La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha garantizado hoy que la Sanidad pública seguirá "dando cobertura" a los supuestos "amparados legalmente" para la interrupción voluntaria del embarazo.

Mato ha respondido así en el Congreso a una pregunta de la diputada socialista Carmen Montón sobre cómo afectarán a la salud de las mujeres los "recortes" previstos por el Gobierno y, concretamente, sobre los problemas que está teniendo Aragón para continuar financiado la cobertura pública del aborto.

En Aragón, según la parlamentaria del PSOE, "el Gobierno autonómico del PP está asfixiando la prestación" y la Consejería de Sanidad adeuda a los centros acreditados para la interrupción del embarazo 800.000 euros.

Montón ha insistido en que esta situación puede extenderse a otras Comunidades dirigidas por el PP, partido al que ha acusado de aprovechar la crisis para aplicar "ajustes ideológicos", como la anunciada reforma de la Ley del Aborto.

La ministra ha argumentado que el Gobierno no ha planteado "ningún recorte en la cartera de servicios" sino que ha llevado a cabo "una reforma que garantiza la viabilidad de la Sanidad y las mismas prestaciones sanitarias a todos los españoles, en igualdad de condiciones, en todo el territorio nacional y con independencia de que sean hombres o mujeres".

Así, la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud se fijará con "criterios científicos, técnicos, médicos, de calidad y coste/efectividad". "No le dé vueltas usted a la ideología porque no tiene nada que ver", ha suscrito Mato.

Susana Sumelzo, también del Grupo Parlamentario Socialista, ha interpelado a la ministra sobre si era "verdaderamente necesario" para el Gobierno "la exclusión de determinados colectivos de la cobertura sanitaria para garantizar la viabilidad del sistema".

Mato ha vuelto a insistir en que la reforma "no excluye absolutamente a nadie" de las prestaciones sanitarias aunque ha defendido que "otra cosa bien distinta es no distinguir entre inmigración legal o ilegal" porque "no es lo mismo".

"No se pueden equiparar los derechos de las personas que conviven con nosotros en situación de legalidad, con todas las de la ley -ha matizado-, con la de aquellos que están en situación irregular".

Para la titular de Sanidad, "una cosa es hacer demagogia permanentemente y otra bien distinta pretender que la demagogia se convierta en realidad".

En esta línea, ha sentenciado que la Sanidad pública "no se puede mantener sin pagarla" y que el déficit del Sistema, de 16.000 millones de euros, no se resuelve "a costa de guardar las facturas en los cajones" o de "mirar para otro lado".