La nueva ley del alquiler turístico de las Islas Baleares, que entra en vigor este martes, recoge que los propietarios de pisos de edificios que los alquilen a turistas se enfrentarán a multas de entre 20.000 a 40.000 euros.

En el caso de las inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales que lo publiciten (como AirBNB o HomeAway), la sanción puede llegar hasta a los 400.000 euros.

De esta manera, el propietario que desde este martes tenga en su piso a un turista menos de 30 días, sin un contrato de arrendamiento y sin que el visitante haya pagado una fianza, estará actuando ilegalmente y se estaría exponiendo a ser multado.

El Govern del PP de José Ramón Bauzá ya prohibió en la pasada legislatura, en 2012, el alquiler de pisos a turistas, aunque apenas se persiguió esta actividad. Ahora, el ejecutivo progresista liderado por la socialista Francina Armengol y los econacionalistas de MÉS quiere hacer efectiva esta norma con sanciones ante una actividad que está creando a residentes y trabajadores que vienen a las islas con dificultades para encontrar un lugar para vivir a precios razonables.

La nueva ley deja la posibilidad a los consells insulars de cada isla (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) y al Ayuntamiento de Palma de decidir si permiten el alquiler turístico en pisos, cuánto tiempo y en qué zonas.

Estas instituciones, gobernadas por partidos progresistas, tienen un año para acordar qué hacen, aunque se prevé que mayoritariamente mantendrán la prohibición.

Con el fin de perseguir el alquiler ilegal en pisos, la Conselleria de Turismo pondrá en funcionamiento una plataforma electrónica para que los ciudadanos denuncien a los propietarios que los alquilen. En ningún caso las denuncias pueden ser anónimas y sólo servirán para que los inspectores inicien su trabajo.

Para ayudar a los turistas, la conselleria creará una aplicación de móvil específica para que consulten si la casa que se pretende alquilar es legal o no. A día de hoy en Mallorca hay 15.000 viviendas con autorización para alquilar.

La ley permite alquilar en Baleares a turistas si se trata de casas aisladas (chalés) o rústicas, adosados o medianeras de pueblos, siempre y cuando tengan la correspondiente licencia de la Conselleria de Turismo, requisito indispensable.

En esta misma línea de frenar la especulación inmobiliaria, el Govern ha aprobado esta semana el proyecto de la primera Ley de la Vivienda de las Islas Baleares, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

El texto obliga a los "grandes poseedores" de viviendas (sociedades y empresas, no particulares) a cederlas si llevan dos años vacías con el fin de hacer frente a una "necesidad objetiva de dificultad" de acceso a la misma, según ha explicado el conseller del Territorio, Energía y Movilidad.