El Gobierno y la UE han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de qua Argentina nacionalice la petrolera YPF, filial de Repsol. La mecha nacionalista ha prendido en buena parte de la clase política pero no en toda: IU se ha desmarcado de ese fervor patrio por el futuro de una compañía cuyo accionariado está en más de un 50% en manos extranjeras.

Gaspar Llamazares, diputado de la federación de izquierdas, pidió este viernes al Gobierno de Mariano Rajoy que se deje de amenazas y aparque su actitud colonialista con el fin de facilitar el diálogo y defender los intereses de los españoles y de Repsol en Argentina. 'Lo que sobran son amenazas', dijo Llamazares en una rueda de prensa celebrada en Oviedo. 

'No son las relaciones deseables del Gobierno, que pasa de la diplomacia a las amenazas y de ahí a un colonialismo duro', afirmó Llamazares, que advirtió: 'Esa posición inaceptable puede traer muy malas consecuencias en las relaciones internacionales y para el futuro de la propia Repsol'.

El parlamentario de IU también criticó a Repsol, a la que ha pedido que lo que tiene que hacer es convencer a los gobiernos español y argentino 'que tiene compromisos de rentabilidad, pero también sociales'. En su opinión, en el segundo de esos campos 'deja bastante que desear ya que tiene empresas o intereses en paraísos fiscales y una responsabilidad social corporativa que a veces no parece digna de tal nombre'.

Para Llamazares, un incremento de sus compromisos sociales serían mucho más beneficioso que las amenazas para mantener la presencia de Repsol en Argentina. 

Ecologistas en Acción fue aún más lejos. La asociación ecologista se mostró este viernes 'favorable' a la expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino. 'sería una buena noticia y un paso necesario en el avance hacia un mundo post-petrolero más justo'.

La ONG conservacionista considera que 'es imposible avanzar hacia un mundo post-petrolero mientras el control de los campos y de la actividad petrolera esté en manos de empresas privadas. De este modo, el control público de una empresa como YPF es un paso adelante', aunque reconoce que 'las razones por las que el Gobierno argentino se está planteando la nacionalización no son precisamente las ambientales'.

Asimismo considera que Repsol no es una empresa española, 'sino de sus accionistas. No existe ningún control público sobre sus actividades, ni sus beneficios redundan en la ciudadanía española de forma significativa. Además, el 42% de las acciones está en manos de fondos de inversión que no tienen su sede en España, a lo que hay que sumar el 9,48% que está en manos de Pemex. Es decir, más de un 50% de la compañía pertenece a personas o entidades radicadas en terceros países', recuerdan los ecologistas.

Para Ecologistas en Acción, 'la defensa de los intereses de Repsol por parte del Gobierno solo puede ser explicada por una visión colonialista de las relaciones internacionales y por la supeditación de las instituciones públicas a los intereses privados de las empresas, en este caso Repsol'.