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Casi mil familias están todavía en suspensión de pagos

 

La insolvencia de las empresas se modera levemente en el tercer trimestre

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La insolvencia de empresas y hogares se modera. En el tercer trimestre del año, 1.127 sociedades y particulares presentaron concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, que es el procedimiento tutelado por un juez para renegociar las deudas. La cifra de empresas y personas que han tenido que recurrir a estos procesos aumentó sólo un 0,9% entre julio y septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, la cifra más baja desde el verano de 2009.

Para los expertos, los datos reflejan una cierta ralentización y un 'suave' descenso, aunque la tasa de concursos es elevada en comparación con los años anteriores a la crisis, según Raimón Casanellas, presidente del Registro de Economistas Forenses (REFor). La moderación es más intensa en el caso de los particulares que en el de las empresas: la cifra de sociedades concursadas se incrementó el 4,9% en tasa interanual, hasta las 964; mientras que las personas físicas en suspensión de pagos descendieron un 17,7%, hasta 163.

No obstante, si acumulamos los últimos trimestres (la duración de un proceso concursal es de un año de media), habría 918 familias tratando de renegociar sus deudas. Se tratan, sobre todo, de deudas financieras: pago de tarjeta de crédito, préstamos para el consumo o para otros fines, pero que no sea la compra de vivienda, porque, según la Ley Concursal, el proceso no suspende el pago de las hipotecas de particulares (sólo aquellas que tengan relación con una actividad empresarial). Según los expertos, es difícil que en estos procesos se reduzca parte del crédito a los particulares, salvo que logren llegar a un convenio con sus acreedores, y en ese caso siempre tendrán que pagar, como mínimo, el 50% de sus deudas.

En el caso de las empresas, el REFor cree que la actual legislación no contribuye a reflotar a las empresas en dificultades. La mayor parte de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación por la 'excesiva' duración del procedimiento, según los expertos. El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma que simplificará estos procedimientos.

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