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Violación La paradoja de los países nórdicos: leyes punteras en igualdad pero muchas agresiones sexuales

Un informe hecho público este miércoles por Amnistía Internacional resalta la "paradoja" de estos países, que teniendo algunas de las legislaciones más avanzadas en temas de igualdad de género, mantienen leyes, mitos y estereotipos que favorecen la impunidad de los agresores sexuales.

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Protesta en la que las mujeres reclaman más protección tras un caso de violación en Malmö, Suecia. EFE

A pesar de tener algunas de las leyes más progresistas y avanzadas que los ha colocado en los primeros puestos en lo que a igualdad de género se refiere, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia mantienen altos índices de violencia sexual. Esta "paradoja", tal como la describe un informe de Amnistía Internacional se justifica por la persistencia de mitos y estereotipos de género que, junto a la existencia de leyes deficientes, han desembocado en "la impunidad de los violadores en toda la región".

El documento, titulado Time for Change: Justice for rape survivors in the Nordic countries (Tiempo de cambio: justicia para las víctimas de violaciones en los países nórdicos), resalta que, a pesar de algunos avances legales en la última década, mujeres y niñas víctimas de violaciones en los países nórdicos siguen enfrentando importantes barreras legales a la hora de denunciar, lo que supone de hecho "negarles el derecho a la justicia y la reparación e incrementar la impunidad hacia este tipo de violencia".

La persistencia de mitos sobre lo que es o no es una violación y los estereotipos de género, son, según los autores del estudio, los que provocan esta paradoja. Entre estos mitos se encuentra el de responsabilizar a la víctima del abuso que ha sufrido, la falsa percepción de que las violaciones se producen principalmente por desconocidos o que sólo un tipo de hombres pueden ser considerados como violadores.

El informe, que está basado en entrevista a varias decenas de víctimas de agresiones sexuales en los cuatro países, atestigua esta obsesión hacia las actuaciones las mujeres agredidas. Una de ellas, citada con el nombre de Tina, afirma que en el juzgado "era preguntada una y otra vez sobre lo que yo había hecho mal; por qué no evité la violación; cuanto había bebido; porqué no pedí ayuda; porqué no me fui en un taxi... Nadie preguntó al agresor por ninguna de sus acciones, por qué me siguió o por qué pensó que era correcto impedirme subir a un taxi". 

A pesar de que las circunstancias que afrontan las víctimas de violencia sexual en los cuatro países analizados no es uniforme, Amnistía recalca que "existen paralelismos inquietantes" en todos ellos y que los sus sistemas de justicia "ignoran, niegan y toleran tácitamente" la violencia contra las mujeres.

“El estigma social y la falta de confianza en el sistema de justicia tienen como consecuencia que muy a menudo las mujeres y niñas no denuncien las agresiones, y que quienes sí lo hacen se encuentren con unos sistemas de justicia insensibles y sesgados o con unas leyes desfasadas". Algunas sobrevivientes relatan en el informe que nunca habrían denunciado su violación de habar sabido cómo iban a tratarla, "y su historia es típica de unos sistemas de justicia desfavorables para las sobrevivientes de violación”, explica el documento.

De hecho, uno de los problemas más graves a la hora de evaluar la incidencia de este tipo de agresiones, es la falta de denuncia. Sólo en Finlandia, se estima que una de cada diez mujeres que sufren este tipo de agresiones nunca denuncia. Según los datos que baraja la organización de derechos humanos, sólo en este país nórdico unas 50.000 mujeres son víctimas de violencia sexual cada año pero un ínfimo número de estas agresiones acaban en condenas. En 2017, última cifra disponible, en Finlandia se dictaron solo 209 sentencias condenatorias por este delito.

Dinamarca estima que alrededor de 5.100 mujeres al año son víctimas de violación o intento de violación, mientras que la Universidad del Sur de Dinamarca elevó esta cifra en el año 2017 a 24.000, un número alto para un país con una población relativamente pequeña (menos de seis millones de habitantes). Ese mismo año, solo 890 violaciones fueron denunciadas a la policía, de las cuales 535 fueron procesadas y 94 terminaron en condenas.

Según el informe, pesar de los elevados índices de violación, la tasa de enjuiciamientos es muy bajas en Suecia, donde en 2017, sólo el 6% de casos de personas adultas desembocó en enjuiciamiento. "Esta baja tasa de enjuiciamientos y sentencias condenatorias afectan a la confianza en el sistema de justicia", afirma.

Muchas víctimas de violación den Noruega deciden no denunciar a la policía, y las que sí lo hacen afrontan procesos largos y deficientes. Amnistía denuncia que muchas personas del sistema de justicia mantienen estereotipos de género y mitos que dejan a las víctimas desprotegidas. Como ejemplo de esto, el informe recoge una conversación de la organización con el Fiscal regional que afirmó haber tenido "un montón de casos de estudiantes: chicos decentes que han hecho una estupidez. No es fácil dictar sentencia condenatoria contra un estudiante que ha venido a esta ciudad a adquirir una buena formación y que se comporta bien ante el tribunal. Estaba borracho y excitado, y ha hecho algo estúpido”.

El informe recuerda que los estados tienen la "obligación de prevenir y en última instancia, eliminar la violencia de género y que una parte clave de esta labor consiste en trabajar para desmantelar los perjudiciales estereotipos de género y las leyes que sustentan esta discriminación y violencia, y asegurar que se facilita el acceso a la justicia. 

Leyes basadas en el consentimiento

A pesar de que el Convenio de Estambul (un tratado internacional promovido por el Consejo de Europa y firmado por la gran mayoría de los países europeos) y otros tratados internacionales establecen que la violencia sexual y la violación deben ser definidas por la falta de consentimiento y no por el uso de la fuerza por parte del agresor o la resistencia de la víctima, la mayoría de los países continúan poniendo el acento en determinar si en la agresión existió o no violencia física, amenazas o coacciones, lo que implica analizar si la víctima opuso la suficiente resistencia para evitar la agresión.  

La premisa implícita en la ley o en la práctica de que la víctima dio su consentimiento porque no se resistió físicamente es "sumamente problemática", afirma el informe, pues especialistas en la materia reconocen que la “parálisis involuntaria” y el “bloqueo” son respuestas fisiológicas y psicológicas muy habituales a la agresión sexual.

De los cuatro países analizados en el documento, sólo Suecia introdujo el año pasado en su legislación la falta de consentimiento, aunque como afirma el informe aún es pronto para conocer el alcance de este cambio. Los otros tres (Finlandia, Dinamarca y Noruega) siguen basando su legislación en la medición del uso de violencia física. El mes pasado Dinamarca se comprometió a cambiar la legislación para adecuarla al consentimiento, tras los primeros datos hechos públicos por Amnistía. 

España se toma su tiempo

En nuestro país, la sentencia del conocido como caso de La Manada (la violación grupal de cinco hombres a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016), provocó infinidad de movilizaciones sociales y abrió un debate público sobre la necesidad de revisar el tratamiento de los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal y sobre la necesidad de formar a jueces y juezas en perspectiva de género. 

A raíz de la sentencia, que condenaba a los cinco acusados por un delito de abusos sexuales, pero no de violación, porque según el tribunal no se había probado la existencia de violencia o intimidación, el Gobierno nombro a un grupo de expertos para revisar el Código Penal. Entre las recomendaciones que realizaron, figura la de eliminar el delito de abusos y calificar todo delito sexual como una violación. También propusieron incrementar las penas de cárcel.

Desde entonces, diversas manifestaciones de representantes del Gobierno socialista afirmaron que nuestro país debía ir a una legislación basada en la premisa del consentimiento y del "no es no". Sin embargo, estas modificaciones no llegaron a producirse y deberán ser retomadas en la próxima legislatura.

Según datos de Amnistía Internacional hechos públicos a finales del año pasado, sólo ocho de los 31 países analizados por esta organización contenían en sus leyes la definición de violación basada en el consentimiento

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