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Siete años sin residencia de mayores pública en La Línea pese a la lucha vecinal

La residencia cerró en el mes de marzo de 2017 y no ha logrado reabrir aún. Los vecinos temen que se acaben por concertar las plazas y se pierda un recurso público más. La obra, asegura la Diputación, está terminada a falta de luz y saneamiento.

Concentración en La Línea.
Imagen de una concentración a favor de la residencia publica en La Línea. Público

Esta es la historia de una residencia de mayores pública, de la Diputación de Cádiz, en la Línea de la Concepción, que cerró hace justo siete años, en el mes de marzo de 2017. Entonces el PSOE controlaba la institución, y la residencia no ha vuelto a abrir. Acogía en el momento de la clausura a 34 mayores.

La Diputación ha mantenido las plazas en este tiempo, pero ya no son públicas: fueron reubicados mediante conciertos en residencias privadas. Los trabajadores estuvieron varios años yendo a trabajar a Cádiz y El Puerto de Santa María, donde están las otras dos residencias públicas de la Diputación de Cádiz, antes de que se les reubicara en otros centros del campo de Gibraltar, más cerca de sus viviendas.

Esta historia, que a primera vista parece pequeña, es sin embargo grande: "Es un pueblo abandonado que está abandonando a los ancianos. Lo último de lo último", afirma a Público Nancy Corbacho, la niña del Bar tienda de La Línea.

"Mi madre murió con 101 años [en la residencia]. Yo seguí peleando esto", añade. "Ella tenía una tienda en la calle Clavel, que se sigue llamando el bar tienda. Era muy conocido, se vendían los bocadillos para ir a los toros", recuerda Corbacho.

Ella es una de las vecinas de La Línea, una localidad de 63.000 habitantes junto a Gibraltar, con un 17% de la población por encima de los 65 años, que ha mantenido viva la lucha desde entonces para que no se pierda un servicio público. Hay demanda de plazas en Cádiz además, según las residencias privadas, unas 200. Hay quien se tiene que ir a otros lugares. 

Ha sido la pelea vecinal, agrupada en la plataforma Mesa de Trabajo por La Línea, donde están colectivos, sindicatos y partidos políticos, la que ha mantenido encendida la llama de la reivindicación desde entonces para que la residencia de mayores siga siendo pública al 100%, como lo era antes.

Las autoridades cerraron la residencia porque el edificio estaba en mal estado. "En líneas generales presenta un lamentable estado desde el punto de vista estético, funcional y de instalaciones. El edificio sigue funcionando correctamente en la actualidad gracias a múltiples reparaciones de las instalaciones y una continua y eficaz labor de mantenimiento. Se considera recomendable cualquier gestión que de alguna de las maneras favorezca que los residentes cuenten con un centro más seguro, cómodo, funcional, moderno y estéticamente decente", decía un informe del servicio de conservación de patrimonio.

"Era muy familiar y los trabajadores eran como de la familia. Iba allí por la mañana y por la tarde. Teníamos plena entrada, aquello era una maravilla. Te lo dicen todas las que han estado ahí dentro. Los trabajadores eran gente bregada, gente con sueldos [dignos] y con conocimiento. Había una enfermera continua, había un médico, una masajista", recuerda Corbacho.

Los plazos

Cuando cayó el telón, la Diputación prometió que la residencia iba a reabrir en una nueva ubicación. En febrero de 2018, la entonces presidenta Irene García, presentó el plan. 70 plazas y nuevo servicio diurno. 4,3 millones de euros de presupuesto para un nuevo edificio, en Santa Margarita, y reapertura en el año 2020. Los plazos no se han podido cumplir. 

Al nuevo edificio, cuyas obras comenzaron en 2011 ya con la idea de que sustituyera al antiguo, y que estuvieron paradas un tiempo (llegó incluso a servir como establo para burros), le falta poco. Pero aún debe culminarse.

Este periódico preguntó a la Diputación de Cádiz, ahora en manos del PP, los plazos que manejaban para la apertura de la residencia en Santa Margarita. La respuesta fue la siguiente: "La obra está terminada a falta de ejecutar el centro de transformación y la acometida de la red de saneamiento, actuaciones que están contempladas en los presupuestos de 2024 de la Diputación, [que recogen] unos 400.000 euros para los suministros y unos 900.000 euros para el equipamiento. También en relación a este edificio, las cuentas de 2024 recogen una partida con parte del montante para el equipamiento posterior del edificio". 

En paralelo, irónicamente, el edificio original, el que se cerró por estar en mal estado, ha acabado en manos privadas. La Diputación ha financiado las obras y el Ayuntamiento lo ha cedido a la empresa Asansull, que gestiona otras tres residencias de mayores en La Línea, y que se ha hecho con este servicio.

Aún no ha abierto tampoco esta nueva residencia, pero aunque los plazos prevén que lo haga después, en 2025, hay vecinos que creen que lo que podría suceder, paradójicamente, es que lo hiciera antes que la nueva, la prometida por la Diputación, la de Santa Margarita.

Público / privado

"Nos preocupa mucho este tipo de políticas de abandonar lo público. En La Línea es especialmente relevante. Aquí a todo el mundo se le llena la boca que el Estado se ha ido y solo se interpreta que eso sucede con la Policía. Sin embargo, hay déficits sociales y esto es un ejemplo. Se aprovechan unos supuestos problemas estructurales [para el cierre] y el pueblo de La Línea se echa a la calle", afirma Manuel Triano, secretario comarcal de CCOO.

En el sindicato creen que el modelo de gestión por el que va a optar la Diputación, ahora gobernada por el PP, mediante un pacto con La Línea 100%, el partido del alcalde Juan Franco, va a ser "privado". "Al final, parece que quieren desmantelar cualquier servicio público. Hoy no hay ninguna residencia pública de mayores en La Línea", añade Triano.

Hoy, la Diputación mantiene las residencias de Cádiz y de El Puerto de Santa María con el modelo público 100%, pero las asociaciones de vecinos temen que esto se termine y que al final lo que suceda es que las plazas que fueron públicas acaben por concertarse. Es decir, que después de todos estos años sin residencia y después de la pelea, se pierda un recurso público y, de nuevo, con los impuestos, se financien negocios privados.

El alcalde de La Línea el mes de diciembre pasado no despejó las dudas al respecto y manifestó lo siguiente: "[La nueva residencia] tendrá el mismo trato que las otras dos ¿Cuál va a ser ese mismo trato? No lo sé. Eso tendrá que decidirlo la Diputación. Si esta está cerrada, tendrá que cerrar las otras dos; si las otras dos siguen abiertas en régimen público, esta también, o si deciden sacar tres concesiones. Todas con el mismo trato", manifestó.

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