Sindicatos tras el accidente minero en Súria: "Cada muerte es injustificable y la mayoría son por la codicia empresarial"

La muerte de tres trabajadores el pasado jueves al quedar atrapados en la mina de extracción de potasa de Súria (comarca barcelonesa del Bages), en una galería a 900 metros de profundidad, ha vuelto a poner sobre la mesa algunas cuestiones sobre la seguridad en las instalaciones y la delegación de responsabilidad a la hora de realizar las inspecciones periódicas. En este caso, las víctimas han sido un geólogo y dos estudiantes en prácticas de un máster de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Torrent: "El control era periódico. El último fue hace tres semanas y se cerró sin ningún expediente abierto"

El mismo día del accidente y desde el lugar de los hechos, el conseller de Empresa, Roger Torrent, aseguró que en la última inspección de la Generalitat, realizada hace menos de un mes, no se detectó irregularidad alguna. "El control era periódico. El último fue hace tres semanas y se cerró sin ningún expediente abierto", explicó Torrent. El accidente laboral mortal no es el primero que sufre ICL Iberia, filial de la multinacional israelí ICL, propietaria de la mina de extracción de sales potásicas de Súria.

Aunque el caso se encuentra bajo secreto de sumario y los diferentes sindicatos instan a los resultados de las investigaciones, además de respetar la tradición minera de detener la actividad y acompañar a los familiares y amigos de las víctimas, ya se han producido algunas reacciones. "Ya habrá tiempo para pedir las responsabilidades sobre unas medidas de seguridad, la falta de ellas, que ya han provocado ocho muertes en las minas del Bages en los últimos diez años". Así se expresa en un comunicado la CGT.

CGT: "No somos estadísticas, somos trabajadores y trabajadoras muriendo por ir al trabajo"

Las muertes a las que alude el sindicato se han producido desde el año 2012. Tres de ellas fueron entre 2015 y 2020, otras dos en junio de 2020 (con sólo tres semanas de diferencia), justo antes del cierre de la mina de Iberpotash en Sallent, también propiedad de ICL, y las últimas la del pasado jueves. CGT afirma de forma contundente que "cada muerte en el trabajo es injustificable y en la inmensa mayoría se debe a la codicia empresarial que no invierte lo necesario en medidas de prevención y seguridad. Son culpables. No somos estadísticas, somos trabajadores y trabajadoras muriendo por ir al trabajo. ICL - Iberpotash extrae los beneficios, la clase trabajadora ponemos a los muertos".

Por su parte, la sección de industria del sindicato CCOO Catalunya manifiesta que "velará por esclarecer las causas de este accidente lamentable y tomará las medidas oportunas para depurar las posibles responsabilidades". Así, exige a la dirección de ICL Iberia que "se pongan todas las medidas necesarias y que se haga un mantenimiento correcto de las instalaciones de la mina para garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en ella, ya que éste no es el primer accidente grave que se produce".

En un breve comunicado, la empresa que gestiona la mina señala que "en estos momentos se están investigando las causas del accidente junto con las autoridades competentes". De momento, la compañía no ofrece ninguna hipótesis sobre las causas del siniestro laboral.

Liberalización de la inspección

En 2022, se aprobó un nuevo reglamento de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). En ese momento, ya se produjo un debate sobre la conveniencia de que las administraciones delegaran los procedimientos de inspección en las Entidades Colaboradoras de la Administración (ECA). La carencia de personal especializado es una de las razones que ha llevado a la liberalización del sector. De hecho, en una de las reuniones de la Mesa de Seguridad de la Minería en Catalunya, algunos de sus representantes (entre los que se encuentra Ciment Català (Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya) o el Gremio de Áridos de Catalunya) expusieron la necesidad de que las ECA capacitaran a su personal y que éste tuviera una acreditación expedida por la propia Administración.

Actualmente, las ECA que trabajan con la Generalitat son Análisis y Control Minero e ITV Maquinaria Industrial y Minera. La normativa estatal sobre seguridad en las minas se regula en el Real Decreto 863 de abril de 1985, firmado por el ministro de Industria y Energía de la época, el socialista Carlos Solchaga.

Desde el año 2020, cuando se registraron dos accidentes mortales en la mina de Vilafruns, ubicada entre Sallent y Balsareny (en la misma comarca del Bages), los sindicatos se han quejado de forma persistente de la falta de seguridad en las instalaciones. Las dos víctimas mortales de mayo de ese año pertenecían a Montajes Rus, una empresa subcontratada por ICL Iberia. Montajes Rus, que tiene su sede en Berga, es una de las firmas que colabora de forma esporádica con Iberpotash.

La situación provocó una huelga de los trabajadores, que se movilizaron por las calles de Sallent bajo el lema 'Por la seguridad de la mina'. La plantilla y los sindicatos remarcaron que los accidentes constataban que las condiciones de las instalaciones no eran suficientes. Un mes después de ambos accidentes, la compañía cerró definitivamente la explotación. La decisión supuso el despido de 400 personas, de las que 240 formaban parte de Montajes Rus.

Desde el punto de vista geológico, el director técnico de una empresa de referencia de estudios geotécnicos, que quiere mantener su anonimato, comenta que "el riesgo geológico cero no existe y aunque la rampa de acceso a la galería se inauguró en 2021, estoy convencido de que cuando pasó la inspección, ésta no detectó ninguna incidencia. Estoy seguro de que no se trata de una negligencia".

Catalunya cerró 2022 con 103 fallecidos en accidentes laborales, un 13% más que los 91 registrados en 2021

El accidente mortal de Súria se produce en un contexto de incremento de los accidentes laborales mortales en Catalunya. En 2022 se cerró con 103 fallecidos, un 13% más que los 91 registrados en 2021. Del mismo modo, los accidentes graves crecieron un 6,95%, pasando de los 590 a los 631 del pasado año. Una de las explicaciones de estas estadísticas se encuentra en la recuperación de la actividad después de la pandemia de la Covid-19. Pero más allá de este análisis coyuntural, sindicatos y expertos coinciden en que, aunque la accidentalidad en la actividad minera ha disminuido en los últimos años, se debe continuar trabajando para minimizarla y al mismo tiempo garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores, intensificando las inspecciones y la formación y capacitación del personal encargado para llevarlas a cabo.