Más de 4.000 kilómetros separan a Jack, de 47 años, de su familia. De origen camerunés, viajó hasta Badalona en 2006 después de haber pasado por Argelia, Melilla y Almería. Un largo y duro recorrido que, aun así, no le ha garantizado un techo ni una vida fácil en Catalunya. Actualmente duerme en un colchón bajo el porche de la Capilla de Sant Joan Baptista, en el barrio de la Salut Alta, pero en pocos días tendrá que marcharse y buscar, por enésima vez, otro refugio donde pasar las noches. Su vida vuelve a estar en suspenso, después de haber pasado por un asentamiento en el barrio del Gorg y por un piso tutelado, entre otros espacios a lo largo de los años. 

Él es uno de los centenares de migrantes que llegaron —y siguen llegando— a la ciudad en busca de un futuro mejor. Sin embargo, se encontró con unas instituciones que persiguen la pobreza y con una realidad que empuja a los recién llegados sin recursos a la incertidumbre y la exclusión social. Se desconoce con certeza cuánta gente malvive en asentamientos en Badalona, pero el más grande se encuentra actualmente en el antiguo instituto B9, junto a Sant Adrià del Besòs. Se calcula que duermen allí más de 400 personas, la mayoría migrantes, algunos de los cuales sufren enfermedades crónicas y tuberculosis. 

"Se calcula que más de 400 personas malviven en el antiguo instituto B9 de Badalona "

¿Qué pasará cuando el alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) finalmente fuerce el desalojo que lleva dos años intentando? ¿A dónde se desplazarán estas personas? El Centro de Derechos Humanos Irídia ha presentado este lunes una denuncia ante la Oficina para la Igualdad de Trato y No Discriminación para intentar frenar el desahucio. La medida se ha anunciado en una rueda de prensa con la participación de varios habitantes del espacio, la plataforma Badalona Acull, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya y la Fundación Cepaim. Las personas afectadas explicaron los motivos estructurales que las han llevado a vivir en esta situación: el racismo, la especulación con la vivienda y una ley de extranjería que les impide trabajar y salir adelante, como le ha ocurrido a Jack. 

"Tenemos que buscar vivienda" 

Jack no habla muy bien castellano, pero se hace entender. Se encuentra con Público en el garaje-almacén de Jaume Ventura, miembro de Justícia i Pau, una de las entidades que forman parte de la plataforma Badalona Acull. Es en este espacio donde Ventura guarda comida y productos de primera necesidad para repartirlos en lotes a personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. 

Cuando entra al almacén, Jack no empuja, como hace habitualmente, el carrito donde acumula la chatarra que luego vende. Llega con las manos vacías y una sonrisa. Jaume y Jack mantienen una relación cordial. Todo empezó cuando el primero entabló conversación con el segundo, que aquel día pedía limosna a las puertas del supermercado Condis de la misma calle. "No quería que se sintiera diferente. Le pregunté cómo se llamaba y qué hacía aquí. Tres o cuatro frases y me fui. Al día siguiente, lo saludé de nuevo. Así hasta generar confianza. Nadie lo hace. Es una persona con problemas y procuro sensibilizar a la gente para que haga lo mismo que yo. Si no, son invisibles", recuerda Ventura. 

En el encuentro con Público, Jack va recogiendo productos de las estanterías mientras responde, brevemente, las preguntas sobre su historia. Se nota que no se siente del todo cómodo, pero aun así se queda un rato mientras coloca los alimentos en una vieja máquina expendedora de chicles con ruedas. Jaume lo ha llamado para que, de paso, se la lleve como chatarra y gane algo de dinero. Según explica, Jack puede ganar entre cinco y 15 euros al día, unos ingresos que no le permiten pagar un alquiler en Badalona. "Es muy difícil", dice, mostrando las manos cortadas de trabajar con el hierro. 

Está preocupado. Sabe que pronto tendrá que irse del porche donde duerme. Sus apoyos son Jaume y el párroco de la iglesia, Isidre. "Tenemos que buscar vivienda", insiste Jack. Ventura asiente, pero no sabe cómo puede ayudarle. Solo ha sabido de una habitación libre por 400 euros, una cifra inasumible para el camerunés. Le propone ponerse en contacto con Cáritas, que tiene un programa de acogida con varios pisos tutelados repartidos por Badalona. El problema es que Jack ya estuvo allí durante dos años, en una de esas viviendas, y no cree que lo acepten otra vez. 

"Antes también viví con otras personas en un local en el Gorg, pero no me gustaba estar allí", admite. Jack no da más detalles al respecto, pero asegura que no quiere volver a vivir en ninguno de los asentamientos ilegales que hay en Badalona. En 2020, se produjo un grave incendio en una nave industrial abandonada en el barrio del Gorg, que terminó con cinco muertos y más de una treintena de heridos. Se calcula que en aquella nave malvivían unas 200 personas, la mayoría provenientes del África Subsahariana. 

"Un grave incendio en 2020 acabó con la vida de cinco migrantes que vivían en una nave en Badalona" 

La nave del Gorg quedó reducida a cenizas y buena parte de los migrantes que estaban dentro huyeron rápidamente por miedo a ser detenidos. El alcalde de aquel momento, Xavier Garcia Albiol —el mismo que gobierna ahora, vaya—, no tardó en calificarlos de "okupas" y en lamentar que la ley no le había permitido actuar antes. Cinco años después, la narrativa de Albiol no ha cambiado. De hecho, se ha endurecido y ha convertido "la lucha contra la okupación" en uno de sus grandes caballos de batalla, por encima de unas políticas efectivas de vivienda.

Relacionado con este tema

Cinco realojos en seis meses: el periplo de una familia vulnerable desahuciada en Barcelona

Ona Falcó

Los asentamientos en Badalona 

Antes del encuentro con Jack, Ventura se reúne con Público en una cafetería cercana a su casa. Explica cuál es su labor en el tejido asociativo de la ciudad y se queja de que en Badalona, en lugar de haber una concejalía de vivienda, hay una de antiocupaciones. "Justícia i Pau lleva a cabo una campaña contra el desperdicio alimentario y ayuda a las familias vulnerables que han sido desahuciadas. Cada semana ayudamos a unas 25 o 30 familias con alimentos básicos como aceite, azúcar o leche, por ejemplo. Además, también nos ocupamos de los asentamientos", explica. 

Ventura no sabe cuantificar cuántos asentamientos hay activos actualmente, pero sí enumera los que han cerrado desde el incendio de la nave del Gorg. "Cerraron uno que estaba en la calle Alfons XIII, donde vivían unas 30 personas; otro en la calle Progrés, donde había unas 200. Y el último fue este junio, en la calle Antoni Bori. En ese antiguo almacén frigorífico de carne vivían unas 40 personas", relata. Actualmente, el asentamiento más importante se encuentra en el instituto B9, en el barrio de Sant Roc. 

Preguntado por el perfil de las personas que habitan estos espacios, Ventura afirma que hay más hombres que mujeres y que el alcohol y las drogas son habituales. "Hay algunas mujeres y criaturas en edad escolar, pero no muchas. Ellas se buscan la vida o son capaces de malvivir antes que ir a un sitio de esos. Muchas están sometidas al escarnio, a la esclavitud… Esta semana han descubierto en una calle cercana un centro de prostitución con 18 mujeres", lamenta. 

Algunas de las personas que están en el B9 padecen enfermedades crónicas, cáncer o sarna. El Departament de Salut de la Generalitat informó de una decena de casos de tuberculosis este septiembre. "Yo ya era consciente de esta situación. No se hacía público para no alertar a la ciudadanía. Ya han avisado de que no son contagiosos, pero eso no implica que los puedas dejar en la calle", dice Ventura. Hace un par de años que Albiol quiere desocupar el instituto y denuncia los "problemas de inseguridad e incivismo" que "sufren" los vecinos del entorno. 

¿Qué pasa cuando se cierra un asentamiento? 

"La estrategia de cerrar asentamientos por parte del Ayuntamiento solo consigue desplazar a los migrantes hacia otros espacios. Ellos se comunican a través de sus redes por teléfono y se avisan de dónde pueden ir. No es lo mismo cerrar un local con 30 personas que el B9. Ese asentamiento tan grande, que está junto a Sant Adrià del Besòs, es el que acoge a los desplazados de otros lugares. Se han puesto de acuerdo los dos alcaldes —Albiol y Filo Cañete (PSC)— para que desaparezcan, porque no los quieren ni en un municipio ni en el otro. ¿Qué harán, los tirarán al mar?", se pregunta Ventura. 

Relacionado con este tema

PP vs. PSC: las distintas vías para afrontar la crisis de la vivienda en Badalona y Santa Coloma de Gramenet

Ona Falcó

El único albergue municipal disponible para personas sin hogar en Badalona, Can Bofí Vell, fue cerrado en abril de 2024. Desde entonces no se ha abierto ninguno más y, según Ventura, el Ayuntamiento solo hace que "dar largas". "Hay unos siete u ocho pisos tutelados de la Fundació Roca i Pi con Cáritas. Son pisos vacíos de fondos buitre, que se rehabilitan y se ponen a disposición de los más vulnerables. Se debería hacer más porque en Badalona hay miles", continúa. 

Es una buena iniciativa privada, pero que en ningún caso da respuesta a las necesidades de la ciudad, especialmente si Albiol fuerza el desalojo del instituto B9. "Badalona no tiene ninguna infraestructura para dar apoyo a una cantidad así", concluye el activista. Una falta de recursos y políticas públicas que afecta directamente a la vida de las personas más vulnerables, como Jack, que después de tantos años en Badalona y de haber pasado por diversos espacios, aún no ha podido encontrar una alternativa habitacional digna.