El Congreso avanzó ayer un paso más en el control del sistema financiero español. Por 176 votos a favor y 160 en contra, la Cámara baja solicitó al Gobierno que ponga coto a los sueldos que perciben los ejecutivos de entidades financieras. Así, si el Gobierno recoge la proposición y la convierte en ley, las retribuciones deberán estar sujetas a la marcha real de la sociedad a medio plazo. En todo caso, los sueldos estarán 'sujetos a publicación individual' y a la aprobación última de los accionistas.

En un primer momento la proposición era más abierta, pero la negociación del PSOE con CiU restringió su alcance. La medida, que responde a la necesidad de 'evitar incentivos perversos en las decisiones financieras', se aplicará sólo a aquellas empresas que hayan sido 'capitalizadas con ayudas públicas'.

La enmienda de los catalanes además pone de relieve las diferencias entre los distintos sistemas financieros y destaca que algunos 'mantienen su solvencia'.

La medida era parte de un amplio paquete del PSOE para la reforma de la arquitectura financiera y la eliminación de los paraísos fiscales. Jesús Caldera, ponente socialista de la proposición no de ley, reclamó una 'acción firme' para evitar un fraude 'tres veces superior a la ayuda anual a la cooperación de todos los países desarrollados'. Además, acusó a los paraísos fiscales de dar cobertura, a través del secreto bancario, al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Contra ello, la iniciativa socialista propone entre otras medidas no reconocer a las sociedades radicadas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil, así como desincentivar los fondos que provengan de dichos países. 'Hay que estar a la altura ética y moral de este desafío', reclamó Caldera a la Cámara.

Pese al respaldo del Congreso, casi todos los grupos reprocharon al PSOE la falta de ambición de la iniciativa. Joan Herrera, que defendía una propuesta similar, afeó al Gobierno mantener la 'exención' fiscal de los rendimientos de la deuda pública obtenidos en paraísos fiscales.

'Mantiene un doble rasero', aseguró el diputado de ICV. También al parlamentario del PP Baudillo Tomé le pareció 'opaca' la medida y apostó por cerrar la puerta a cualquier 'amnistía fiscal'.

En la misma línea, el diputado vasco Pedro Azpiazu reclamó del Gobierno más radicalidad a la hora de luchar contra el fenómeno. 'Aquí no valen medias tintas' zanjó.