El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comunica hoy su procesamiento por integración en ETA a las dos ex diputadas vascas del PCTV/EHAK Karmele Berasetegui y Nekane Erauskin, al presidente de este partido ilegalizado Juan Carlos Ramos y a sus dos tesoreros Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto.

Garzón tiene previsto tomar declaración indagatoria a partir de las 10:30 horas a estos cinco dirigentes del PCTV, cuya situación es de libertad provisional, dos de ellos -Aguirre y Jacinto- bajo una fianza de 50.000 euros que les fue impuesta tras ser detenidos en febrero de 2008 junto a miembros de la Mesa Nacional de Batasuna.

Según el auto de procesamiento, emitido por Garzón el pasado 17 de julio, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), ilegalizado en septiembre de 2008, fue "fagocitado" por Batasuna y utilizado en función del interés de ETA.

De esta forma, los responsables de la ilegalizada Batasuna, "consiguieron, fundamentalmente a través de PCTV, disponer de 837.000 euros, con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".

De toda esta situación era consciente, según Garzón, el presidente del PCTV, quien "conocía y asumía" la subordinación del grupo parlamentario "Ezker Abertzalea" a las directrices impartidas desde Batasuna y la contratación de sus dirigentes como empleados del partido.

También era conocedor del "vaciado de cuentas corrientes" de la formación y de su grupo parlamentario "a través de transferencias bancarias en beneficio de los responsables de Batasuna" y de la "integración de los recursos económicos" con los de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Batasuna, en una especie de "caja única".

Otra prueba que esgrime el juez para acordar el procesamiento de estos cinco dirigentes de PCTV son las reuniones que mantuvieron con "personas vinculadas a Batasuna" y concretamente con miembros de su Mesa Nacional.

En dos reuniones de la Mesa Nacional, celebradas en junio y septiembre de 2007 en Salvatierra (Álava), fue detectada la presencia de la parlamentaria Nekane Erauskin, desde cuya cuenta bancaria, según el juez, se realizaron dos trasferencias con destino al entramado etarra por 27.000 euros cada una.

La condición de aforadas de Nekane Erauskin y Karmele Berasategi hizo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se hiciera cargo de esta causa hasta que ambas perdieron su aforamiento tras las elecciones del pasado 1 de marzo, momento en el que Garzón volvió a ser el competente para instruir estos hechos.