El proyecto de construcción de una marina de lujo en el Port Vell de Barcelona concentra algunas de las principales características del modelo de gestión de la ciudad y, especialmente, del espacio público del gobierno local, que lidera el alcalde Xavier Trias. Defendido a ultranza por el político de CiU y, sobretodo, por el tercer teniente de alcalde y máximo responsable de Urbanismo, Antoni Vives, el proyecto ha contado con el rechazo vecinal y de parte de la oposición en el ayuntamiento. El movimiento vecinal del barrio marítimo de la Barceloneta denuncia que supone una privatización parcial del espacio público en beneficio de intereses privados. CiU y PP rechazaron celebrar una consulta ciudadana sobre la reforma, que sí que contaba con el apoyo de ICV-EUiA, PSC y ERC.

La oposición ha denunciado en repetidas ocasiones la 'opacidad' de una operación que podría esconder varias irregularidades y que implica la construcción de 162 amarres para megayates de hasta 120 metros de eslora. Hace pocas semanas, el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, se mostró convencido de que detrás de la construcción de la marina -promovida por la sociedad Salamanca Investment- hay una operación de blanqueo de dinero procedente de oligarcas rusos a través de empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales, como las Islas Caimán o Malta.

El movimiento vecinal del barrio de la Barceloneta denuncia una privatización parcial del espacio público

La marina de lujo del Port Vell es el ejemplo más extremo, pero no el único de una política marcada por la poca o inexistente participación de la ciudadanía y las protestas vecinales, y en beneficio de intereses hoteleros y de grandes comerciantes. La remodelación de la parte alta de la avenida Diagonal, las obras de mejora del Paseo de Gracia —donde se concentran gran parte de los establecimientos más exclusivos de la ciudad— , o el Pla Paral·lel -que, según el gobierno municipal, quiere transformar el Paralelo en 'la avenida de las personas, las artes escénicas y la gastronomía'- son otros casos paradigmáticos. Para Lluís Rabell, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), se trata de una gestión que 'acentúa y subraya las desigualdades en la ciudad, con una concentración de inversiones en zonas con grandes intereses hoteleros y comerciales que van en detrimento de barrios con mayores necesidades sociales'.

 José Mansilla, miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU) de la Universitat de Barcelona (UB), expone que 'siempre hay una disputa por el suelo urbano y el espacio público, en la que los vecinos tienen una visión más ligada al valor de uso mientras que otros intereses le otorgan un valor de cambio'. El antropólogo tiene claro que la política del gobierno de Trias, que llegó a la alcaldía en 2011 después de 32 años de gobiernos liderados por el PSC, 'apuesta por el valor de cambio y por obtener la máxima cantidad de renta del espacio urbano'.   El ayuntamiento no lo esconde. Hace casi un año, Antoni Vives aprovechó la aprobación de la ordenanza de terrazas para afirmar que Barcelona 'tiene unas condiciones climáticas y un atractivo que hacen necesario consolidar el modelo de ocupación del espacio público para explotarlo'. La ordenanza, por cierto, fue duramente criticada por PSC, ICV-EUiA y ERC que consideraron que suponía una 'privatización' del espacio urbano, que quedaba ocupado al servicio de negocios privados.

'Se acentúan las desigualdades en la ciudad, que van en detrimento de los barrios más necesitados'El gobierno municipal no comparte las críticas recibidas. Fuentes del ayuntamiento argumentan a Público que en el caso de la ordenanza lo que se produce es 'lo contrario de privatizar el espacio'. Se busca 'regular y ordenar la instalación y el funcionamiento de las terrazas y adaptarla a la realidad' para garantizar la 'convivencia entre esta actividad económica y el disfrute por parte de la ciudadanía de estos espacios', añaden.

En relación a la Marina del Port Vell las mismas fuentes subrayan que se trata de una 'concesión del Puerto de Barcelona' y la tarea del consistorio es 'minimizar el cierre del espacio concesionado'. En todo caso, el ayuntamiento cree que el proyecto 'puede contribuir a la revitalización del entorno' y a la mejora 'económica, laboral y social' de la Barceloneta. Finalmente, tampoco ven como una privatización la reforma del Paralelo, ya que debe permitir 'dignificar la avenida y aumentar el espacio de utilización pública destinado a los peatones', con lo que se ganará espacio a los coches, defienden las fuentes municipales.

Al servicio de determinados negocios

El modelo de gestión de la ciudad del gobierno de Trias sí que genera el rechazo de los partidos de izquierda que han puesto en marcha distintas campañas en contra. 'Hay un conjunto de políticas que ponen Barcelona en venta, la convierten en una pista de aterrizaje para el negocio privado, de manera que se toman decisiones para que la 'marca Barcelona' tenga beneficios, que acaban en muy pocas manos', declara a Público Ricard Gomà, portavoz de ICV-EUiA en el ayuntamiento de la capital catalana. Hace unos meses su partido puso en marcha la campaña Barcelona en venta para denunciar 'los procesos de privatización de bienes y servicios públicos, de particularización del espacio público y la priorización de los intereses privados y la oportunidad de negocio por encima del interés general'.

Mansilla denuncia 'la imposición de un modelo que te transforma de vecino en consumidor'José Mansilla, del OACU, matiza que la política del gobierno de Trias no es una novedad, sino que 'forma parte de una forma de entender la ciudad, que es venderla, que se repite desde la época de Porcioles [el alcalde franquista de Barcelona entre 1957 y 1973]'.  Mansilla denuncia 'la imposición de un modelo que te transforma de vecino en consumidor'. En esta visión más amplia se inscribe Marca Barcelona, una iniciativa de la CUP -sin representación en el consistorio- que abarca más de cuatro décadas de gestión municipal que han servido para crear un 'modelo de ciudad al servicio de intereses especulativos de grandes empresarios'. La campaña retrata 20 proyectos -des del Plan General Metropolitano de 1976 hasta la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, pasando por los Juegos del 1992 o el Foro de las Culturas de 2004-  que sirven de ejemplo de la 'gestión mercantilista de la ciudad'.

Contestación ciudadana

Tanto Xavier Trias como Antoni Vives han repetido hasta la saciedad que Barcelona es una ciudad business friendly y han apostado por la colaboración público-privada para llevar a cabo los proyectos que, según su visión, se necesitan. Pero para Ricard Gomà, el discurso del partenariado público-privado 'es una cortina de humo, que no puede esconder la subordinación del poder público a los intereses de determinado sector privado, vinculado a la promoción turística a y la burbuja comercial y hotelera'. El líder municipal de ICV-EUiA añade que ha habido una 'renuncia a la dirección pública de la ciudad y una privatización de su gobierno, que se ha entregado a los lobbies'. El aterrizaje del gran capital extranjero, como el ruso o el catarí, es cada vez más habitual en los sectores hotelero e inmobiliario lo que lleva al activista vecinal Lluís Rabell a afirmar que 'las elites locales se han convertido en comisionistas, en socios que preparan la llegada de los grandes inversores internacionales'.

Pero la implantación de un determinado modelo de ciudad, de espaldas al amplio tejido social y asociativo, no es fácil en Barcelona y la contestación está siendo constante. Para José Mansilla 'a partir del 15M se acentúan nuevas formas de relacionarse y de entender la ciudad, como reacción a una acción de apropiación de ella por parte de unos determinados agentes con la intermediación del ayuntamiento'. Lluís Rabell vincula la respuesta ciudadana a la 'búsqueda de expresiones políticas de recambio en el gobierno municipal' y habla de la aparición de 'Guanyem o Podemos' como ejemplos de la 'capacidad de generar alternativas políticas, de gobierno y de gestión'. Ricard Gomà, por su parte, aboga por la 'democratización del gobierno de la ciudad, la rendición de cuentas, la transparencia y la apertura a la ciudadanía'. Y es que la rebeldía hacia la imposición desde arriba es una señal de identidad de la ciudad de los prodigios.