Alrededor de docientos trabajadores de la administración de Justicia convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Justicia para reclamar un refuerzo de las plantillas y medios tecnológicos.

Después de un año de pandemia, ha denunciado este sindicato, mayoritario en la Justicia, la tasa de asuntos pendientes ha aumentado casi el 30%, a pesar de que han ingresado un 12% menos por el confinamiento.

Según un estudio realizado por CSIF, los juzgados deberían trabajar siete meses, sin que entrara ningún asunto nuevo, para liberarse del atasco, pero la previsión es que se dispare la carga ante al aumento de litigios derivados de la crisis económica.

"La Justicia sin medios no se puede sostener y para eso necesitamos que los políticos nos hagan caso. Los medios que utilizamos están obsoletos”, ha declarado Javier Jordán, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF.

Las bolsas de personal interino se han agotado ante el retraso en las ofertas de empleo público y el Ministerio está recurriendo a las listas del paro para contratar refuerzos, ha denunciado el sindicato.

A día de hoy, España cuenta con 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea.

Jordán ha añadido que el estudio elaborado por el CSIF muestra que son necesarias como mínimo "19.299 personas de nuevo ingreso para equipararnos con países europeos".

CSIF ha hecho hincapié también en la brecha salarial que existe entre los trabajadores que dependen del Ministerio de justicia y aquellos que lo hacen de las Comunidades Autónomas con competencias.

"No queremos vagas promesas, sino fechas exactas para empezar a negociar (…) Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos es una inversión e irá siempre en beneficio de los ciudadanos", ha concluido Jordán.

Anulación del acuerdo para medir la carga de trabajo

La protesta se produce el mismo día que el Tribunal Supremo ha anulado el Acuerdo que el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio adoptaron en 2018 para la medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales por omitir la participación de las asociaciones de jueces.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha dictado una sentencia en la que estima el recurso interpuesto por la asociación "Foro Judicial Independiente" contra dicho acuerdo.

La sentencia, que analiza el régimen jurídico de las asociaciones judiciales, señala que debe presuponerse, por ser ilógico lo contrario, que las asociaciones tendrán un conocimiento actualizado de la situación real de los órganos jurisdiccionales y de sus dificultades, de existir, para el logro de lo que exige la satisfacción de aquel derecho fundamental.