La realidad migratoria en España es tan tozuda que la historia no deja de repetirse. Ni siquiera cambia el escenario, es idéntico, aunque esta vez esté a más de 1.600 kilómetros. El hormigón del dique del puerto de Aguineguín, en Gran Canaria, era igual de duro ayer que el del puerto de Algeciras en 2018. El sol de las horas centrales del día abrasa de la misma manera y la sombra de las carpas es igualmente insuficiente para las más de 350 personas migrantes que están recluidas allí desde hace al menos tres días—algunos, incluso más, según Cruz Roja— después de ser rescatados por Salvamento Marítimo o de llegar por sus propios medios a las playas.

Faltan plazas de para la acogida humanitaria, como ya ocurrió hace dos años en varias localidades andaluzas. Improvisación y falta de previsión, una vez más, señalan las organizaciones encargadas de la labor asistencial y humanitaria en las islas.

Lo único que cambia es la travesía. De la costa marroquí a la andaluza apenas hay unas decenas de kilómetros, pero desde la cornisa atlántica hasta las islas Canarias son cientos, a veces, miles de kilómetros. El periplo dura varios días y el riesgo es mucho mayor. Tanto que, grosso modo, puede calcularse en una funesta ecuación: por cada 20 personas que intentan alcanzar las islas españolas echándose al Atlántico en una patera o un cayuco, hay una que morirá o desaparecerá en las profundidades del océano, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Si la patera zarpa desde el norte de Marruecos hacia costas peninsulares, la proporción de muertes desciende a una por cada 94. La ruta hacia Canarias ya se ha cobrado al menos 248 vidas en lo que va de año, es decir, 38 más que en todo el año pasado.

Pero la odisea no termina al llegar a tierra. La bienvenida es incertidumbre, sufrimiento, noches durmiendo al raso en el puerto, calor y, ahora, cuarentenas y pruebas PCR cuyos resultados tardan en llegar y demoran aún más los traslados a las pocas plazas libres en los centros que día a día intenta improvisar la Cruz Roja.

Las cifras de llegadas de migrantes subsaharianos y magrebíes a España durante la llamada crisis de las pateras de hace dos años tampoco pueden compararse a las actuales de Canarias. En 2018 arribaron casi 55.000 personas a las costas andaluzas, con jornadas en las que eran rescatadas más de mil personas en pocas horas. Al archipiélago, aunque el aumento es exponencial en términos relativos, han llegado unas 4.000 en lo que va de año. Sin embargo, ya son siete veces más que en el mismo periodo de 2019, sin contar las 600 personas rescatadas durante la última semana.

Las islas llevan recibiendo una media de más de cien personas migrantes al día durante septiembre, y se espera que vayan a más durante este mes, cuando la meteorología hace al océano algo menos agresivo. El fujo lleva creciendo desde 2018, cuando Marruecos, con financiación española y europea, reforzó el control de las aguas en la ruta del Estrecho y el Mar de Alborán. La llegada de pateras no ha parado de descender drásticamente desde entonces, más de un 30% menos desde enero a septiembre, pero también ha contribuido a que la ruta canaria crezca un 575% y se consolide de nuevo como un punto caliente.

Lo que no se ha multiplicado al mismo ritmo en las islas son las plazas para dar una acogida digna a las personas que han dado esquinazo a la muerte en la travesía. Algunas organizaciones hablan de colapso estructural, el Gobierno insular, presidido por el socialista Ángel Víctor torres, apremia al Gobierno central a dar una respuesta y la tensión social y política —plagada de bulos y mensajes xenófobos y algunos episodios de violencia—, va en aumento.

Tensión en Mogán

Sobre todo, en localidades como Mogán, en Las Palmas, principal destino de los rescatados y cuyo puerto, Arguineguín, lleva todo el verano albergando migrantes en condiciones lamentables. Sin duchas, bajo unas carpas improvisadas, durmiendo en el suelo y custodiados por agentes de Policía. "Lo que no puede ser es que haya centenares de personas en el muelle de Arguineguín", ha criticado Torres, que reconoce que "la situación es muy complicada desde hace muchos meses" y pide más implicación tanto a Madrid como a Bruselas.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, también criticó la situación y la "preocupación" que genera en los vecinos, sobre todo, después de un reciente incidente entre los migrantes y la policía en el puerto. Ha pedido que se instale "un mando único que lidere la coordinación entre ministerios" como se hizo durante la crisis de los cayucos de 2006, aunque la presión migratoria dista mucho de parecerse a la de entonces.

También ha criticado la situación el magistrado y juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, exsenador del PSOE, que ha tachado de "vergüenza e inaceptable" la situación en el muelle de Arguineguín. Aunque han servido como alojamientos improvisados naves industriales mal acondicionadas o gradas de recintos deportivos en las islas.

"Nuestra mayor preocupación es evitar que haya gente en el muelle más de 24 horas pero, a veces, no lo conseguimos. Buscamos cada día nuevos espacios para dar una acogida digna y responder a las llegadas, pero está resultando difícil, más aún con las medidas sanitarias necesarias para prevenir contagios de coronavirus", explica José Javier Sánchez, subdirector de Inclusión Social de Cruz Roja, la organización encargada de la atención humanitaria con fondos de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Según Sánchez, en septiembre del año pasado contaban con 16 plazas de acogida. Ahora disponen de algo más de 2.600 y han dado atención y cobijo a unas 4.000 personas en lo que va de año. Pero sigue siendo insuficiente. La buena mar de septiembre aumentará el flujo, y se suma un problema nuevo. La mayoría de los espacios habilitados, cedidos por Ayuntamientos, Cabildos o el Gobierno canario, estaban sin uso a causa de la pandemia. Otros han sido financiados por la Secretaría de Estado. "Pero muchos de ellos, como residencias de estudiantes, polideportivos e instalaciones municipales tienen que ser desalojados para su vuelta a la actividad", advierte Sánchez.

Hoteles para paliar la falta de plazas

De ahí que, en los últimos días, la solución más operativa haya sido albergar a los migrantes en hoteles que el coronavirus ha dejado sin clientes, también con financiación del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Según Cruz Roja, hay alojadas 98 personas en hoteles de Lanzarote, 501 en dos grandes complejos hoteleros de Las Palmas y 82 en Fuerteventura.

Una medida que ha desatado todo tipo de bulos racistas y ha añadido más tensión. El martes, el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), Antonio Hormiga, calificaba esta decisión de "auténtica aberración" y un "golpe durísimo a la imagen de destino seguro y de calidad" de Canarias. El PP de Fuerteventura se ha manifestado en la misma línea y ha pedido la reapertura del CIE de la isla, mientras que la patronal turística canaria, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), pide que la medida sea "temporal, breve y nunca estructural".

Piden traslados a la Península

Varias organizaciones humanitarias llevan tiempo exigiendo al Ministerio del Interior que autorice el traslado de migrantes a la Península, donde sí hay más capacidad para garantizar una acogida digna, destaca el subdirector de Inclusión Social de Cruz Roja, que precisa que los salvoconductos están siendo "escasos". La pasada semana "hubo 68 traslados y hay previstos otros 130 para la próxima, pero nos gustaría que fuesen más, sinceramente", apunta Fernández.
No sólo para aliviar la saturación de una débil e improvisada red de acogida, sino para evitar la "frustración" de muchos migrantes que llevan más de un año atrapados en las islas, "cuando su proyecto migratorio estaba incluso en otros países europeos". Es "un problema grande que nuestros servicios de atención psicosocial también están atendiendo en los centros", añade.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Canarias también pide traslados desde "las islas no pueden convertirse en una cárcel para las personas migrantes. Cada día es más urgente que se reactiven los traslados a la Península para que se garanticen sus derechos", apunta la organización, que añade que "una red de acogida digna tiene que estar acompañada de continuidad en el tránsito migratorio, impedir el bloqueo".

La Secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, afirmó el miércoles en el Foro Canario de Inmigración, organizado por el Gobierno insular, que se está trabajando para crear centros de acogida propios en las islas. Su participación estuvo marcada por el supuesto plantón del ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha afirmado que no estaba en su agenda la participación en este foro.

Jalloul, que visitó Canarias a los pocos días de acceder al cargo, cuando las llegadas comenzaban a saturar la red, afirmó que el Gobierno ha creado 700 plazas en las dos últimas semanas. "El Gobierno de España responde y se adapta al flujo de llegadas y a las necesidades surgidas por el Covid-19. A finales de 2019 no había más de cien plazas de acogida en las islas y hoy contamos con más de 1.700", respondió.

Su intención era aliviar la presión del verano poniendo en marcha un centro de acogida con capacidad para unas 900 personas en el municipio de Agüimes. Pero no se han obtenido las licencias para implantarlo en la ubicación prevista, en el barrio de Arinaga. Por el momento, Migraciones no ha dado más detalles sobre esta futuras instalaciones, aunque precisa que serán infraestructuras pensadas específicamente para acogida de migrantes.