El sindicato mayoritario del servicio de emergencias médicas de la Comunidad de Madrid, Summat, ha presentado dos denuncias penales contra los responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los trabajadores llevan más de un mes pidiendo material de protección y han optado por recurrir a la vía judicial por la desprotección que sufren. Acusan a cuatro dirigentes de delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo. 

Los trabajadores denuncian que trabajan sin los medios necesarios de protección que requiere la emergencia sanitaria. En los textos, a los que ha tenido acceso Público, detallan que tienen que recurrir a "delantales que tienen que reutilizarse", que no tienen buzos y que "las protecciones deben aumentar y no disminuir, como pasa en Ifema". Son algunos de los aspectos por los que piden que se incoen diligencias previas. "No se garantizan unas mínimas condiciones de seguridad. Están poniendo en grave riesgo la salud y vida de los trabajadoras, atentando contra la integridad física así como la de los pacientes", aseguran en las denuncias. 

"En algunos casos no se proporciona material, en otros son insuficientes, en otros no cumplen con los requisitos exigidos…", alegan en las denuncias. También recriminan que la "desprotección no queda ahí" porque se están "obviando las normas establecidas en relación a los trabajadores especialmente sensibles"; embarazadas, mayores de 60 años, personas con diabetes, inmunodeficiencias o que sufren otras enfermedades que les hacen más vulnerables.

En estos casos, los servicios sanitarios deben evaluar la presencia de los trabajadores y adaptar el trabajo si es necesario: "Este protocolo no se está cumpliendo, obligando a continuar en su prestación de servicios a estos trabajadores que asumen un riesgo aún mayor que el resto de profesionales sanitarios".

También denuncian que a los profesionales sanitarios se les mantiene en la prestación de servicios a pesar de ser sintomáticos. Una situación que es aún pero respecto a otras comunidades autónomas porque el Ministerio de Sanidad pide la incorporación a la actividad laboral tras siete días, mientras que el Protocolo de la Comunidad de Madrid acota este tiempo a cinco días.

"Esto supone un grave riesgo para su propia salud, la de sus familiares
y allegados y para la de los pacientes, afectando a la salud pública y a la
prestación de atención sanitaria, que puede conllevar al colapso de la misma
por el alto número de personal sanitario contagiado por coronavirus", alegan.

Por estos motivos los trabajadores presentaron las dos denuncias penales este martes. Una ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Otra ante el Juzgado de Instrucción de Madrid contra varios responsables en la emergencia sanitaria: la viceconsejera Ana Dávila-Ponce, la directora general de Recursos Humanos, Raquel Sampedro, y el coordinador del Hospital de Campaña de IFEMA, Fernando Prados.

Además, en los textos se señala que las situaciones se han denunciado por este mismo sindicato a la Jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SUMMA 112, Doña María Jesús Almodóvar, pero que no han obtenido ninguna respuesta.

"En el Ifema se vulneran todos los derechos de protección"

En la denuncia se dedica un apartado entero a detallar la situación de los trabajadores en el macrohospital de campaña del Ifema. El sindicato detalla la situación de riesgo: recinto cerrado sin divisiones y con gran número de pacientes, falta de EPIs adecuados recurriendo a batas de quirófanos de papel, delantales de plástico o mascarillas quirúrgicas. Solo hay un material por turno, pese a que los trabajadores del SUMMA 112 tienen jornadas de 12 horas. "En este tiempo siempre es preciso ausentarse de la zona de pacientes y el equipo de protección no se cambia. Se deja en la zona de entrada sin distinción de sucio o limpio", alegan.

También detallan los problemas constantes de organización en el Ifema: "Personal voluntario que se vuelve a casa por no ser asignado a ningún pabellón, profesionales que no son ubicados y se quedan fuera sin entrar a los controles con pacientes, noches con un solo un médico para 100 pacientes y 50 pacientes para un solo profesional de enfermería… ; poniendo en gran riesgo tanto la salud física como mental de los trabajadores de forma premeditada".