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Hidroeléctricas Las autonomías entran en la pugna por gestionar las hidroeléctricas nacionalizadas

Aragón abre la vía al reclamar en los tribunales la gestión de una central cuya concesión a favor de Endesa ha caducado, mientras el rescate de los saltos conforme vayan venciendo las licencias gana partidarios por todo el país.

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El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, y la responsable de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón.

“Esto es el inicio. Tomaremos las mismas medidas conforme vayan caducando las concesiones”, explica, contundente, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, tras anunciar este martes que la comunidad autónoma reclama en los tribunales participar en la gestión de la central de Lafortunada, cuya reversión a favor del Estado ha ejecutado formalmente el Ministerio de Medio Ambiente once años después de que se extinguiera la licencia, expedida en 1932 y que ahora estaba en manos de Endesa, que sigue gestionándola en la práctica. “Vamos a seguir”, añade.

El ejecutivo aragonés (PSOE-Cha) ha sido pionero en reclamar la intervención de una comunidad autónoma en el inminente proceso de nacionalización del sector hidroeléctrico, desatado al comenzar a vencer en cascada las concesiones (catorce en un lustro y 25 en los cinco próximos) después de que el Supremo limitara a 75 años la duración máxima de los permisos, concedidos en su mayoría a partir de los años 20 y prorrogados en algunos casos.

La Xunta gallega, cuyo territorio acoge la central más longeva del país, la de Peares, cuya concesión ha sido prorrogada hasta los 149 años, opta por el silencio tras haber caducado cuatro saltos y en vísperas de que lo hagan otros diez en la próxima década, aunque esos vencimientos no se han traducido en reversiones.

Por su parte, el Gobierno central, tan reacio a destinar a usos públicos la producción de esas centrales conforme vayan revirtiendo al Estado como a obligar a las compañías a entregar para usos sociales el 25% de la energía que generan, tal y como establecen la mayoría de las concesiones, intenta sacar de nuevo a concurso los saltos hidroeléctricos.

Sin embargo, el rescate del sector, que cubre a bajo coste la sexta parte de la demanda eléctrica del país (40.000 gigawatios.hora) y es el más rentable para las compañías por su elevado nivel de amortización, va ganando partidarios día a día.
Comunidades, diputaciones y municipios quieren gestionar las centrales
El debate a favor de la nacionalización de las hidroeléctricas va abriéndose paso con iniciativas como el apoyo mayoritario del Congreso a rescatar las centrales de Ferroatlántica en A Coruña y Huesca, cuya segregación del negocio industrial y eventual venta ha vetado la Xunta; las acciones, resoluciones y estudios favorables a adscribir los saltos al dominio público impulsados por ayuntamientos y diputaciones, especialmente en Lleida, Ourense, Zamora, Huesca, Badajoz y Granada y, también, la recuperación de una central pública por el Ayuntamiento de Girona y la propuesta para hacer lo propio con otra en Córdoba.

En esa línea, Unidos Podemos plantea, en una proposición de ley que ha salvado el veto económico del Gobierno y cuya toma en consideración debatirá próximamente el Congreso, que las centrales de más de 5.000 kilowatios de potencia instalada pasen a ser gestionadas por las comunidades autónomas y que diputaciones, ayuntamientos y comunidades de usuarios asuman las de menor entidad, en todos los casos con el compromiso de destinar los beneficios a fines sociales y a restituciones territoriales en las zonas afectadas. Y la asociación Aragón Suma, por su parte, ha iniciado la recogida de firmas (necesita 500.000) para llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular de corte similar.

No obstante, esa abundancia de propuestas revela al mismo tiempo la dispersión de los apoyos. “El esfuerzo que puede hacer el Gobierno de Aragón es recoger esas iniciativas y canalizarlas, aunque siempre respetando la autonomía de cada entidad”, apuntó el consejero de Presidencia.

Energía entre 11 y 18 veces más barata que en el mercado

“Es hora ya de que las próximas reversiones de saltos hidroeléctricos se negocien” entre el Estado y la comunidad, anotó Guillén.

La de Lafortunada es la quinta central hidroeléctrica susceptible de seguir siendo explotada cuya concesión a favor de una compañía privada revierte a favor del Estado tras caducar. Están cerrándose los trámites para la reversión de las de Urdiceto y Barrosa, cerca de aquella y también en la cuenca del Cinca, y antes lo hicieron la de El Pueyo de Jaca, en el Gállego, y otra de Campo, en el Ésera, todas ellas en el Pirineo.

Los técnicos de la CHE han logrado en El Pueyo generar energía con unos costes de producción inferiores a un céntimo por kilowatio.hora, un precio notablemente inferior al de venta al público en el mercado español, en el que, con precios regulados, cuotas de transporte e impuestos, ronda los once pero puede llegar a los 18 estos días.

Esa diferencia de precios abre la puerta a impulsar políticas de apoyo a sectores como la agricultura y la industria mediante el suministro de energía barata, a financiar inversiones públicas mediante los ingresos que genere su venta y a implementar programas sociales de apoyo en casos de pobreza energética y de rentas bajas.

“El territorio solo se ha llevado afecciones”

En el caso de Aragón, una de las comunidades en cuya agenda tiene más presencia este asunto, las Cortes aprobaron hace unos meses, sin votos en contra, impulsar, “de acuerdo con los municipios afectados, un primer plan de recuperación y explotación directa” para las 150 centrales que distintas compañías eléctricas explotan en su territorio.

“El Gobierno ha iniciado un procedimiento que va a continuar con el resto de caducidades”, señaló Guillén, que recordó que hace unos meses Aragón planteó el asunto al ejecutivo central en la Comisión Bilateral; aunque “sin mucho éxito”, ironizó.

En Lafortunada, una instalación con 41,4 megawatios de potencia capaz de turbinar hasta 12.000 litros de aguan por segundo, “era necesario un convenio” entre los dos ejecutivos para “repercutir los beneficios en el territorio”, que “lo único que se ha llevado son afecciones”, señaló Guillén, que le afeó al ejecutivo central haber hecho “caso omiso” de esas reclamaciones.

Así, el Gobierno de Aragón ha optado por recurrir en la vía contencioso administrativa la resolución por la que el Ministerio de Medio Ambiente se hace con la central y la adscribe a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE): considera que el Estado carece de autorización para ocupar con esas instalaciones unos terrenos públicos y que, al mismo tiempo que provoca un perjuicio a sus propietarios (los ayuntamientos de San Juan de Plan, Plan, Tella y Saravillo y la propia comunidad), la ley impide que puedan revertir a su favor elementos ubicados en montes públicos.