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Cajas rurales "Es un drama que los ancianos tengan que pagar un taxi para ir a cobrar su pensión"

El Gobierno saca adelante las normas para concentrar el sector de las cajas rurales, lo que supone el cierre de sucursales que tras la crisis ha llevado a que casi la mitad de los municipios del país carezcan de oficina.

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Casi la mitad de los pueblos de España carece de sucursal bancaria, lo que obliga a sus vecinos a desplazarse a otras localidades para disponer de efectivo.

“Mejorar el marco regulatorio debería resultar positivo para el sector de las cooperativas de crédito, sus empleados y sus clientes”, señala Joan Sierra, responsable de la Agrupación de Banca de CCOO, tras la convalidación del decreto que establece las normas de la tercera fase de la reestructuración del sector financiero: la fusión de las cooperativas de crédito o cajas rurales. El decreto, añade, “incentiva las fusiones, pero eso no tiene por qué ser malo. Lo de las cajas de ahorro salió muy mal, y lo normal sería aprender de los errores”.

Eso, sin embargo, está por ver. “El Banco de España debería evitar que se mezclasen las cajas con activos deteriorados con las que están sanas”, anota Gonzalo Postigo, de CIC (Confederación Intersindical de Crédito).

Ambos coinciden en llamar la atención sobre uno de los efectos sociales previsibles tras una eventual deficiente gestión de esta fase de la reestructuración bancaria: el aumento de la exclusión bancaria en las zonas rurales después de que el constante cierre de sucursales tras la crisis (17.019 de 45.880 entre 2008 y 2016) haya llevado a que casi la mitad de los municipios del país (3.899 de 8.117) carezcan de oficina.

“Es un drama que los ancianos tengan que pagar un taxi para ir a la cabecera de su comarca a cobrar la pensión, y eso ha comenzado a suceder”, señala Postigo, que añade que “hasta ahora, cajas de ahorro y cajas rurales veníamos dando un servicio a las familias del mundo rural, pero eso se está acabando”. “Las cajas rurales son un servicio social en esas zonas”, refuerza Sierra.

Un sector pequeño pero saneado

Las dos primeras fases de la reestructuración del sector financiero español, para el que el Estado ha movilizado más de 350.000 millones, de los que el banco de España da por perdidos 60.600, han concluido con tres cuartas partes del negocio bancario en manos de seis entidades: Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter, con las que, tras la próxima absorción de BMN por Bankia, competirán Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, que a finales de este mes se juega su futuro con la salida a bolsa, y Liberbank, objeto de feroces ataques especulativos en los últimos meses.

Las cooperativas de crédito son la tercera pata del sistema financiero español: 64 cooperativas de crédito, muchas de ellas de ámbito local y comarcal, con contadas excepciones de implantación autonómica como Bantierra en Aragón, la Caja Rural de Navarra o Caja Laboral y con una sola experiencia de ámbito casi estatal como Cajamar, que supera los cuatro millones de clientes en Andalucía, la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Murcia, Baleares y Canarias.

Según su patronal, Unacc (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito), el sector acumulaba en marzo de este año saldos en efectivo por 3.098 millones de euros, activos por valor de 23.635, inversiones por 2.939 y una cartera de créditos y préstamos de 72.524 (el 93% con clientes). La columna del activo de su balance consolidado registra una anotación de 110.508 millones, mientras sus depósitos ascienden a 92.495 (el 87% de ellos de clientes) y sus fondos propios a 8.143.

"Los SIP murieron de éxito"

Se trata de un sector pequeño pero saneado que mueve el 6% del crédito en el país, que ocupaba a 18.112 trabajadores al cierre de 2016 y que es el que menores recortes de empleo registró durante la crisis: 2.828 ceses que suponen un 13,5% de la plantilla en siete años, una tasa cercana al 14,4% de los bancos 16.602 de 115.129) y alejada del 39,6% de las cajas de ahorro (53.355 de 134.786).

En esa situación, y cuando en medios bancarios en conocido el interés de algunos ‘grandes’ por hacerse con cajas rurales para asentar su implantación territorial en algunas zonas (La Caixa y Bantierra es una de las uniones más rumoreadas), el Gobierno logró el pasado martes el apoyo de PSOE, C’s, PNV, PDCat, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro, mientras ERC y Bildu se abstenían y Unidos Podemos y Compromís se oponían, para sacar adelante el decreto 11/2017 de medidas urgentes en materia financiera.

El decreto, que tiene los objetivos declarados de “permitir que determinadas entidades de crédito adopten políticas y estrategias para mejorar su resistencia a los riesgos que pueden surgir en el ejercicio de su actividad” y de tomar medidas en previsión de que las cooperativas de crédito puedan tener “mayores dificultades que otro tipo de entidades para captar recursos en los mercados”, incluye en su exposición de motivos una llamativa alusión a las “restricciones a determinadas operaciones como la venta de la propia entidad” que conlleva el modelo cooperativo.

El decreto crea los MIP (Mecanismo Institucional de Protección), que obliga a mutualizar los beneficios ya contar con una entidad de cabecera y cuya puesta en marcha reducirá las obligaciones de aportar recursos al Fondo de Garantía, abre la puerta a que estas entidades también puedan crear SIP como los que en su día aplicaron varias cajas de ahorro. Ambas operaciones requieren la autorización del Banco de España.

“Ningún SIP duró más de un año, murieron de éxito”, recuerda Postigo, que atribuye ese fracaso a la unión de cajas de ahorro saneadas con otras al asfixiadas financieramente. De hecho, todas esas ‘fusiones frías’ derivaron en bancarizaciones, como las de Liberbank y Kutxabank, o en absorciones, como la de Caja3 por Ibercaja o la de Banca Cívica por Caixabank.

"Habrá que ver cómo se crean ahora esos SIP y quién entra en cada uno”, anota. Sierra, por su parte, confía en que “esas medidas tienen como objetivo dar más estabilidad y solvencia al sector de las cooperativas de crédito".