante.